Lagos: "Varios me han dicho que vuelva para que por lo menos ponga orden"

Tema en 'Cementerio De Temas' iniciado por TAKAKO UEHARA, 15 Ago 2015.

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  1. Albelda

    Albelda Usuario Avanzado nvl. 4 ★ ★
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    Prefiero a Longueira o a Mathei antes que este traidor conshadesumadre, y para los que cachan mi postura politica, eso es mucho decir...
     
  2. RUSO1971

    RUSO1971 Usuario Nuevo nvl. 1
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    Este wn sinverguenza y cara de raja, todavia tiene la cara de dar declaraciones. Recuerden a "Capitán Planeta", cuando luego de dejar la presidencia, estuvo más de 1 año y medio mudo, sin hablar con los periodistas cuando se le consultaba, por todos los casos de corrupcion que hubieron y se les descubrió luego de dejar el mandato. VIEJO CULIAO, ANDATE A UN ASILO MEJOR...
     
  3. akiron2

    akiron2 Usuario Casual nvl. 2
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    hay q ser muy cara de raja....después que vendió todo chile el hdp
     
  4. CLAXANDER

    CLAXANDER Usuario Casual nvl. 2
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    que buen chiste csm! jajajajaja viejo culiao vendio todo el pais y ahora sale con esta gracia pfff
     
  5. halcon0187

    halcon0187 Usuario Casual nvl. 2
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    LA GRAN GESTIÓN DEL CAPITÁN PLANETA

    Año 2000:

    Institución: Todas las reparticiones del Estado

    Caso: Entre 1990 y 2000, en las empresas del Estado se pagaron 875 indemnizaciones a sus ejecutivos, 752 casos registrados: Correos, 101; Enap, 111; Codelco, 168; Banco del Estado, 14; Enami, 40; Polla Chilena, 8; Metro, 27; FF.CC., 40; Sanitarias, 52; etc. De todos esos casos, sólo 80 situaciones han sido cuestionadas por alguna autoridad.

    En total se utilizaron 33 mil millones de pesos ( $33.000.000.000).

    Desarrollo: En total, se trata de 33 mil millones de pesos, que habrían beneficiado a 875 funcionarios de diversas empresas del Estado, desde 1990 al año 2000. Entre los involucrados, se encontraba el padre del entonces ministro Álvaro García.

    Lo ocurrido llevó al gobierno de Ricardo Lagos a impartir un instructivo presidencial, para establecer que las indemnizaciones no debían exceder lo establecido en el Código del Trabajo. Luego, se informó que la práctica venía desde antes, apuntando al gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien afirmó posteriormente que abusaron de su confianza.
    El ex Presidente, Ricardo Lagos declaró: “en la función pública se está para servir y no para servirse” y llamó a los ejecutivos a devolver lo recibido para permanecer en el Gobierno o renunciar. Muchos optaron por lo segundo.

    Resultado: Después de estudiar por parejo los 683 casos de indemnizaciones, el Consejo de Defensa del Estado inicio acciones penales contra 29 personas de Correos, 3 personas de Enap, y 5 personas de Ferrocarriles; y acciones civiles contra 4 personas de Ferrocarriles, y 2 personas de Metro, S.A.

    En total, 43 ejecutivos fueron demandados por negociación incompatible con motivo de obtención de indemnizaciones indebidas. Además, el Consejo de Defensa del Estado acordó ejercer acciones civiles contra 1 persona de Correos, 2 personas de Essam (Empresa de Servicios Sanitarios de Maule), y 2 personas de Metro, S.A., a estas denuncias se está dando cumplimiento en la medida que se obtengan algunos antecedentes aún pendientes, puesto que al CDE le ha sido muy difícil reunir los antecedentes requeridos, particularmente de las empresas sanitarias.

    Año 2001

    Institución: Fondos de Absorción de Cesantía (FOSAC)

    Caso: En el año 2002, la senadora Evelyn Matthei (UDI) y el diputado Darío Molina (UDI), denunciaron el desvió de dineros del Fondo de Absorción de Cesantía (FOSAC) y del Fondo Social Presidente de la República del Ministerio del Interior, de la Gobernación de Choapa, bajo la administración del Julio Rojos (PDC), hacia la campaña política de la diputada Adriana Muñoz (PPD), en las parlamentarias del 2001.

    Desarrollo: La Contraloría inició una investigación, a la que más tarde se unió la fiscalía, de la que también se hizo parte el Consejo de Defensa del Estado.

    En el año 2004, la fiscalía acusó al ex Gobernador de Choapa, Julio Rojos, de negociación incompatible, aplicación pública diferente y fraude al fisco. Rojos, suscribió el año 2002 contratos de trabajo para su padre e hija, financiados con recursos del Fondo de Absorción de Cesantía y del Fondo Social Presidente de la República, del Ministerio del Interior, pagándoles $222.333 a cada uno.

    Resultado: En mayo de 2006, el Ministerio Público de la IV Región formalizó cargos contra 9 funcionarios de la Gobernación de Choapa y dos de la Inspección Provincial del Trabajo -por fraude al Fisco y falsificación de instrumento público-, que ayudaron al ex gobernador de Choapa Julio Rojos Astorga, a financiar un grupo de brigadistas que habían apoyado a la diputada PPD, Adriana Muñoz en la elección parlamentaria 2001.

    Año 2002

    Institución: Congreso Nacional

    Caso: Uso ilegal de sobres del Congreso Nacional para campañas electorales al interior del PPD.
    Desarrollo: Se recibe una serie de denuncias en contra del entonces diputado por el PPD, don Guido Girardi quien encargó con cargo a la Presidencia de la Cámara de Diputados el monto de $3.820.000 por el envío de 24.648 cartas para la campaña a la Presidencia de su partido.

    Producto de la investigación se descubre además que el entonces Senador don Jaime Naranjo, del PS, mantenía contratada a su cónyuge prestando servicios no especificados. El Senador, al ser cuestionado por las cámaras de televisión negó todo lo aseverado y además señaló no conocer a su esposa.

    Resultado: No existió sanción penal al señor Guido Girardi al no prosperar la denuncia, al parecer, devolvió los fondos utilizados. El señor Naranjo en las elecciones de 2005 fue ratificado por su partido como candidato a Senador por Santiago Poniente.

    Institución: ISP – Santiago.
    Caso: Contraloría detecta irregularidades en convenios suscritos entre el ISP de Santiago con la Universidad de Chile, convenio suscrito el año 2000. Contraloría constató la existencia de pago de honorarios por servicios no prestados por la suma de $250.000.000 de pesos.

    Resultado: Se remueve de su cargo al ex subsecretario de salud y ex director del ISP Gonzalo Navarrete. No existe proceso penal ni civil pendiente por los montos.


    Institución: Ministerio de Salud
    Caso: Se autoriza por parte del Ministro de Salud de la época, Osvaldo Artaza (DC) un banquete de celebración por el aniversario de la creación del Servicio Nacional de Salud, que ya había desaparecido por un monto total de $28.000.000 de pesos en momentos que se anunciaban recortes presupuestarios del Ministerio para la entrada del Plan Auge.
    La nota curiosa de este acto es que el banquete fue encargado a la Productora “A2” de propiedad de Osvaldo Aguiló, hermano del Diputado Socialista Sergio Aguiló

    Resultado: Ninguna autoridad política o de Gobierno se responsabilizó por estos hechos. Extrañamente este caso no tuvo cobertura mediática.

    Institución: Ministerio de Obras Públicas
    Caso: Este es el famoso caso MOP –Gate recordado muchas veces por ser uno de los casos más patentes de desvío de fondos en los Gobiernos de la Concertación.

    Desarrollo: En 1997, el ex Seremi de Transportes, Héctor Peña, creó la empresa Gestión Ambiental y Territorial SA (GATE), esta empresa prestaba sus servicios de asesoría a varios estamentos y reparticiones públicas del Estado de Chile.
    El año 2000 se produce el primer hecho extraño que llamó la atención de las autoridades. Héctor Peña Veliz denuncia el robo de $190.000.000 de pesos a la empresa Gate, dineros que habrían sido sustraídos desde sus dependencias. Luego de las investigaciones pertinentes se pudo concluir que el presunto robo, en realidad era un auto robo, es decir, desde el interior de las oficinas se habrían sustraído esa suma de dinero por personas con acceso a los fondos. Peña Veliz, luego de dichos resultados procedió a acusar como autoras de dicho acto a su secretaria, la señora Sara Oliva y a la madre de esta, la señora María Martínez.

    Luego de diversas gestiones se logró recuperar la suma de $172.000.000 de pesos.
    Luego de unos meses y viendo las mujeres que se les estaba culpando no solo de este ilícito sino que de la comisión de otros más procedieron a denunciar que Gata era una empresa fantasma, que no ejercía ningún tipo de actividad ni prestaba los servicios que se señalaban en sus facturas u ordenes de compra. Denunciaron además que el objeto de la existencia de dicha empresa era el desvío de fondo para financiar campañas políticas. Estas acusaciones fueron recogidas en su oportunidad pero no valoradas, siendo desestimadas en dicha época. Con todo, en abril del año 2001 la Contraloría General de la República constató y detectó las primeras irregularidades un set de contratos de Gate. Esto quedó a la luz luego de una fiscalización y auditoría al MOP.

    El Ministro en visita designado para analizar el caso “Coimas”, Carlos Aranguiz, en el devenir de su investigación detectó que la empresa Gate había estado pagando sobresueldos a funcionarios del MOP mediante sobres, los cuales eran además libres de impuestos, comprometiendo directamente al entonces ministro el señor Carlos Cruz, militante del PS. Se arribó a esta conclusión luego de contrastar los pagos recibidos por Gate, que sumaban la no menospreciable cifra de $1.700.000.000 de pesos versus los contratos asignados por el MOP que alcanzaban la suma de $1.400.000.000. Lamentablemente y luego de mucha presión política por parte de la concertación, se sacó al Ministro Carlos Aranguiz del caso nombrándose a Gloria Ana Chevesich como la Ministra en Visita exclusiva para el cargo.

    Resultado: Aún no concluye el caso.

    Institución: MOP/ Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo de la Universidad de Chile (Ciade)
    Desarrollo: Luego de la investigación iniciada en la revisión de los contratos producto del escandalo MOP – Gate, la jueza Gloria Ana Chevesich detecto una serie de contratos suscritos irregularmente y que fueron destinados exclusivamente al pago de sobresueldos entre los años 2001 a 2002. Estos contratos fueron suscritos entre el Ministerio de Obras Públicas y el Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo de la Universidad de Chile.

    Esta investigación del magistrado constató la existencia de un contrato entre el MOP y el Ciade firmado bajo la glosa de “Servicios de Consultoría en Administración de Recursos Humanos, como apoyo al Programa de Aguas Lluvias, Defensas Fluviales y Lluvias Aluvionales de la Dirección de Aguas del Ministerio de Obras Públicas”. Dicho contrato fue suscrito en el mes de agosto del año 2001 y su costo total, a esa fecha, era de $428.000.000 de pesos. La jueza Chevesich determinó y constató que los dineros resultantes de este contrato fueron destinados al pago de sobresueldos a funcionarios de la Dirección de Obras Publicas del MOP. Lo increíble de todo esto es que a comienzos del año 2002 el valor del contrato fue ampliado a $1.400.000.000 de pesos sin que existan mayores razones, justificaciones o estudios técnicos para dicho aumento.

    En noviembre de 2003, la ministra Chevesich sometió a proceso por fraude al Fisco y estafa a cinco altos funcionarios del Ciade.

    Este caso tuvo otras aristas, como el robo de uno de los computadores de los implicados en el caso, la desaparición (23 de diciembre de 2002) y el hallazgo de sus restos (13 de abril de 2003) del contador del Idecon y pieza clave del caso, Daniel Figueroa y luego el suicidio en Las Condes (octubre de 2004) del sociólogo Enrique Ponce de León Milnes, procesado en el marco del caso. Se precisó que cerca de 12 Seremis recibieron sobresueldos por un total de 120 millones de pesos gracias a un contrato suscrito entre el MOP y el CIADE, pero en octubre de 2003, la Corte de Apelaciones anuló los procesos por fraude al fisco que pesaban sobre ellos.

    Resultado: Desconocido

    Año 2003

    Institución: Banco Central /Inverlink /CORFO o el denominado “Caso del Jarrón de Lagos”

    Caso: Un mail enviado equivocadamente por la secretaria del Director del Banco Central, Pamela Andrade, destapa el escándalo más grande conocido sobre fraude al fisco y tráfico de información privilegiada: La secretaria estaba proporcionando información confidencial a un organismo particular (Inverlink).

    El Presidente de Inverlink, Eduardo Monasterio trató de salvar la empresa realizando actos ilícitos. Se registró un robo de instrumentos financieros de CORFO, que fueron traspasados al holding sin autorización y gracias a la complicidad del jefe de la tesorería de CORFO. Los papeles se estimaron en unos US$80.000 millones y fueron vendidos al mercado financiero, provocando un caos total. En el directorio de la empresa figuraba Álvaro García Hurtado. El alcalde de Viña, Jorge Kaplan, denunció que García lo había presionado para que no retirara fondos municipales invertidos en Inverlink.

    Resultado: El ministro en visita, Patricio Villarroel, sometió a proceso por delito reiterado de soborno y estafa, por un monto superior a las 400 UTM al presidente y socio principal del holding, Eduardo Monasterio, a los ex ejecutivos Ignacio Wulf y Enzo Bertinelli; y al contador Eduardo Tapia. El ex funcionario de Corfo, Javier Moya, también fue procesado pero por el delito de malversación de fondos. Otro implicado fue el gerente general de CORFO y yerno de Lagos, Gonzalo Rivas, lo que le costó su renuncia. El presidente del BC, Carlos Massad, también presentó su renuncia. En enero de 2007, Corfo y Santander llegan a un acuerdo extrajudicial, mediante el cual el banco pagará $980 millones a Corfo. Con este acuerdo Corfo desistirá de todas las acciones judiciales que mantenían contra el banco Santander y sus funcionarios. Antes se habían logrado este tipo de acuerdos con Scotiabank y Pinebank de Miami, pero aún tienen juicios pendientes. Sin embargo el 2004 Corfo llegó a un acuerdo con Scotiabank, el cual pagó $3.000 millones y el Pinebank que en ese mismo año le pagó otros US$ 4.2 millones.

    Por otro lado el Banco Santander anunció que la deuda que Inverlink mantiene con la entidad será asumido como un crédito impago, mientras se evalúan las acciones legales a seguir.

    Año 2004

    Institución: Ministerio de Obras Públicas

    Caso: Puente Loncomilla
    Desarrollo: El 18 de noviembre de 2004 el puente Loncomilla se vino abajo, resultando heridas 8 personas y destruidos 3 automóviles y una camioneta. No se produjeron muertes afortunadamente.
    Desarrollo: Luego de la caída y en la búsqueda de antecedentes referentes a esta estructura vial, se publica en la prensa un informe que señalaba que ya en 2003 se tenía conocimiento de las deficiencias técnicas en el puente, dichas fallas obedecían a problemas estructurales graves y provenientes de la época de edificación en 1994. Este estudio fue ignorado por el entonces ministro de Obras Públicas Javier Echeverry.

    Cabe recordar que el costo total de la construcción fue de $ 1.040.000.000 de pesos.

    Resultado: La comisión de obras públicas de la cámara de diputados declaró, luego de investigar los hechos, que aun cuando se conocía la condición del puente por parte del MOP el tránsito no fue suspendido en ningún momento y tampoco se inició ningún tipo de plan de contingencia para repararlo. Por estas razones fue destituido de su cargo el jefe del Departamento de Puentes y Estructuras Ricardo Rigenensi y el jefe del Departamento de Construcción de Vialidad, Francisco Cornejo.

    En 2005 el ex director de vialidad del MOP, Oscar Ferrel, admitió que existió negligencia de parte del servicio, toda vez que dos de los soportes del puente fueron instaladas en terreno no asentado ni firme.
    A la fecha solamente quienes renunciaron a sus cargos han asumido la responsabilidad política, pero nada se sabe respecto a la empresa contratista o a los dineros pagados por la construcción defectuosa.

    Año 2005

    Institución: MOP / Ficor

    Caso: La Ministro Gloria Ana Cevesich detecta en uno de los contratos del MOP irregularidades en torno a la empresa Ficor y los acuerdos suscritos entre ambos. Cabe recordar que en 1999 Ficor reconoció haber sido utilizado por el MOP como un artilugio para desviar fondos para la campaña presidencial de Ricardo Lagos. Se declaró ante la jueza que la empresa entregaba facturas por servicios no prestados.

    Resultado: La jueza Chevesich, estableció que, entre 1996 y 1998, Carlos Cruz, futuro ministro de Obras Públicas y antiguo militante del MIR, actual militante en el PS y amigo personal de Ricardo Lagos, solicitó a las empresas Ficor, Concerta y Gesys un total cercano a los $10 millones de pesos para cancelar un honorario adicional a Álvaro González, ex jefe de Proyectos de Concesiones y entonces Gerente General de Itinere, filial chilena de Sacyr. Estas consultoras “tenían contratos vigentes con el Ministerio de OO.PP.”, lo que haría “improcedente” que un funcionario de esa cartera le pidiera dineros, aprovechándose de su condición. Razón por la cual sometió a proceso al ex ministro Carlos Cruz, por el delito de “exacción ilegal”, resolución ratificada por la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

    Institución: MOP/ Presidencia de la República/ Gescam

    Caso: Este es el renombrado caso Gescam que involucró al cuñado del entonces Presidente de la República Ricardo Lagos, Hernán Durán.

    Desarrollo: Dentro de la investigación de la jueza Chevesich respecto a los contratos suscritos por el MOP, surge un requerimiento por Joaquín Lavín, que en esa época era candidato presidencial de la derecha, para que Ricardo Lagos aclarara el porqué de la adjudicación de una licitación por la a su cuñado Hernán Duran.

    La jueza Cevesich detectó además que en diciembre de 2002 la firma Gescam Consultores Asociados, de propiedad de Víctor Faraggi, Hernán Duran (hermano de la primera dama) y el entonces embajador de Chile en Francia Hernán Sandoval (amigo personal de Lagos Escobar), se había adjudicado un grupo de asesorías al MOP por la no despreciable suma de $2.000.000.000 (dos mil millones) de pesos.

    Además también se determino durante el curso de la investigación que Gescam habría realizado entre 1997 y 2005 cerca de 18 asesorías ambientales a Codelco, por un monto superior a los U$ 900.000.000 de dólares, de las cuales solo 5 habrían sido por licitación, siendo las otras 13 restantes asignadas directamente.

    Resultado: En 8 oportunidades el Congreso, apoyados mayoritariamente por los votos concertacionistas, rechazaron la creación de una comisión investigadora. A la novena oportunidad se logró aprobar la comisión que constato todos estos hechos y logro además detectar otros casos, entre ellos, de nepotismo como por ejemplo el nombramiento de Pedro Duran (hermano también de la primera dama) como Director de Programación de la Presidencia o el caso de Ricardo Lagos Weber (hijo de Ricardo Lagos Escobar) quien trabajaba de forma remunerada en la Dirección Económica de la Cancillería. Ninguno tuvo sanción alguna.

    Caso relacionado al anterior
    Institución: Codelco

    Caso: Gescom, Gestión Limitada y Top Consultores.
    Desarrollo: Producto de una denuncia interpuesta por la entonces senadora Evelyn Matthei se reveló que Codelco habría repetido una práctica realizada con Gescam, esta vez con las empresas de los hermanos de los ministros Ricardo Solari y Jaime Estévez respectivamente. La sociedad de Jaime Solari recibió un contrato por más de $365.000.000 de pesos por asignación directa, mientras que la empresa de Rafael Estévez tenía contratos por más de $1.100.000.000 de pesos en cursos de capacitación asignados directamente sin licitación.

    Se comprobó también la existencia de otros contratos de Gescam con Codelco, a saber, 18 de los cuales solo 5 fueron adjudicados por la correspondiente licitación.

    Resultado: Finalmente la comisión investigadora de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad que no hubo ninguna irregularidad en ninguno de los tres contratos entre el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones y la consultora Gescam.

    Por 80 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones se aprobó informe de la comisión investigadora que desestimó las denuncias que involucraron a Gescam.

    Institución: MOP / Autopista Vespucio Express

    Caso: Por error el MOP compró un número menor de TAG´s de los requeridos por la demanda de los usuarios.
    Desarrollo: El error descrito costó al fisco la suma de $5.200.000.000 de pesos dado que el Ministro de Obras Públicas de la época optó por pagar con fondos del Fisco los TAG´s adicionales y que las concesionarias debían entregar gratuitamente al público.

    Resultado: Nadie se hizo responsable de esta gravísima falla que significo un gasto bastante significativo para las arcas fiscales.

    Institución: MOP/ Gesys

    Caso: La ministra Chevesich detecto la existencia de desvíos de dinero por la suma de $36.000.000 de pesos del Fisco, a través de un contrato entre el MOP y la Consultora Gesys. Estos dineros fueron desviados por el ex Director de Planeamiento del MOP, Matias de la Fuente (primo de Luisa Duran y ex jefe de gabinete de Ricardo Lagos) a la campaña presidencial de Ricardo Lagos el año 1999 a través de la página web instalada para las elecciones.

    Desarrollo: La manera en que se realizó dicha desviación de dineros fue simulando un programa de capacitación que debía llevar a adelante Gesys por $15.000.000 que nunca se realizó.

    Resultado: En octubre de 2005, la ministra en visita del caso MOP, Gloria Ana Chevesich, procesó a Matías de la Fuente y Sergio Cortés, ex jefe de Finanzas de Vialidad del MOP, fueron procesados por la jueza por fraude y estafa al fisco, al igual que Raúl Herrera de Gesys y Óscar Araos, de Ábaco.

    En junio de 2006, la ministra Chevesich condenó al ex ministro del MOP, Carlos Cruz a cuatro años de presidio menor en su grado máximo con el beneficio de la libertad vigilada, como autor de los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

    También condeno al ex jefe de Vialidad del MOP, Sergio Cortés, como autor de fraude al fisco, a la pena de 541días de presidio menor en su grado mínimo y al pago de una multa equivalente al 10% del perjuicio causado. Además fue inhabilitado para ejercer cargos u oficios públicos.

    Además condenó a Raúl Herrera –uno de los dueños de Gesys-, a una pena de presidio menor en su grado medio y a la suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena.

    En tanto absolvió a Carlos Aravena como autor del delito de falsificación de instrumento público.
    Institución: Ministerio de Justicia

    Caso: Los diputados Marcela Cubillos, Cristián Leay y Víctor Pérez, revelaron que durante la gestión de Soledad Alvear como Ministra de Justicia entre 1994 y 1999 se habían asignado licitaciones de Defensorías Públicas por millonarios montos a una firma de abogados de la cual era integrante su cónyuge Gutenberg Martínez.

    En el análisis de las concesiones de las 123 sociedades jurídicas que postularon al proceso, 90 de ellas habrían pasado por una evaluación técnica por parte del Ministerio, pero sólo 2 de ellas captaron el 80% de las defensas licitadas: La Sociedad de Defensa Jurídico Penal (DJP S.A) integrada por la Universidad Miguel de Cervantes, presidida en su directorio por Gutenberg Martinez y la Sociedad de Defensores Penales Metropolitanos. El 48% del total de causas adjudicadas lo obtuvo DJP.

    En un elemento curioso, durante la investigación se determinó que el Subsecretario de Justicia y miembro del comité de licitaciones era profesor de la Universidad Miguel de Cervantes.

    Resultado: Quedó solamente en una denuncia aun cuando existían elementos de convicción claros.

    Año 2006

    Institución: Mop – Foro

    Caso: En agosto de 2005, el entonces presidente de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) y ex subsecretario de Transporte del Gobierno Ricardo Lagos, Guillermo Díaz, fue encausado por fraude al fisco en $9 millones de pesos, que la consultora Foro le entregó en cuatro pagos en efectivo para pagar un magíster en Administración Pública en España en 1998, en el caso MOP-Foro.

    Resultado: En noviembre de 2006, la Corte de Apelaciones de Santiago, confirmó el auto de procesamiento, por fraude al fisco en contra del ex subsecretario de Transporte Guillermo Díaz, quien renunció a la Presidencia de EFE. El encausamiento de Díaz es parte del caso MOP-Foro, que la ministra Chevesich investiga una encuesta de opinión del Plan de Transporte y Descontaminación de Santiago en 1998, que costó cerca de 47 millones de pesos y que no se habría llevado a termino. De acuerdo a la investigación, Díaz, como jefe de operaciones de concesiones, desvió parte de los fondos de un contrato con Foro para elaborar el sondeo. Estos dineros llegaron en cuatro pagos de 9 millones de pesos utilizados para costear un postgrado.

    A fines de noviembre, Guillermo Díaz, presenta su renuncia a la presidencia del directorio de EFE, ante el Sistema de Empresas (SEP) y su partido la Democracia Cristiano le suspende su militancia.

    Institución: Chiledeportes

    Caso: Una auditoria de la Contraloría General de la República -tras una petición del senador José García Ruminot (RN), en enero de 2006- detectó una serie de irregularidades en 77 proyectos del Fondeporte, entregados por asignación directa durante el último trimestre del 2005, por más de 400 millones de pesos.

    Resultado: En la actualidad se realizan investigaciones por parte del Ministerio Público. El trabajo y los resultados de la Comisión Investigadora de Chiledeportes quedó desvirtuado, luego que la moción de censura contra su ex presidente el Diputado (RN) Nicolás Monckeberg, solicitada por parlamentarios de la Concertación, fuese aprobada por la Cámara de Diputados. Tras este resultado los parlamentarios de la Alianza decidieron retirarse en bloque de la Comisión.

    Institución: Servel – Publicam

    Caso: En el marco de las irregularidades halladas en Chiledeportes, se detectaron facturas de la empresa “fantasma” Publicam. Éstas también fueron encontradas por la investigación que realiza la Fiscalía en las rendiciones de gastos de campaña del senador PPD, Guido Girardi; la ex candidata al senadora Lily Pérez; y en las del ex candidato presidencial Sebastián Piñera.

    Girardi, a diferencia de Pérez y Piñera –quienes recibieron de Publicam por trabajos que sí fueron realizados e interpusieron una querella contra los responsables-, reconoció que utilizó facturas de Publicam para cuadrar los gastos de su campaña senatorial y así transparentar la contratación de brigadista. La Fiscalía detectó irregularidades en el arriendo en dos sedes del comando de Guirardi, además de la detección de las mencionadas facturas.

    Resultado: El SII presentó una querella criminal por uso de facturas falsas y se investiga el motivo por el cual fueron timbradas más de 1.000 facturas a esta empresa. El Ministerio Público ha formalizado a varias personas relacionadas con la empresa “fantasma” Publicam. En Diciembre de 2006, el administrador electoral de la campaña del senador PPD Guido Girardi, Ricardo Farías Vegas, y el abogado Dante Leoz –encargado de entregarle las facturas falsas a Farías – fueron formalizados por el delito de estafa al Fisco.

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    #53 halcon0187, 16 Ago 2015
    Última edición: 16 Ago 2015
  6. Bon_Scott

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    Y de qué sirve? viste las elecciones pasadas? eran un chiste todos los wns que estaban postulando, sobre todo Marcel Claude con su visión bolivariana a lo Chavez o la ridícula de Roxana que quería eliminar a las Fuerzas Armadas.
     
  7. Ahi Nomas!

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    que orden va a poner este culiao ? transfugo de mierda.
     
  8. Iyaku

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    Sus ansias de poder son tan lamentables... lo hizo pesimo, se privatizo todo lo q se pudo privatizar, robo plata con MOP Gate, dejo el Transantiago... q tan weona puede ser la gente?
    En todo caso, el puñalazo en la rolliza espalda de la gorda fue fenomenal, q manera de ser maricon este viejo de mierda
     
  9. Vadero

    Vadero Usuario Casual nvl. 2
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    Poner orden.... ¿El mismo orden con que dejó al Transantiago?
     
  10. Abybi

    Abybi Usuario Habitual nvl.3 ★
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    Devuelve la plata de EFE primero, viejo conchetumadre.
     
  11. mataflaites

    mataflaites Usuario Casual nvl. 2
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    Jajajajajaj..... viejo culiao care'raja....
     
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