La Policía acudió al Constitucional tras una alerta de amenaza, en una jornada en la que se suspendió al presidente del tribunal y a su adjunto, lo que obligó al presidente Karol Nawrocki a cancelar de urgencia su viaje a Senegal.
Este viernes, 30 de octubre, frente al edificio del Tribunal Constitucional, en la avenida Szucha de Varsovia, se han desplegado importantes efectivos de la Policía. Los agentes de la Jefatura de Policía de la capital están realizando actuaciones relacionadas con garantizar la seguridad en la sede del TC.La intervención ha coincidido con la publicación de un comunicado en la página oficial del Tribunal. En él se informaba de la orden de interrumpir el desempeño de las funciones oficiales del presidente del TC, Bogdan Święczkowski, y del vicepresidente, Bartłomiej Sochański. La decisión habría sido tomada por la juez Anna Korwin-Piotrowska, que sustituye actualmente al presidente y dirige los trabajos del Tribunal.
La publicación ha provocado una reacción inmediata ligada al conflicto sobre quién tiene derecho a dirigir el Tribunal. En el perfil oficial del TC en la plataforma X ha aparecido una declaración en la que se afirmaba que se había producido una "toma ilegal de la página web" de la institución.
Los autores del mensaje subrayaban que Bogdan Święczkowski seguía siendo el presidente del Tribunal y Bartłomiej Sochański, el vicepresidente. También cuestionaban la condición de Anna Korwin-Piotrowska, alegando que no es juez del TC. A las personas que participan en estas acciones se las acusó de cometer el delito de golpe de Estado.
Otro comunicado lo publicó el fiscal general, Waldemar Żurek. Informó de que había remitido al Tribunal cinco solicitudes de levantamiento de inmunidades. Cuatro se refieren a la autorización para iniciar un procedimiento penal contra quien ejerce las funciones de presidente del TC, Bogdan Święczkowski, y la quinta contra el vicepresidente, Bartłomiej Sochański. Según explicó Żurek, los documentos suman en total 224 páginas y se han adjuntado 50 tomos de autos. Todo el material se ha remitido a la juez del TC con mayor antigüedad.
La Policía responde a los escritos del fiscal general y de la juez del TC
La Policía polaca ha explicado en una publicación de este viernes en la plataforma X que a la Jefatura Nacional de Policía (Komenda Główna Policji) ha llegado una carta del fiscal general, Waldemar Żurek. En ella pedía prestar especial atención a la seguridad del Tribunal Constitucional debido a las protestas que se celebran en sus inmediaciones.Ese mismo día también llegó a la Jefatura Nacional un escrito de la juez Anna Korwin-Piotrowska. Informó al jefe de la Policía de posibles amenazas para la vida y la integridad de los jueces y de los trabajadores del Tribunal en relación con las actuaciones previstas en sus instalaciones. También señalaba el riesgo de alteraciones del orden público.
La juez pidió a la Policía que emprendiera acciones para garantizar la seguridad de las personas que se encuentran en la institución. Según ha indicado la propia Policía, debido a la necesidad de cumplir las obligaciones legales relacionadas con la protección del orden público, la información se trasladó a la Jefatura de Policía de la capital junto con la orden de emprender las actuaciones pertinentes.
La Policía de Varsovia ha asegurado que los agentes cumplen sus funciones respetando la independencia del Tribunal Constitucional y dentro de los límites de las competencias que se les han otorgado.
Las reacciones de Nawrocki y Kaczyński
La información sobre la interrupción de las funciones del presidente y del vicepresidente apareció en el momento en que la Policía actuaba frente a la sede de la institución. El diario 'Fakt' destaca que no estaba claro quién había publicado el comunicado en la página del Tribunal ni qué consecuencias exactas conllevan las órdenes.Los acontecimientos en Varsovia también fueron comentados por el presidente, Karol Nawrocki, que se encontraba en un avión de camino a Dakar. Informó en la plataforma X de que suspendía el viaje y regresaba al país. "En un momento así el presidente tiene que estar en Polonia. Interrumpo el vuelo a Senegal. Regreso", escribió.
Mucho más duramente valoró la actuación de los servicios el presidente del partido Ley y Justicia (Prawo i Sprawiedliwość), Jarosław Kaczyński. En su publicación la calificó de "un ataque al Tribunal Constitucional" y acusó a las fuerzas dependientes del Gobierno de Donald Tusk de intentar entrar por la fuerza en la institución. También sostuvo que Polonia se está convirtiendo en un Estado policial y que la siguiente etapa podría ser el autoritarismo y el totalitarismo.
El conflicto sobre la composición del Tribunal se prolonga desde hace años
El Tribunal Constitucional supervisa la conformidad de las leyes con la Constitución. Según la Carta Magna, lo integran 15 jueces elegidos por el Sejm (Cámara Baja del Parlamento de Polonia) para mandatos de nueve años. En los últimos años, el estatus de parte de los jueces y la forma de cubrir las plazas se han convertido en objeto de un grave conflicto político y jurídico que no se ha resuelto con el cambio de mayoría parlamentaria.Otro capítulo del conflicto tuvo lugar en marzo de 2026, cuando el Sejm eligió a seis personas para cubrir plazas de juez vacantes. Dos de ellas prestaron juramento ante el presidente Karol Nawrocki y empezaron a trabajar en el Tribunal.
Las otras cuatro no recibieron invitación al Palacio Presidencial. Los jueces prestaron entonces juramento en el Sejm y reclamaron ser autorizados a dictar sentencias. El Sejm defendía que es él quien elige a los jueces y que el papel del presidente se limita a recibir su juramento. Por su parte, la Oficina del Presidente cuestionaba la corrección del procedimiento aplicado a parte de los candidatos.
El conflicto también se trasladó al propio Tribunal. El presidente, Bogdan Święczkowski, no permitió que los cuatro nuevos jueces empezaran a dictar sentencias, al poner en duda su estatus. Los jueces acudieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Europejski Trybunał Praw Człowieka), que dictó una medida cautelar ordenando abstenerse de realizar actuaciones que dificultaran el desempeño de sus funciones.
Sin embargo, esto no puso fin al conflicto. Como resultado, la disputa ya no afecta solo a la corrección de la elección de los jueces, sino también a las competencias de los distintos órganos del Estado y al derecho a decidir quién puede dictar sentencias en el Tribunal.
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La Policía acudió al Constitucional tras una alerta de amenaza, en una jornada en la que se suspendió al presidente del tribunal y a su adjunto, lo que obligó al presidente Karol Nawrocki a cancelar de urgencia su viaje a Senegal. #EuropeNews
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