“Ley Mordaza 2.0: el polémico proyecto que busca penas de cárcel para periodistas y sus fuentes se votará en el Senado

ANATEL, el Colegio de Periodistas y destacados constitucionalistas afirman que la normativa inhibe el periodismo de investigación y favorece la impunidad en casos de corrupción de alto nivel. El proyecto esta en tabla para discutirse este martes en el Senado.​

Un profundo debate y transversal rechazo ha generado en el mundo de las comunicaciones y el derecho la tramitación del proyecto de ley bautizado como “Ley Mordaza 2.0”. La iniciativa legal busca imponer severas sanciones, contemplando penas de hasta cinco años de cárcel o multas que alcanzan las 500 UTM, a aquellas personas que difundan antecedentes correspondientes a causas judiciales que se encuentren en su etapa de investigación.

Este proyecto, ingresado en abril de 2025 por los senadores Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperger (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS), está en tabla para ser discutido por el Senado durante este martes 4 de agosto.

Frente a este escenario, la Asociación Nacional de la Prensa, ANATEL, el Colegio de Periodistas y destacados abogados constitucionalistas, como Marisol Peña y Javier Couso, han alzado la voz para advertir que la medida criminaliza la libre circulación de información de interés público, amenazando directamente la esencia del periodismo de investigación.

Vulneración de garantías constitucionales e internacionales​

Durante el debate parlamentario, los expertos han esgrimido que la propuesta colisiona frontalmente con el ordenamiento jurídico. En el plano local, vulnera la libertad de emitir opinión y de informar (Artículo 19 N°12 de la Constitución), imponiendo una figura de censura indirecta al castigar penalmente la divulgación de datos. Asimismo, transgrede el principio de tipicidad y legalidad (Artículo 19 N°3), dado que utiliza términos jurídicamente ambiguos como “el que difunda”, lo que en la práctica criminaliza no no solo a los reporteros y sus fuentes, sino a la ciudadanía en general.

A nivel internacional, la jurista Marisol Peña enfatizó que el proyecto viola normativas suscritas por Chile, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), la cual protege el derecho a buscar y difundir información, prohibiendo la restricción por vías indirectas. De igual forma, choca con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los estándares de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, organismo que considera desproporcionado el uso del derecho penal para sancionar la difusión de asuntos públicos en una sociedad democrática.

Impacto democrático y un complejo contexto judicial​

Los constitucionalistas Javier Couso y Francisco Cox han profundizado en las consecuencias institucionales de esta iniciativa, advirtiendo que genera un clima de autocensura periodística que termina favoreciendo la impunidad y la opacidad democrática. De aprobarse la ley, se debilitaría el control ciudadano, impidiendo que la opinión pública conozca los avances investigativos en casos críticos vinculados a la corrupción estatal, la trata de personas o el crimen organizado.

Esta arremetida en el Senado ocurre, paradójicamente, en un momento donde las instituciones persecutoras han respaldado el ejercicio periodístico. Recientemente, el 30 de junio, el Poder Judicial dictó una sentencia definitiva que encarceló a un juez y a un general por espiar a un periodista utilizando la Ley de Inteligencia. A esto se suma que, el pasado 28 de julio, el fiscal nacional emitió una instrucción escrita ordenando a todos los persecutores abstenerse de adoptar medidas intrusivas contra profesionales de la prensa en el marco de su labor.

En este contexto, los críticos concluyen que aprobar multas millonarias y cárcel por informar sobre causas judiciales representaría un retroceso histórico, consagrando una norma legal que ni siquiera existió durante la dictadura.