Las "Gift Card" de la corrupción: Carabineros denuncia millonario fraude en compra de uniformes

Tema en 'Política Nacional e Internacional' iniciado por igmin, 26 Ago 2020.

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    Las "Gift Card" de la corrupción: Carabineros denuncia millonario fraude en compra de uniformes

    Todo comenzó en 2018 en una revisión aleatoria a la Unidad de Adquisiciones, pero recién después de dos años fue denunciada al Ministerio Público, el pasado 27 de julio sin que el sumario esté finalizado. El caso es simple: se contrató a una empresa para que fabricara los uniformes para los futuros oficiales de la Escuela de Carabineros, pero los vales eran transformados en "contravales" para comprar productos en la misma firma, sin que la ropa institucional fuera entregada. En la misma indagatoria se descubrió que 455 funcionarios del OS-7 y OS-9 que trabajan de civil, no accedieron a las gift card que cada año le entrega la institución. El monto hasta ahora -solo en 2016- supera los 260 millones de pesos. Internamente el hombre clave detrás de este nuevo hecho de corrupción, sería el actual general inspector, Mauricio González Marín, ya que fue el director de la academia, precisamente el año en que todo ocurrió. La historia la revela la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

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    El director de Compras Públicas de Carabineros, general Humberto Riffo, interpuso una denuncia ante la Fiscalía Centro Norte -el pasado 27 de julio- en la cual detalló un millonario fraude en la compra de uniformes para los aspirantes a la Escuela de Oficiales de la institución y la adquisición de ropa para el personal del OS-7 y OS-9.

    De acuerdo a las fuentes consultadas por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, el monto podría superar, hasta ahora, los $260 millones.

    En todo caso, la presentación de Riffo ante el organismo perseguidor fue precedida por una orden anterior emanada del jefe de la Dirección Nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales, el general inspector Jorge Hernández Valenzuela -quien es parte de la primera línea del alto mando- luego de realizar variados análisis y evaluar qué responsabilidades podrían recaer en otros altos oficiales.

    Los hechos comenzaron a ser investigados apenas en 2018, cuando la contraloría interna realizó un “control focalizado” al Departamento de Adquisiciones y Abastecimientos (L2), hallando graves irregularidades, cuando la cabeza de la policía uniformada era el ahora general (r) Hermes Soto. Lo llamativo es que desde el inicio de la revisión hasta que los hechos llegaron al Ministerio Público han transcurrido cerca de dos años y aún se encuentra en una fase “preliminar”.

    Según la información recabada por este medio, los posibles ilícitos ocurrieron en 2016, cuando la institución adquirió 2.881 tickets o vales de canje de vestuario para los futuros oficiales a la empresa Edenred. La fecha es coincidente con los primeros pasos de la indagatoria interna que derivaría en el megafraude en la institución -también conocido como Paco Gate- que superó los 35 mil millones de pesos robados por oficiales de Intendencia, bajo la administración del general Bruno Villalobos.

    Atendido a que existía un Convenio Marco, cualquier compra superior a las 1.000 UTM (por entonces, $45.000.000), debía ser licitada. Sin embargo, para saltarse el control administrativo y el de Mercado Público, se emitieron 11 órdenes de compra, fechadas el mismo día, fragmentando la adquisición.

    De esta manera, evitando cotizar previamente la mejor empresa para la fabricación de los uniformes, L2 lo adjudicó arbitrariamente a la firma Benson’s, incumpliendo así las normas de las compras públicas.

    Se estableció que en las once órdenes de compra no se incluía el código del ticket, como tampoco la identidad del beneficiario, violando instrucciones expresas emanadas desde la Contraloría General de la República en un dictamen de 2012.

    El hecho se torna más grave ya que 2.879 vales comprados a Edenred fueron transferidos a Benson’s y, de acuerdo al sumario “preliminar”, no se entregaron los uniformes requeridos, sino “contravales”. Dicho de otra forma, un documento que era posible convertirlo en dinero en efectivo para realizar compras particulares en la misma firma.

    La indagatoria interna da cuenta que, además, no existe hasta ahora ningún documento donde conste la entrega de los tickets comprados a Edenred por más de $260 millones, lo que originó una falta de resguardo a los intereses fiscales.

    Más y más
    Riffo profundizó en la búsqueda de platas y solo el 17 de septiembre de 2019 acreditó apenas una parte del fraude denunciado a la fiscalía. En resumen, los “contravales” de la empresa Benson’s al Departamento de Adquisiciones (L2) alcanzaron una suma superior a los $35 millones. Igual situación ocurrió con la Escuela de Carabineros con un monto de $32 millones.

    Una de las conclusiones a las que llegó Riffo, sumando las dos últimas cifras, es que al menos $67 millones no tuvieron como contraprestación el uniforme de los futuros oficiales de Carabineros.

    El dinero en cuestión tampoco ha podido ser recuperado ya que Benson’s se encuentra en pleno proceso de liquidación (o quiebra) en el Décimo Juzgado Civil de Santiago, donde la institución no se hizo parte para accionar como acreedor.

    Giftcard
    Una segunda arista que abordó el sumario “preliminar” fue la compra de gift cards, usadas por el personal de los departamentos OS-7 y OS-9, cuyos miembros visten de civil para realizar su labor policial.

    Lo detectado en la revisión fue que 455 de estas tarjetas que van desde los $50 mil a $150 anuales nunca llegaron a los beneficiarios finales. El monto denunciado a la fiscalía en este acápite supera los $50 millones.

    El general Riffo entregó una copia de esta revisión al fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, quien dictó una serie de diligencias para obtener mayor información para el caso, entre ellas crear una cadena de custodia a los datos presentados por la policía uniformada.

    En todo caso, Riffo informó a este último que como la indagatoria interna está aún en proceso de recopilación, cruce y análisis de los datos desde 2018 a la fecha, entregará cualquier información que pueda revestir caracteres de delito. Incluso dentro de Carabineros no descartan que pudiera ser un hilo que pudiera conducir algo más.

    En marzo pasado y de manera reservada, los antecedentes fueron enviados por Carabineros al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que el organismo establezca si existe mérito para presentar una querella por fraude al fisco.

    González Marín
    Dentro del actual alto mando de Carabineros existe un nombre que -para algunos- sería clave para saber qué ocurrió con las platas. Se trata del ahora general inspector, Mauricio González Marín, quien fungió como director de la Escuela de Oficiales en 2016. Según el levantamiento de información al interior de la institución, en esa fecha se habría ordenado al Departamento de Adquisiciones la compra de los uniformes. Dicho requerimiento sería la punta del iceberg para entender dónde y quién podría estar tras este nuevo escándalo de corrupción.

    Recordemos que González Marín, luego de ser nombrado general bajo el gobierno de “Michelle Bachelet 2” fue trasladado en 2017 como jefe de la zona policial de Arica. El 2018 asumió la Dirección de Educación, convirtiéndose en 2019 en general inspector. Con ese cargo quedó a cargo de la Dirección Nacional de Personal, puesto que ocupa hasta hoy.

    En base a esos antecedentes, la influencia y control que ejerció sobre la sección de adquisiciones podría ser vital para acreditar el cómo, cuándo, dónde y el porqué del destino de los fondos investigados.

    Al respecto, el coronel Walter Koch Zúñiga, actual jefe del Departamento de Adquisiciones y Abastecimiento, reconoció la existencia de la denuncia “en un proceso de compra”.

    “Quiero hacer presente que la propia institución es la que devela estos antecedentes al Ministerio Público, en el convencimiento que jamás vamos a aceptar situaciones y hechos irregulares que no estén a la altura del ámbito del servicio público”, explicó.

    Y agregó: “En primer instancia, llevamos a cabo un sumario administrativo y cuando el fiscal conocedor de este tomó conocimiento de hechos que revisten caracteres de delito, inmediatamente fueron denunciados a la autoridad correspondiente, que en el ámbito de su competencia debe realizar las indagaciones de orden penal, llevar a los responsables a la justicia, y pedir las máximas penas si ello lo amerita”.

     
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