A estas alturas, la exitosa historia del Chile reciente está pasando a ser nada más que eso: historia. El sistema democrático está fallando a la ciudadanía cada día más, al ser incapaz de atender sus necesidades más urgentes. Ejemplo de ello es la espiral de delincuencia, derivada en parte de absurdas ideologías garantistas y contrarias al principio de autoridad que no haN dejado a nadie libre de sus consecuencias.
La inutilidad del sistema de persecución criminal e impunidad la experimentamos como familia cuando dos conocidos delincuentes de Concepción, Maximiliano Ortiz Heerwagen y Rodrigo Tirapegui Ramos, intentaron matar a golpes a uno de mis hermanos —quien se salvó de milagro—, en un caso que remeció los medios de comunicación. Dos años después, la ridícula sanción decretada por el tribunal consistió en que los culpables firmaran y se sometieran a tratamiento sicológico, todo porque nuestros legisladores tercermundistas han dispuesto que en Chile las lesiones graves, en la práctica, no tienen pena. Hace un tiempo, a una prima le entraron cinco tipos armados a su casa, amenazaron con llevarse a su hijo, maniataron al marido y se robaron todo lo que pudieron. Obviamente, nunca los encontraron; peor aUn, Carabineros les dijo que deben tener siempre un montón en efectivo para que los ladrones se lo lleven y reduzcan las probabilidades de ser agredidos o muertos. Y hace pocos días, a otro amigo le entraron a robar a su departamento llevándose todas las joyas de su mujer y otras cosas. ¿Qué va a pasar? Seguramente nada.
Hoy no hay chileno que no tenga una historia de criminalidad horrorosa y cercana que contar. Ese es el país en el que estamos viviendo, uno donde la delincuencia se ha normalizado, donde la policía reconoce que no hay nada que hacer, más que tener algo para que a uno le roben, donde moler a alguien a palos no tiene sanción, donde salir a la calle es cada vez más peligroso, donde el narcotráfico crece sin control en ciertos barrios, donde el terrorismo se expande amparado por sectores políticos, donde la gente ya ni denuncia lo que le ocurre, porque no tiene fe en el sistema, y donde los políticos populistas se han dedicado a criminalizar conductas económicas -para las que existen otras herramientas más eficientes-, dejando desprotegidas la vida e integridad física de las personas.
Es el Chile donde a Carabineros se les puede patear en el suelo y humillar, arrojarles bombas molotov y ofender sin que puedan hacer nada, porque la clase política les ha quitado el respaldo y sus comparsas intelectuales de izquierda han hecho lo posible por destruir la ética de la institución, la que ciertamente tiene sus pecados, pero que en general ha sido el pilar del orden civilizado en nuestro país. Ahora el gobierno manda un proyectito de “aula segura” que todos sabemos no cambiará el hecho de que la fuerza pública puede ser agredida impunemente en cualquier parte a cualquier hora.
Pues el problema, como me dijo hace algunos años Rudy Giuliani, que sacó a Nueva York de la ola criminal que la arrasaba, es que el control de la delincuencia es un asunto de voluntad política, la que debe parar en seco las faltas menores, respaldando férreamente el rol de las policías. En Chile, en cambio, las cosas han llegado al punto en que delincuentes se atreven a rociar con bencina a profesores de escuela para quemarlos vivos.
Todo lo anterior ocurre a pesar de que pagamos cada año más impuestos en un país que, a este ritmo de deterioro, en una década tendrá una carga tributaria europea y niveles de seguridad centroamericanos.
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