Las millonarias deudas por indemnizaciones que complican a los municipios

Entre los con más dificultades se encuentran Salamanca, que a la fecha enfrenta 38 demandas que suman un total de $470 millones de pesos y Monte Patria, que deberá pagar $160 millones de pesos, sin considerar la cancelación de las cotizaciones previsionales.
En un complicado escenario dicen estar los municipios locales (sobre todo los pequeños) ante los innumerables casos de demandas laborales que han debido afrontar en el último tiempo y en las cuáles los tribunales de justicia les han ordenado el pago de millonarias indemnizaciones.

El problema radica sobre todo con los trabajadores a honorarios. Las razones de las desvinculaciones serían diversas: reajustes presupuestarios, malas evaluaciones o cambios en cargos de confianza. El problema, aducen, es que en la amplia mayoría de los procesos se le ha dado la razón a los ex trabajadores, toda vez que se ha sentado una jurisprudencia.



EL DRAMA DE SALAMANCA

El caso más grave se vive en Salamanca. El alcalde de esta comuna, Fernando Gallardo, comenta que a su llegada al cargo se encontró con una situación financiera deficitaria. La deuda que mantiene este municipio a la fecha es cercana a los 5.700 millones, lo que equivale al presupuesto que ingresa durante todo un año a la casa edilicia.

Esto lo llevó, indica, a realizar una evaluación del personal, llegando a la conclusión de que existía una sobredotación. A la fecha, han sido despedidas 125 personas. 38 de ellas demandaron, lo que ha derivado en que tengan que cancelar 470 millones de pesos solo en indemnizaciones “esa es plata que, dada nuestra situación, no tenemos para pagar”, señala.

Manifiesta que el hecho los pone en una situación difícil. De hecho, Hace algunos meses se conocieron los inconvenientes que le produjo una de estas demandas, en la cual incluso se estaba pidiendo el remate de dos bienes municipales, uno correspondiente a una cancha denominada estadio municipal N°2 de Salamanca y el otro un terreno en la comunidad de Chalinga, que estaba pensado para la construcción de viviendas sociales o para la ampliación del liceo politécnico, que está contiguo.

Gallardo sostiene que se están haciendo todos los esfuerzos para su cancelación, pero que, dado el escenario económico que enfrentan, no ha sido posible. “Hemos estado con nuestros abogados tratando de dilatar, porque tenemos la certeza de que algún día esto hay que pagarlo. Lo vamos a hacer cuando podamos, hemos ido liquidando, pero nada más que a un par de personas, por lo tanto, nos quedan el 99% de pagos pendientes”, especifica.

Respecto de la causa que los llevó a los despidos, señala que “obedeció exclusivamente a un ajuste presupuestario, tuvimos que desvincular a personas y con eso logramos recién equilibrar en parte el personal que necesitábamos”. Hoy, plantea, con 125 personas menos trabajan de manera normal. “Fue una de las medidas que nos vimos obligados a tomar”.

En el caso de este municipio, recalca que “teníamos que manejar nuestro presupuesto como realmente se debe manejar, para que sea equilibrado y con financiamiento”. Es más, en las evaluaciones posteriores han analizado que incluso podrían haber 10 nuevas desvinculaciones “pero me encuentro en la dificultad de que si despido más gente también voy a tener que pagarles”.

Con los fallos que se han dictado en el último tiempo en los tribunales y ahora último en la Corte Suprema, que han sentado jurisprudencia “no hay ningún caso que se pueda ganar, esa es la verdad”, recalca.

En este sentido, expresa que “el contrato de honorarios hoy día pasa a ser un contrato común y corriente por el código del trabajo y cuando yo la despido lógicamente tengo que pagarle los años de servicio, las imposiciones, todo eso”, afirma.

En un escenario distinto, declara Gallardo, esos $470 millones le servirían para realizar diversos proyectos a beneficio de la comunidad “pero en este rato no tengo ni para pagarle a esta gente ni, para hacer obras”.

A su juicio, esta situación debe regularizarse porque lo que se consigue es que, por evitarse el gasto, mucho municipios prefieren mantener trabajando a personas que tal vez no cumplen con la función que se les encomienda. “Hay que poner las reglas como corresponde y en su lugar, los parlamentarios deben meterse y regularizar, porque no es tan solo para los municipios, sino que para todos los organismos de Estado”, puntualiza.



MONTE PATRIA EN LA MISMA LÍNEA

Similar situación es la que vive la comuna limarina donde, después de 24 años de administración de Juan Carlos Castillo, asumió el 2016 en el sillón edilicio Camilo Ossandón.

Pese a ser del mismo partido, la nueva autoridad señala que se vio en la obligación de hacer evaluaciones que trajeron consigo ciertos ajustes de personal. “En general teníamos una sobredotación en muchas áreas, de hecho con hartos problemas presupuestarios, sobre todo en el área de la salud”, sostiene.

En este marco, se han hecho desvinculaciones que hoy lo tienen con 13 demandas y con una obligación de pago de 160 millones de pesos, sin contar la cancelación de cotizaciones previsionales. Esto, plantea, corresponde a todo el presupuesto de inversión de la comuna. No descarta que sigan sumando procesos.

Cuando llegó, manifiesta, no se intentó hacer una “cacería de brujas” sino que analizar qué personas realmente estaban cumpliendo las funciones para las que estaban contratadas. Caso aparte, dice, es lo que ocurre con la gente que trabajó en cargos de confianza de su antecesor. “Era razonable, es un compromiso tácito, que uno debiera dejar los cargos de confianza para permitirle a la nueva administración instalarse con las personas que tiene las competencias que se requieren para esta nueva gestión”, alega. Sin embargo, precisa “hemos tenido una actitud poco ética, ya que muchas de esas personas que llegaron por confianzas políticas hoy hacen demandas al municipio como si hubieran llegado por concurso laboral”.

Al interior de los municipios siempre hay ajustes, dice, pero le ha sorprendido, por ejemplo, casos que considera extremos. Uno de ellos el de un trabajador que tuvo que despedir a mediados del año pasado y que hoy los tiene demandados. “Lo hicimos porque había ejecutado cero peso de su cuenta, es decir, no había hecho absolutamente nada. Estaba a cargo de las materias de capacitación para la comunidad y no había hecho ningún curso, no había postulado a ningún subsidio, no había cumplido ninguna función relacionada con las materias para las que estaba contratado”.

Cuenta también lo que le ocurrió con una funcionara con varios años de servicio que le solicitó una indemnización de 50 millones de pesos antes del 31 de marzo, de lo contrario, también procedería a demandar.

A su parecer, como edil debería estar habilitado para revisar las funciones que se prestan “y cerciorarse de que efectivamente se llevan adelante, porque de lo contrario prestamos un mal servicio”, Le sorprende, plantea “la flojera que pueden llegar a demostrar algunos prestadores de servicio o algunos funcionarios públicos, porque daña el trabajo que hacen cientos de otros funcionarios que son honrados y están disponibles a servir a su comunidad”.

Destaca que hay muchas personas que venían de la gestión anterior y que hoy día ocupan cargo de mucha confianza “porque hacen su pega, se esfuerzan todos los días porque a Monte Patria le vaya bien y nosotros reconocemos su trabajo”.



PAIHUANO Y UN CASO EMBLEMÁTICO

En el municipio de Paihuano también hubo cambio de administración luego de 22 años. El 2016 asumió Hernán Ahumada (RN) en reemplazo de Lorenzo Torres (PPD).

Como era de esperarse, se pensó que habrían amplios cambios al interior de la casa edilicia, sin embargo, Ahumada recalca que “la reducción de personal fue muy poca” y apuntó básicamente a las personas que estaban ligadas al mandato anterior.

En este sentido, dice que un factor determinante fue el informe de Contraloría que detectó que había habido anomalías en el manejo de fondos. “De hecho la municipalidad de Paihuano en los últimos años no destacó por cosas buenas, sino que por las faltas a la probidad e irregularidades administrativas”.

En total se desvinculó a 7 personas (de un total de 100 funcionarios), todas la cuáles demandaron. En este caso, eso sí, los fallos judiciales favorecieron en mayor medida al municipio.

No obstante, hubo un caso emblemático y que fue ampliamente difundido por la prensa. Ante estas irregularidades que comenta Ahumada, decidió despedir al exconcejal y contendor por el sillón edilicio, Orlando Chelme. “Pero esta desvinculación fue por irregularidades administrativas que detectamos, se hizo un sumario que se descubrió una malversación de fondos”.

Lo que le sorprende, dice el edil, es que aun así éste presentó una demanda laboral por despido indebido, la que fue acogida por el Tribunal Laboral de Vicuña y ratificada por la Corte de Apelaciones de La Serena, ordenando a la cada edilicia al pago de una indemnización cercana a los 42 millones de pesos. “Yo no comparto la decisión, la acato, pero no la comparto”, precisó el edil.

En efecto, se condenó al municipio al pago de esta suma, pero paralelamente, se iniciaron otros procesos judiciales en contra de Chelme a raíz de investigaciones de la Contraloría por el pago de horas extras que no habían sido justificadas. Junto al Consejo de Defensa del Estado, el municipio lo llevó a tribunales, donde se le ordenó al exfuncionario a pagar una suma cercana a los 60 millones de pesos.

Hoy el conflicto continúa, luego de que el alcalde solicitara que se retuvieran los recursos de la indemnización para que fuera cancelada esta otra deuda. La verdad, un problema de proporciones.

En el resto de las demandas, Hernán Ahumada dice que han debido pagar en algunos casos, pero que no son de gran envergadura. Cuenta sí un caso anecdótico, en el que debió despedir a un funcionario que el mismo trajo (de su línea política) para cumplir una función específica. Al cabo de 3 meses, se dio cuenta que no cumplía con las expectativas y lo desvinculó. “Y lamentablemente me demandó y ganó”.

El problema, dice, es que no solo le tuvo que pagar esos tres meses, sino que otros más y además cotizaciones previsionales, lo que a su juicio escapa de toda lógica. “La ley está 100% a favor de los trabajadores, está bien, pero hay que ver el otro lado, yo tengo gente de todos los sectores políticos, desvinculé a los que tenía que desvincular. ¿Dónde está la ley, dónde está la protección para nosotros los alcaldes?”.

En este sentido, recalca que “el problema ahora es cómo le exijo a un funcionario que cumpla con sus funciones si me amenaza con demandar, es para pensar además dos veces en querer sacar a otro”, reflexiona.



CAMBIO DE VISIÓN

Los ediles sostienen que de ninguna manera son partícipes de que no se pague a los trabajadores que sí lo ameriten las indemnizaciones correspondientes, pero recalcan que en el último tiempo se han visto entrampados por la visión que existe en los tribunales de justicia. En muchos de los casos lo que hicieron fue no renovar estos contratos a honorarios “pero de igual forma se inician procesos judiciales y esto ha generado algunas sanciones de indemnización”, señala Ossandón.

El alcalde de Monte Patria dice que es importante explicar que los municipios no están facultados para tener contratos de trabajo “salvo algunas excepciones que son más bien temporales, que son para aquellos municipios que tienen balnearios. Pero en realidad no se nos permite hacer contrato de código laboral, por lo que no podemos nosotros pagar cotizaciones previsionales por concepto de ese tipo de contrataciones”.

Por lo tanto, agrega, que el tribunal cambie la pertinencia jurídica del código civil por la del código del trabajo “lo que está haciendo es que nos está castigando por algo para lo que en realidad nosotros no estamos facultados para hacer”.

Esa dificultad, puntualiza, los tiene hoy día en una complejidad “y además en juicios que a nosotros nos parecen también bastante injustos”. Esto porque actualmente los trabajadores de contrata o planta al realizar una mala labor, al no realizar su trabajo, al realizar cualquier acción que perjudique su honradez como funcionario, pueden ser despedidos inmediatamente y sin indemnización alguna “y resulta que los trabajadores a honorarios, tenemos que pagarles cotizaciones previsionales igual”.



IMPACTO ECONÓMICO

La gran complejidad, en opinión de los ediles, es que, al tener que asumir estos costos por indemnizaciones, se dejan de hacer proyectos sociales en los territorios. “Tenemos una comuna con una alta dispersión geográfica, con muchos problemas sociales a cuestas, que viene saliendo de una sequía bastante importante y esto nos limita en nuestro trabajo con la comunidad”, señala Camilo Ossandón.

Estos 160 millones de pesos que hoy deben cancelar, dice, les servirían para cubrir necesidades como por ejemplo la compra de dos maquinarias que requieren para poder resolver la reparación de caminos “o la construcción de 10 plazas pequeñas de población, asumir todo el costo del retiro de residuos domiciliarios durante un año, resolver materias de iluminación en casi todo el territorio de la comuna, en fin, una serie de iniciativas que se podrían abordar”.

Plantea que los perjudica también porque genera desconfianza en la población. “O sea, ahora toda la gente relaciona que el municipio tenga que pagar indemnizaciones con que Carabineros haga fiscalización y pase partes por eso, pero además quien no tiene conocimiento de cómo se están dando estos casos nos hace ver como que fuéramos incompetentes y la verdad es que no hay ningún municipio que hoy día esté ganando estos juicios”.

Recalca que, más allá de que pueda tener muchas convicciones con los derechos de los trabajadores “esta situación es completamente injusta, porque permite que personas que incluso hacen mal su trabajo reciben indemnizaciones millonarias por efecto de la jurisprudencia que hoy existe en los tribunales de justicia, no permitiéndole al municipio rectificar en la forma de contrato, pero además poniéndolo es una situación presupuestaria extremadamente compleja”.



PIDEN SOLUCIONES

El alcalde de Monte Patria dice que durante su gestión ha hecho ver esta situación en diversas instancias. “El año pasado le escribí a la Presidenta de la República, al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados, a los alcaldes y concejales de Chile, a nuestros diputados de la región y la verdad es que no he recibido ningún pronunciamiento de ninguno en esta materia”, afirma

A su juicio esto se resuelve a través de una ley corta en el Congreso, pero hasta ahora ha habido falta de voluntad “de todos los sectores políticos de resolver esta problemática, de tener reglas claras tanto para los trabajadores como para los organismos públicos que utilizan los servicios a honorarios para realizar algunas prestaciones a la comunidad”.

El presidente de la Asociación de Municipios de la región de Coquimbo y edil de Vicuña, Rafael Vera, reconoce que existe preocupación por esta situación. Siempre se entendió, indica, que los prestadores de servicio a honorarios se mantenían bajo esa figura “pero en el último tiempo los cambios de criterio de los tribunales nos han sorprendido, porque les están reconociendo una calidad laboral que nuestros departamentos jurídicos no comparten”.

Los alcaldes, manifiesta, tienen la responsabilidad de contratar a la mejor gente y en los puestos que se requieren “pero habitualmente lo que ocurre es que en los términos de contrato, las no renovaciones, se producen estos hechos. Eso cambiar las reglas del juego desde nuestro punto de vista”.

Los jefes comunales alegan que este nuevo escenario los ha llevado a repensar el desvincular a funcionarios que, pese a no cumplir con las expectativas, los tienen que dejar para no incurrir en estos gastos, lo que genera una sobredotación en las casas edilicias.

“Cuando a ti te colocan una camisa de fuerza la verdad es que tu movilidad es bastante menor y ha sido lo que hemos tenido que vivir los municipios en término de no poder hacer los cambios que nos gustaría como administradores”, precisa Vera.

Asimismo, al tener que incurrir en estos gastos, dice se dejan de hacer obras. “Nosotros hacemos una gran inversión que no recibimos del Estado y respondemos a necesidades que tiene la comuna, si no tuviéramos ese dinero nos metemos en una camisa de fuerza que nos impediría administrar de buena forma”.

Al respecto, Vera añade que “la verdad es que llevar a un municipio al extremo de no tener recursos para poder pagar este tipo de situaciones significa que el costo mayor se lo lleva la comunidad”

Pero, indica, mira con buenos ojos la Ley 20.922 que comenzaría a regir el próximo año, a través de la cual se espera aumentar los funcionarios a planta y a contrata. “Lo que nos va a permitir mejorar en cantidad y calidad de los contratos. Sé que hoy el tema nos complica, que se han tenido que pagar grandes sumas de dinero, pero esto se debería resolver”.

“Obviamente estamos preocupados, complicados y hemos dado los lineamientos a los municipios de que hay que esperar a llegar al 2019, donde se nos va a dar una oportunidad de encasillar a los funcionarios”, puntualiza. 3701iR

LOS GRANDES TAMBIÉN SUFREN

Hay que decir que uno de los grandes problemas que registran los municipios es la sobredotación de trabajadores a honorarios. Por esta razón desde La Serena y Coquimbo también han planteado que se realizan análisis en esta materia, lo que conllevaría a reducción de personal.

De hecho, el edil del puerto, Marcelo Pereira, anunció hace algunos días que se está analizando una planilla con cerca de 200 nombres de funcionarios que podrían ser desvinculados, tras una mala evaluación. “Yo voy a ir desvinculando a medida que no están cumpliendo. Hay funcionarios sumamente comprometidos, pero hay otros que no están haciendo nada”, señaló.

Pereira agregó que esta desvinculación se realizará sin importar color político y en forma paulatina. Esto porque reconoce que los casos podrían llegar a judicializarse y el municipio deberá pagar indemnizaciones que parten desde los $2 millones, lo que va a depender del tiempo de desempeño. “Si despido a 500 personas me quedo desbancado. He planteado hacer una evaluación paulatina y anual de desvinculación. Mi visión es que vayamos desvinculando a medida que nosotros, como municipio, en las arcas municipales tengamos los dineros para pagar la indemnización”, explicó.

Dice que el despedir hoy en día perjudica de forma importante las arcas municipales. Antiguamente, expresa, se podía prescindir de los trabajadores a honorarios “pero ahora si yo los desvinculo porque llega tarde, no realiza su trabajo, no realiza las metas de igual forma la tengo que indemnizar”. Lo que han hecho, en su caso, es lograr llegar a acuerdo para que el pago salga lo más rápido posible y no caer en juicios.

Eso les permitió desvincular a 150 personas el año pasado y este año pretender sumar otras 200 “porque ya tenemos un catastro, no estoy dando un número porque si, hemos detectado que no han cumplido”.

En el caso de La Serena, El Día solicitó información respecto de esta situación, sin embargo al cierre de esta edición todavía no eran entregados los datos. Lo que sí se sabe es que hasta abril del año pasado se había despedido a 100 personas y que, en vista de esto, también ha debido cancelar indemnizaciones.

http://www.diarioeldia.cl/region/millonarias-deudas-por-indemnizaciones-que-complican-municipios