Según informes técnicos y parlamentarios de derecha e izquierda, la respuesta del Ejecutivo y Senapred se caracterizó por “lentitud resolutiva” una “coordinación deficiente de municipios y gobernaciones” y “la priorización de la agenda legislativa por sobre la emergencia del gobierno de emergencia”.
Hace diez días, el Centro de Estudios Científicos Avanzados de Zonas Áridas (CEAZA) de Coquimbo, emitió dos informes técnicos sobre un sistema frontal con 300 mm de lluvia en la región entre el 15 y el 20 de julio, más de dos metros de nieve en cordillera, vientos de 60 a 100 km/h y posibles tormentas eléctricas.
Con los informes, el 13 de julio, una semana antes de la debacle, el diputado Daniel Manouchehri (PS) envió un oficio al Senapred y al Ministerio del Interior. El legislador exigió un reporte detallado de ocho puntos sobre la preparación estatal ante el inminente frente climático en Coquimbo.
La acción fiscalizadora apuntó a cuatro ejes críticos de seguridad y gestión de emergencias para proteger a la población y consultó por la eficacia del sistema SAE y los protocolos para evacuaciones nocturnas en zonas rurales.
Manouchehri pidió un catastro georreferenciado de puntos de riesgo en las 15 comunas para monitorear quebradas y ríos. El oficio solicitaba los planes de emergencia, rutas de evacuación y albergues; más un inventario de maquinaria pesada, motobombas y generadores en Elqui, Limarí y Choapa. Pero afirma que no tuvo respuesta.
De forma similar, el senador oficialista Matías Walker (DEM), el 15 de julio pasado, en una conversación con el experto Michel De L’Herbe, en un live de Instagram, advirtieron sobre un sistema frontal “histórico que afectará a Coquimbo con lluvias prolongadas”.
El especialista enfatizó que la población organizada era la primera respuesta ante la emergencia. De L’Herbe recomendó a las familias asegurar 72 horas de autonomía de agua, alimentos, baterías y medicamentos específicos para niños, bebés y enfermos crónicos.
Cerca de 12 horas antes de las lluvias en Coquimbo, el experto instó a los municipios a abrir albergues y coordinar evacuaciones preventivas, riesgos nocturnos y recordó el apoyo de los privados en los aluviones de 2015.
“Estamos ante un evento meteorológico extremo, sin precedentes en más de cinco décadas. Sin embargo, la magnitud del fenómeno no puede impedirnos evaluar críticamente la respuesta del Estado. Desde el viernes 17 estuve desplegada en terreno y visité el embalse Recoleta para evaluar directamente su nivel y las condiciones del sector. El sábado 18, en una segunda inspección, solicité públicamente la declaración de estado de catástrofe”, dijo la diputada Urqueta al El Mostrador.
Urqueta criticó la insuficiente respuesta del Estado, pese a contar con una nueva institucionalidad de prevención, la legisladora afirmó que los niveles comunal, provincial y regional fueron sobrepasados tempranamente por fallas críticas en coordinación y comunicaciones.
El sábado 18, advirtiendo el riesgo por el escurrimiento desde la cordillera, la legisladora solicitó formalmente el Estado de Catástrofe mediante oficios al Ministerio del Interior y Senapred. Sin embargo, denunció que la medida se decretó recién el 20 de julio, tras confirmarse víctimas fatales en la zona. “El Estado debe actuar preventivamente y no esperar a que la tragedia ocurra”, sentenció la parlamentaria.
“La declaración finalmente se decretó hoy, 20 de julio, pero llegó después de que tuviéramos que lamentar la pérdida de vecinos. Cuando existen proyecciones que anticipan un riesgo grave para la población, el Estado debe actuar preventivamente y no esperar a que la tragedia ocurra”, afirmó a El Mostrador.
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Hace diez días, el Centro de Estudios Científicos Avanzados de Zonas Áridas (CEAZA) de Coquimbo, emitió dos informes técnicos sobre un sistema frontal con 300 mm de lluvia en la región entre el 15 y el 20 de julio, más de dos metros de nieve en cordillera, vientos de 60 a 100 km/h y posibles tormentas eléctricas.
Con los informes, el 13 de julio, una semana antes de la debacle, el diputado Daniel Manouchehri (PS) envió un oficio al Senapred y al Ministerio del Interior. El legislador exigió un reporte detallado de ocho puntos sobre la preparación estatal ante el inminente frente climático en Coquimbo.
La acción fiscalizadora apuntó a cuatro ejes críticos de seguridad y gestión de emergencias para proteger a la población y consultó por la eficacia del sistema SAE y los protocolos para evacuaciones nocturnas en zonas rurales.
Manouchehri pidió un catastro georreferenciado de puntos de riesgo en las 15 comunas para monitorear quebradas y ríos. El oficio solicitaba los planes de emergencia, rutas de evacuación y albergues; más un inventario de maquinaria pesada, motobombas y generadores en Elqui, Limarí y Choapa. Pero afirma que no tuvo respuesta.
De forma similar, el senador oficialista Matías Walker (DEM), el 15 de julio pasado, en una conversación con el experto Michel De L’Herbe, en un live de Instagram, advirtieron sobre un sistema frontal “histórico que afectará a Coquimbo con lluvias prolongadas”.
El especialista enfatizó que la población organizada era la primera respuesta ante la emergencia. De L’Herbe recomendó a las familias asegurar 72 horas de autonomía de agua, alimentos, baterías y medicamentos específicos para niños, bebés y enfermos crónicos.
Cerca de 12 horas antes de las lluvias en Coquimbo, el experto instó a los municipios a abrir albergues y coordinar evacuaciones preventivas, riesgos nocturnos y recordó el apoyo de los privados en los aluviones de 2015.
Diputada
La diputada Eileen Urqueta (PDG) entregó un crítico reporte desde el Embalse Recoleta en la mañana del sábado 17. Constató el colapso de la infraestructura regional y exigió al Presidente José Antonio Kast decretar Estado de Catástrofe. Según Urqueta, la medida administrativa permitiría movilizar maquinaria pesada y recursos de emergencia necesarios para las provincias damnificadas.“Estamos ante un evento meteorológico extremo, sin precedentes en más de cinco décadas. Sin embargo, la magnitud del fenómeno no puede impedirnos evaluar críticamente la respuesta del Estado. Desde el viernes 17 estuve desplegada en terreno y visité el embalse Recoleta para evaluar directamente su nivel y las condiciones del sector. El sábado 18, en una segunda inspección, solicité públicamente la declaración de estado de catástrofe”, dijo la diputada Urqueta al El Mostrador.
Urqueta criticó la insuficiente respuesta del Estado, pese a contar con una nueva institucionalidad de prevención, la legisladora afirmó que los niveles comunal, provincial y regional fueron sobrepasados tempranamente por fallas críticas en coordinación y comunicaciones.
El sábado 18, advirtiendo el riesgo por el escurrimiento desde la cordillera, la legisladora solicitó formalmente el Estado de Catástrofe mediante oficios al Ministerio del Interior y Senapred. Sin embargo, denunció que la medida se decretó recién el 20 de julio, tras confirmarse víctimas fatales en la zona. “El Estado debe actuar preventivamente y no esperar a que la tragedia ocurra”, sentenció la parlamentaria.
“La declaración finalmente se decretó hoy, 20 de julio, pero llegó después de que tuviéramos que lamentar la pérdida de vecinos. Cuando existen proyecciones que anticipan un riesgo grave para la población, el Estado debe actuar preventivamente y no esperar a que la tragedia ocurra”, afirmó a El Mostrador.
La Moneda opta por “esperar análisis”
Pese a varias señales de alerta detectadas por parlamentarios, el gobierno del Presidente José Antonio Kast enfrenta una ola de cuestionamientos por la gestión de la crisis generada por el sistema frontal que ha afectado a diez regiones del país.
Lentitud en medio del desastre: Tras cinco días de emergencia gobierno decreta Estado de Excepción | El Mostrador
Coquimbo enfrentó un frente histórico con 300 mm de lluvia. Pese a las alertas tempranas de Manouchehri y Walker, la gestión del gobierno de Kast fue tildada de tardía y deficiente. El Estado de Catástrofe se decretó con cinco días de retraso, el 20 de julio, cuando ya había víctimas fatales...
