La opacidad de las pensiones de gracia por estallido: Van 419 beneficiados

La opacidad de las pensiones de gracia por estallido: Van 419 beneficiados
Se han entregado 52 beneficios en últimos tres meses

A diferencia de los aportes a víctimas de la dictadura, por ejemplo, no se transparenta la identidad de los receptores y en Interior explican que no se revisan antecedentes penales al evaluar los casos. La UDI ha pedido información por dudas en los mecanismos de asignación.

La bancada de diputados de la UDI le solicitó al Gobierno en tres oportunidades que transparenten los mecanismos y criterios al otorgar las Pensiones de Gracia (PG) en la actual administración. El beneficio, consagrado en la Ley 18.056, al igual que el perdón presidencial para condenados, solo puede ser otorgado por el Presidente de la República. Y en casos excepcionales, vía decreto fundado, cuando “no se reúnan las exigencias previstas en esta ley”.

Por esto, la última arremetida de la UDI fue el 11 de enero pasado, dos semanas después de que se conocieran los indultos otorgados a fines del 2022. La bancada envió un oficio dirigido al ministerio del Interior consultando si alguno de los 13 condenados que recibieron el indulto fueron beneficiarios, además, con una Pensión de Gracia.

Beneficiados: Entre 20 y 30 años el tramo principal
Desde que comenzó la actual administración, tras peticiones de Transparencia, se han publicado cifras sobre las Pensiones de Gracia que se han concedido hasta ahora. Por ejemplo, en octubre del 2022, el medio ExAnte informó que había 401 solicitudes ingresadas desde el Instituto de Derechos Humanos (INDH) al Departamento de Acción Social (DAS) del Ministerio del Interior (2022), cuando el primer organismo tenía la tarea de acreditar las denuncias de quienes se declararon víctimas de violencia policial tras el estallido social del 18-O.

De ellas, se otorgaron 367 pensiones. En noviembre del 2022 le respondieron por Transparencia a la UDI con las mismas cifras, detallando las edades de los beneficiarios: hay personas desde los 10 años, pero la mayor cantidad está entre los 20 y 30 años.

En ambas peticiones, no fue posible conocer las identidades de quienes las han recibido. A diferencia, por ejemplo, de las pensiones de reparación entregadas a víctimas de la dictadura, cuyos nombres eran públicos gracias al Informe Rettig (ver recuadro).

Según información oficial de la Subsecretaría del Interior, solicitada por La Segunda, se han concedido 431 pensiones de gracia por causas vinculadas al estallido, y se aprobaron 419. El presupuesto para pensiones de Gracia entregadas por Ministerio del Interior en el 2022 fue de 554.221.060.

Los antecedentes aportados por el INDH al Departamento de Acción Social (DAS), instancia que absorbió ahora el trabajo de acreditar los casos, se basan principalmente en “informes médicos de organismos de salud debidamente acreditados”, quienes constataron “lesiones físicas, trauma ocular, trauma ocular irreversible con estallido globo ocular, pérdida de visión, impacto de perdigones, lacrimógenas o carro lanza agua, agresión física, daño neurológico, violencia sexual y fallecimiento”, explican en la Subsecretaría de Interior.

De este modo, desde octubre a la fecha el gobierno ha entregado 52 nuevos beneficios de este tipo.

La UDI no se ha quedado tranquila con las respuestas entregadas. En el último oficio enviado en enero plantean reparos al procedimiento y también se ha criticado el hecho de que no se conocen los nombres de las personas. “La actual administración ha cometido una infinidad de errores políticos y administrativos, pero nos parecería aún más grave que alguno de los indultados obtuviera este beneficio, sin que nadie haya revisado sus antecedentes”, plantean.

Excepciones presidenciales requieren fundamentación
Para entregar este beneficio, los mandatarios se acogen al artículo 2 de la ley, como lo hizo Sebastián Piñera luego que una modificación legal incluyera a los familiares de trabajadores de la salud fallecidos durante la pandemia.

Ese artículo permite dar el beneficio en tres casos: “Personas que hubieren prestado servicios distinguidos o realizado actos especialmente meritorios en beneficio importante del país, más allá de su personal deber” (al fallecer esa persona, el beneficio puede ser solicitado por su cónyuge, padre, madre o hijos); personas “afectadas por accidente o catástrofe, respecto de las cuales existan circunstancias extraordinarias que justifiquen el otorgamiento de una pensión”; y a personas incapacitadas o con graves e “insalvables dificultades para ejercer labores remuneradas que les permitan su subsistencia y la del grupo familiar” (bajo este ítem se han entregado pensiones a dirigentes sindicales, pescadores, mineros, actores, entre otros).

Pero una de las razones donde la UDI ha puesto el ojo es en el artículo 6 de la ley, donde se establece que el Presidente las podrá otorgar aunque no se reúnan las exigencias previstas. Aquí, al igual que los indultos, debe existir un decreto fundado.

Beneficiarios por 18-O: No se sabe si tienen antecedentes penales
Consultados si existen casos de personas beneficiadas con antecedentes penales en el marco del 18-O, la Subsecretaría del Interior explica que “no tenemos información respecto de las causas judiciales, toda vez que la calidad de persona afectada, al tenor de lo dispuesto en la Glosa N° 12, partida 50, capítulo 01 del programa 02, de la Ley de Presupuestos año 2022 del Tesoro Público, es acreditada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos”.

-¿Hubo algún beneficiado dentro de las personas indultadas en diciembre del 2022?

-Dentro de las Pensiones otorgadas hasta hoy, no figura ninguna de las personas indultadas por el Presidente de la República.

En estos casos específicos, no existe otra institución estatal que realice el chequeo de esta información. “No correspondía al INDH verificar ningún antecedente más que la violación de derechos humanos de la persona que solicitaba la acreditación”, explican desde el INDH.

Así, el instituto no se hizo cargo de esa tarea. Tampoco el Ministerio de Justicia, donde en una de sus subsecretarías, la de DDHH, dirigida por Haydee Oberreuter, trabaja en la Mesa de Reparación Integral para víctimas de vulneraciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social. La instancia no tiene un carácter calificador, es decir, “entre sus atribuciones no se encuentra el recoger testimonios para efectos de acreditar o calificar violaciones a los derechos humanos”, explican en el Gobierno.

Aportes van entre los $257 mil y $516 mil mensuales
Las pensiones se calculan como lo establece la ley y en la actualidad los montos van desde los $257 mil hasta los $516 mil mensuales, aproximadamente. Para las víctimas del estallido, existen categorías que se diferencian de acuerdo a la gravedad de las lesiones sufridas por el actuar de agentes del Estado: leves, graves y gravísimas. El dinero destinado está asignado en las glosas del Presupuesto y el Ministerio del Interior debe informar trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la cantidad de pensiones de gracia decretadas y pagadas mensualmente.

“Hay Pensiones de Gracia con las que un presidente quiere lucirse”, dice el abogado y ex subsecretario de Interior, Jorge Correa Sutil, en relaciones a oportunidades cuando un Mandatario se las ha otorgado a una figura pública.

Una situación distinta es, en el caso de las pensiones de reparación a víctimas de la dictadura, recuerda Sutil: “Fueron otorgadas por ley a todas las víctimas de violación de DD.HH. y violencia política y fueron públicas, las conoció el Presidente Aylwin a través del Informe Rettig. Luego en el Congreso, por iniciativa del Presidente, adoptaron diversas medidas de reparación, simbólicas algunas y materiales. Y otras como el permiso para no hacer el Servicio Militar. En ese momento, el monto quedó fijado por ley. No era discrecional como son las Pensiones de Gracia y se entregaron solo a quienes aparecían como víctimas en el informe”.

En el caso de víctimas del estallido, en Interior explican que la Subsecretaría de Derechos Humanos actualmente “sigue trabajando en la iniciativa de Mesa de Reparación Integral para víctimas de vulneraciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social, en el marco de la cual se han desarrollado encuentros participativos a lo largo de todo Chile”.

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