Las objeciones a la norma que obliga a reconectar gratuitamente los servicios básicos en zonas afectadas por catástrofes no se limitan solo a los plazos establecidos. Así lo advertieron las empresas eléctricas y de gas frente a la exigencia que podría tensionar su capacidad de respuesta durante emergencias, generar riesgos de seguridad y, según expertos, incrementar los costos que terminarían reflejándose en las tarifas de los usuarios. El artículo 31 de la Ley de Reconstrucción Nacional, cuya constitucionalidad fue respaldada por el Tribunal Constitucional (TC) con una votación de nueve a uno, establece que las distribuidoras deben restablecer gratuitamente el suministro a usuarios residenciales y mipymes, incluso si el corte se produjo antes de la catástrofe por razones de impago.
Esto significa que también deberán reconectar a aquellos que están morosos. El plazo máximo es de 48 horas para electricidad y gas, y de 24 horas para agua potable y alcantarillado. Fuentes de La Moneda han señalado que el Gobierno está preparando una ley corta para modificar estas disposiciones; sin embargo, el biministro del Interior y vocero de Gobierno, un funcionario, cerró la puerta a esa posibilidad, asegurando que "no son los tiempos para iniciar un nuevo debate".
El principal foco de preocupación se encuentra en las 48 horas, especialmente en el caso del gas, donde la reconexión requiere verificar previamente que las instalaciones sean seguras. Para la industria, el problema radica en que una regla uniforme no considera las condiciones concretas de cada emergencia. El riesgo de desviar recursos de quienes realmente necesitan el suministro Desde el sector eléctrico, se ha planteado una crítica inicial sobre cómo se distribuyen los recursos durante una catástrofe.
Un director ejecutivo de Empresas Eléctricas advirtió a Emol que las mismas cuadrillas encargadas de reparar infraestructura dañada podrían acabar atendiendo reconexiones individuales de clientes que ya tenían el suministro suspendido. "Esto puede retrasar la reposición a aquellos que realmente perdieron el suministro a causa de la catástrofe. Durante una emergencia, las mismas cuadrillas que reparan postes, líneas y transformadores para devolver la electricidad a miles de hogares tendrán que destinarse también a reconexiones individuales, incluso de suministros que estaban cortados desde antes".
"Esto puede retrasar la reposición a quienes realmente perdieron el suministro por la catástrofe. En una emergencia, las mismas cuadrillas que están reparando postes, líneas y transformadores para devolver la electricidad a miles de hogares deberán destinarse también a reconexiones individuales, incluso de suministros que estaban cortados desde antes". A esto se suma una segunda dificultad, relacionada con un tema operacional: cumplir con las 48 horas podría ser inviable cuando hay caminos bloqueados, infraestructura dañada o instalaciones que aún no pueden ser intervenidas.
"Esto obliga a cumplir plazos que pueden ser materialmente imposibles y poner en riesgo la seguridad de las personas", afirmó el director. En tercer lugar, el ejecutivo cuestionó que el plazo sea idéntico para cualquier tipo de emergencia. En su opinión, la regulación debería tener en cuenta la magnitud del evento y el estado de las redes, ya que "esta norma reemplaza ese criterio técnico por un plazo único y rígido, sin importar si se trata de una interrupción menor o de infraestructura gravemente dañada".
Gas: una reconexión que no puede ser reducida a un trámite La discusión se torna más compleja en el caso del gas natural. La Asociación de Empresas de Gas Natural planteó a Emol que la normativa no distingue adecuadamente entre la reposición de este suministro y la de otros servicios básicos, dado que reabrir una instalación implica comprobar previamente la ausencia de fugas u otras condiciones peligrosas. "Un plazo perentorio, indiferenciado e imposible de cumplir sin arriesgar la seguridad.
Se establece un plazo de 48 horas idénticos para todos los casos, sin distinguir las condiciones reales tras una catástrofe -acceso, daño estructural dentro de los muros, necesidad de certificación". La asociación añadió que existen exigencias de seguridad que deben cumplirse incluso en escenarios de emergencia. Entre estas se incluyen la inspección de las instalaciones, pruebas de hermeticidad, revisión de artefactos y la presencia de un adulto antes de habilitar el servicio.
"Un plazo perentorio, indiferenciado e imposible de cumplir sin arriesgar la seguridad. Fija 48 horas idénticas para todos los casos, sin distinguir las condiciones reales tras una catástrofe -acceso, daño estructural dentro de los muros, necesidad de certificación. En los hechos, obliga a elegir entre cumplir el plazo o restablecer de forma segura".
Otro reparo radica en que el artículo 31 podría generar incompatibilidades entre esas obligaciones y el plazo impuesto. La AGN sostuvo que la norma podría sancionar situaciones en las que la empresa no tiene la capacidad técnica para intervenir de forma segura. "Sanciona con compensaciones automáticas una imposibilidad técnica.
Adjunta penalidades por no cumplir un plazo que la propia técnica declara impracticable, sin distinguir si el incumplimiento se debe o no a la empresa". El posible costo para las tarifas La discusión sobre la viabilidad de la norma también plantea una interrogante económica para las familias: ¿cuánto costaría contar con los recursos suficientes para cumplir permanentemente con el estándar de 48 horas frente a una catástrofe? Un académico de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago de Chile es contundente: "tal como está (la norma), indudablemente las tarifas aumentarían.
Debido a que para cumplir con las 48 horas habría que financiar en tarifa todas las cuadrillas necesarias". El académico explicó a Emol que el inconveniente no sería simplemente aumentar algunos equipos, sino multiplicar significativamente la capacidad disponible. "Las cuadrillas se financian en el componente de distribución del modelo de la empresa.
Por ejemplo, si actualmente financia 300 cuadrillas, para alcanzar las 48 horas habría que multiplicarlas por al menos 10 veces. Eso es una locura". "Tal como está, indudablemente subirían las tarifas.
Dado que para cumplir con las 48 horas habría que financiar en tarifa todas las cuadrillas necesarias". Para el académico, el objetivo de proteger a los usuarios es relevante, pero el mecanismo aprobado no considera adecuadamente las condiciones reales en las que tendría que operar. "La norma tiene un buen espíritu, pero omite completamente la viabilidad de la misma", acotó.
Y alertó que mantener el estándar sin modificarlo podría tener dos consecuencias: dificultades para cumplirlo en una emergencia y mayores costos para financiar la capacidad necesaria. "Así, por un lado, las 48 horas se convierten en algo impracticable; y por otro, si se mantiene la norma, las tarifas indudablemente tendrían que aumentar para poder cumplir con el estándar de las 48 horas". Una ley corta Desde las empresas de servicios básicos sugieren que cualquier modificación legal no debería eliminar la obligación de facilitar las reconexiones, sino distinguir entre aquellos trámites que pueden flexibilizarse y las verificaciones técnicas que deben cumplirse.
Fuentes internas de estas empresas comentaron a Emol que el camino debería ser "una ley corta que distinga entre trámites y verificaciones", aunque el Ejecutivo no avanzará en esa dirección. Como referencia, mencionan una resolución de la SEC dictada tras los incendios de Valparaíso, que permitió flexibilizar aspectos administrativos, pero mantuvo intactas las exigencias de seguridad. "El principio rector ya existe.
Después de los incendios de Valparaíso, la Resolución Exenta SEC N°8. 222/2015 simplificó lo administrativo —el pago previo, el cobro de la visita— pero mantuvo todas las verificaciones de seguridad. Ese es el modelo: se puede simplificar el trámite, no la verificación", precisaron.
Entre las modificaciones que proponen estaría diferenciar el gas de la electricidad y el agua, sustituir el plazo rígido por un estándar de reposición que dependa de las condiciones de seguridad, mantener como obligatorias las verificaciones técnicas y priorizar servicios críticos antes que reconexiones individuales. También sugieren que las compensaciones deberían aplicarse únicamente cuando la empresa tenga responsabilidad, excluyendo situaciones de imposibilidad técnica o fuerza mayor derivadas directamente de una catástrofe.
Esto significa que también deberán reconectar a aquellos que están morosos. El plazo máximo es de 48 horas para electricidad y gas, y de 24 horas para agua potable y alcantarillado. Fuentes de La Moneda han señalado que el Gobierno está preparando una ley corta para modificar estas disposiciones; sin embargo, el biministro del Interior y vocero de Gobierno, un funcionario, cerró la puerta a esa posibilidad, asegurando que "no son los tiempos para iniciar un nuevo debate".
El principal foco de preocupación se encuentra en las 48 horas, especialmente en el caso del gas, donde la reconexión requiere verificar previamente que las instalaciones sean seguras. Para la industria, el problema radica en que una regla uniforme no considera las condiciones concretas de cada emergencia. El riesgo de desviar recursos de quienes realmente necesitan el suministro Desde el sector eléctrico, se ha planteado una crítica inicial sobre cómo se distribuyen los recursos durante una catástrofe.
Un director ejecutivo de Empresas Eléctricas advirtió a Emol que las mismas cuadrillas encargadas de reparar infraestructura dañada podrían acabar atendiendo reconexiones individuales de clientes que ya tenían el suministro suspendido. "Esto puede retrasar la reposición a aquellos que realmente perdieron el suministro a causa de la catástrofe. Durante una emergencia, las mismas cuadrillas que reparan postes, líneas y transformadores para devolver la electricidad a miles de hogares tendrán que destinarse también a reconexiones individuales, incluso de suministros que estaban cortados desde antes".
"Esto puede retrasar la reposición a quienes realmente perdieron el suministro por la catástrofe. En una emergencia, las mismas cuadrillas que están reparando postes, líneas y transformadores para devolver la electricidad a miles de hogares deberán destinarse también a reconexiones individuales, incluso de suministros que estaban cortados desde antes". A esto se suma una segunda dificultad, relacionada con un tema operacional: cumplir con las 48 horas podría ser inviable cuando hay caminos bloqueados, infraestructura dañada o instalaciones que aún no pueden ser intervenidas.
"Esto obliga a cumplir plazos que pueden ser materialmente imposibles y poner en riesgo la seguridad de las personas", afirmó el director. En tercer lugar, el ejecutivo cuestionó que el plazo sea idéntico para cualquier tipo de emergencia. En su opinión, la regulación debería tener en cuenta la magnitud del evento y el estado de las redes, ya que "esta norma reemplaza ese criterio técnico por un plazo único y rígido, sin importar si se trata de una interrupción menor o de infraestructura gravemente dañada".
Gas: una reconexión que no puede ser reducida a un trámite La discusión se torna más compleja en el caso del gas natural. La Asociación de Empresas de Gas Natural planteó a Emol que la normativa no distingue adecuadamente entre la reposición de este suministro y la de otros servicios básicos, dado que reabrir una instalación implica comprobar previamente la ausencia de fugas u otras condiciones peligrosas. "Un plazo perentorio, indiferenciado e imposible de cumplir sin arriesgar la seguridad.
Se establece un plazo de 48 horas idénticos para todos los casos, sin distinguir las condiciones reales tras una catástrofe -acceso, daño estructural dentro de los muros, necesidad de certificación". La asociación añadió que existen exigencias de seguridad que deben cumplirse incluso en escenarios de emergencia. Entre estas se incluyen la inspección de las instalaciones, pruebas de hermeticidad, revisión de artefactos y la presencia de un adulto antes de habilitar el servicio.
"Un plazo perentorio, indiferenciado e imposible de cumplir sin arriesgar la seguridad. Fija 48 horas idénticas para todos los casos, sin distinguir las condiciones reales tras una catástrofe -acceso, daño estructural dentro de los muros, necesidad de certificación. En los hechos, obliga a elegir entre cumplir el plazo o restablecer de forma segura".
Otro reparo radica en que el artículo 31 podría generar incompatibilidades entre esas obligaciones y el plazo impuesto. La AGN sostuvo que la norma podría sancionar situaciones en las que la empresa no tiene la capacidad técnica para intervenir de forma segura. "Sanciona con compensaciones automáticas una imposibilidad técnica.
Adjunta penalidades por no cumplir un plazo que la propia técnica declara impracticable, sin distinguir si el incumplimiento se debe o no a la empresa". El posible costo para las tarifas La discusión sobre la viabilidad de la norma también plantea una interrogante económica para las familias: ¿cuánto costaría contar con los recursos suficientes para cumplir permanentemente con el estándar de 48 horas frente a una catástrofe? Un académico de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago de Chile es contundente: "tal como está (la norma), indudablemente las tarifas aumentarían.
Debido a que para cumplir con las 48 horas habría que financiar en tarifa todas las cuadrillas necesarias". El académico explicó a Emol que el inconveniente no sería simplemente aumentar algunos equipos, sino multiplicar significativamente la capacidad disponible. "Las cuadrillas se financian en el componente de distribución del modelo de la empresa.
Por ejemplo, si actualmente financia 300 cuadrillas, para alcanzar las 48 horas habría que multiplicarlas por al menos 10 veces. Eso es una locura". "Tal como está, indudablemente subirían las tarifas.
Dado que para cumplir con las 48 horas habría que financiar en tarifa todas las cuadrillas necesarias". Para el académico, el objetivo de proteger a los usuarios es relevante, pero el mecanismo aprobado no considera adecuadamente las condiciones reales en las que tendría que operar. "La norma tiene un buen espíritu, pero omite completamente la viabilidad de la misma", acotó.
Y alertó que mantener el estándar sin modificarlo podría tener dos consecuencias: dificultades para cumplirlo en una emergencia y mayores costos para financiar la capacidad necesaria. "Así, por un lado, las 48 horas se convierten en algo impracticable; y por otro, si se mantiene la norma, las tarifas indudablemente tendrían que aumentar para poder cumplir con el estándar de las 48 horas". Una ley corta Desde las empresas de servicios básicos sugieren que cualquier modificación legal no debería eliminar la obligación de facilitar las reconexiones, sino distinguir entre aquellos trámites que pueden flexibilizarse y las verificaciones técnicas que deben cumplirse.
Fuentes internas de estas empresas comentaron a Emol que el camino debería ser "una ley corta que distinga entre trámites y verificaciones", aunque el Ejecutivo no avanzará en esa dirección. Como referencia, mencionan una resolución de la SEC dictada tras los incendios de Valparaíso, que permitió flexibilizar aspectos administrativos, pero mantuvo intactas las exigencias de seguridad. "El principio rector ya existe.
Después de los incendios de Valparaíso, la Resolución Exenta SEC N°8. 222/2015 simplificó lo administrativo —el pago previo, el cobro de la visita— pero mantuvo todas las verificaciones de seguridad. Ese es el modelo: se puede simplificar el trámite, no la verificación", precisaron.
Entre las modificaciones que proponen estaría diferenciar el gas de la electricidad y el agua, sustituir el plazo rígido por un estándar de reposición que dependa de las condiciones de seguridad, mantener como obligatorias las verificaciones técnicas y priorizar servicios críticos antes que reconexiones individuales. También sugieren que las compensaciones deberían aplicarse únicamente cuando la empresa tenga responsabilidad, excluyendo situaciones de imposibilidad técnica o fuerza mayor derivadas directamente de una catástrofe.
Los seis principales problemas que las empresas de servicios básicos alertan sobre la reconexión: se prevé un aumento en las tarifas
Las objeciones a la norma que obliga a reconectar gratuitamente los servicios básicos en zonas afectadas por catástrofes no se limitan solo a los plazos es
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