Mapuche que le quita su tierra a otro mapuche, otra dramática dimensión de la crisis en la Macrozona

Mapuche que le quita su tierra a otro mapuche, otra dramática dimensión de la crisis en la Macrozona Sur

Desde la IX Región hablan de un fenómeno que ocurre cada vez que se “corre la voz” de que la Conadi pudiese estar por concretar una compra a través del Fondo para Tierras y Aguas Indígenas: la toma de ese mismo predio por parte de una comunidad distinta a la que originalmente había hecho la solicitud. La práctica no solo crea disputas sino que afecta principalmente a comunidades pacíficas, que cumplen con todos los requisitos, y llevan años esperando por el beneficio.

La Comunidad José María Colpihueque publicó un comunicado en su cuenta de Facebook. Denuncian que el lunes amanecieron con unos letreros instalados en un fundo colindante. “Somos nosotros quienes tenemos el Título de Merced de dicho predio, el cual presentamos en Conadi y hemos esperado durante largos años pacíficamente una compra de terreno”, aclaran.

La toma la hizo otra comunidad mapuche, quienes instalaron varios lienzos, uno de ellos que indica: “El pueblo mapuche recupera sus tierras y el Estado terrorista los encarcela”. Esta otra comunidad se apellida Antillanca, son oriundos de la comuna Padre de las Casas y ya en los alrededores del año 2015 la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) los favoreció con una compra de tierras en la comuna de Loncoche, puesto que decidieron trasladar su comunidad ya que son los beneficiados quienes privilegian qué terreno comprar.

La tierra es uno de los ejes centrales de la Ley N° 19.253, conocida como Ley Indígena. Con su aprobación, en 1993, se crea un Fondo para Tierras y Aguas Indígenas, administrado por la Conadi, que es el que permite restituir terreno a comunidades. El instrumento establece dos modalidades de financiamiento, en los literales A y B del artículo 20. El primero otorga subsidios para la adquisición de tierras por personas, comunidades indígenas o una parte de éstas cuando la superficie de las tierras de la respectiva comunidad sea insuficiente. El segundo, permite el financiamiento de tierras en conflicto provenientes de los títulos de merced.



Afirma el texto publicado por la Comunidad José María Colpihueque: “Desconocemos quienes se adjudican la instalación o su propósito. En primer lugar mencionar que no estamos involucrados y desconocemos a quién pertenece. En segundo lugar, nuestra comunidad se caracteriza por ser pacífica y de diálogo siguiendo los conductos regulares durante todos los años que tiene nuestra comunidad”.

Y agregan: “Con este comunicado no queremos vernos involucrados en conflictos, respetamos a todos nuestros peñis, a nuestras lamngen; tratamos de vivir lo más apegado posible a nuestra cosmovisión mapuche. El fin de esta publicación es que no se nos perjudique como comunidad en la compra de terreno que anhelamos durante muchos años y no vernos en conflictos en algo que por derecho nos pertenece”.

Esta es la forma que encontró la Comunidad José María Colpihueque de cuidarse las espaldas. Como resultado de una glosa presente desde hace varios años en la Ley de Presupuesto, la Conadi no puede comprar predios que estén “perturbados”, es decir marcados o tomados ya que Contraloría, que es la instancia que finalmente autoriza esta acción de la Conadi, no tomaría razón de esos procesos.

La glosa lo que busca es precisamente desincentivar las usurpaciones. Un fenómeno que este año ha inquietado particularmente a las autoridades, ya que extraoficialmente se calcula que podrían ser alrededor de 120 los terrenos que se encuentran tomados en la región de La Araucanía. Aunque según la información que trascendió de la visita del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, a la Macrozona Sur la semana pasada, son 60 las tomas ocurridas entre el 1 de enero y el 23 de febrero en el área. Una cifra que igualmente es considerada alta, ya que en el mismo período de 2020 se contabilizaron 7 usurpaciones.

En el caso de los Colpihueque el proceso de compra continúa corriendo, ya que no fueron ellos quienes causaron la perturbación del terreno. Sin embargo, mientras la usurpación continúe la Conadi no puede intervenir y corresponde a las comunidades en disputa ponerse de acuerdo; y a la Intendencia y Carabineros lo concerniente a la seguridad pública. En caso de entendimiento y que los Antillanca cedan a favor de quienes ya tenían la primera opción de compra por haber cumplido con todos los requisitos, igualmente el proceso se ralentiza porque hay que acreditar ante Contraloría que efectivamente ya no existe ninguna “perturbación” en ese campo.

Ya la comunidad Colpihueque cuenta además con el Informe Jurídico Administrativo favorable, conocido como “aplicabilidad”, además la Conadi privilegia a aquellos que no han sido beneficiados con tierras previamente, el cual es su caso. Esto último además los ubica primeros en la fila en comparación con quienes ahora reclaman el mismo campo. Una lista que se ordena por la antigüedad de las aplicabilidades y que corre a medida que el organismo va logrando compras.

Conadi: “La compra de tierras no está paralizada”
Conocedores de cómo opera el proceso de compra de tierras por parte de Conadi explican que este no es un hecho aislado, pues cuando se “corre la voz” de que la Corporación va a realizar alguna transacción es frecuente que integrantes de otras comunidades se tomen el campo con el objetivo de ser beneficiados con esas tierras, creyendo que es el más “choro” el que se va a quedar con el predio. No obstante, indican, así no opera el sistema, pues Contraloría lo que verifica es que precisamente la comunidad beneficiada cumpla con todos los requisitos, lo que implica no estar involucrados en perturbaciones de terrenos.

“Hay una nula conciencia colectiva”, apuntan. “Con este tipo de acciones ellos mismos retrasan los procesos y son las comunidades más tranquilas quienes lo padecen”. Este tipo de intervenciones crea mayores disputas entre las comunidades, ya que puede haber amenazas, por ejemplo, de quemar la tierra en caso de que la comunidad que espera pacientemente en la fila opte por denunciar.

En estos casos también se ven afectados los propietarios de los fundos, ya que no pueden vender ni tampoco trabajar el terreno por encontrarse usurpado.

La política de entrega de tierras por parte de la Conadi incluso fue apuntada como uno de los motivos que desencadenó el aumento en el número de tomas, hecho que fue desmentido en días pasados por su director nacional Ignacio Malig, quien llamó a “preferir la institucionalidad”, “tener paciencia” y “condenar todo tipo de violencia”.

“La compra de tierras no está paralizada. Hacemos el llamado a que las comunidades no efectúen ningún tipo de violencia, porque no podemos comprar ningún predio perturbado (…) y a tener paciencia, porque sabemos que el proceso puede no ser tan rápido como se espera”, cita el Diario Austral a Malig en su edición del 25 de febrero.

En esas mismas declaraciones, el Director Nacional de la Conadi precisó que en los últimos tres años se han adquirido 30.725 hectáreas para comunidades mapuche: 7.169 hectáreas por el fondo de tierras conocido como “20A” y 23.556 hectáreas por el fondo “20B”.

Malig también subrayó que desde que existe esta política, Conadi ha comprado 271.590 hectáreas en total para comunidades mapuche. Otro dato entregado indica que hay 661 comunidades con aplicabilidad que tienen procesos pendientes, pero de ellas hay solo 210 que no tienen ninguna compra previa. “Debemos priorizar a las comunidades por la antigüedad de su demanda, a las que nunca han tenido una compra (…) pero lógicamente siempre hay una demanda insatisfecha. Los recursos siempre son escasos”, reiteró.

Menos presupuesto
En abril de 2018 el Gobierno solicitó a la Contraloría elaborar un catastro de las tierras indígenas. Diecisiete meses después se dio a conocer que el ente no podía completar la tarea argumentando que les faltan mecanismos para verificar la información que levanta la Conadi. Sin embargo, El Mercurio informó que se restaron al hallar compras de tierras sin documentación jurídica administrativa que la respalde. La Contraloría encontró datos faltantes en el período de 2007 a 2009.

El catastro fallido le iba a permitir al Gobierno determinar cuánto de la deuda del Estado con los indígenas se ha saldado ya, a quién se le sigue debiendo y cuánto falta para terminar de pagar; pues se ha identificado la existencia de comunidades con mucha más tierra de la que deberían tener, debido a que sus títulos de merced han sido restituidos de forma exponencial; casos en los que se entregó tierras sin la existencia de títulos, y otros de comunidades que cumplen cabalmente con sus requisitos, han esperado durante años y aún no han sido beneficiadas.

La Fundación Rakizuam, centro de política mapuche, emitió a principios de 2019 el documento “10 razones para actualizar la Ley Indígena 19.253”. Allí señalan: “A partir de un título de merced se han llegado a conformar 14 comunidades indígenas, lo cual genera atomización y división, atentando contra la unidad territorial y convirtiéndose en un obstáculo para el desarrollo, la eficiencia y eficacia en la distribución de los recursos”.

De acuerdo con un documento entregado por la Conadi al Senado en marzo de 2019, a través del Archivo General de Asuntos Indígenas (AGAI) determinaron que existen 2.923 Títulos de Merced registrados: 83 en el Biobío; 2.326 en La Araucanía, 474 en Los Ríos y 40 en Los Lagos. Asimismo, también informaron que de esos hay 2.590 Títulos de Merced que no han sido utilizados, hasta ese momento, para compra de tierras.

En números gruesos el presupuesto anual de la Conadi suele rondar los $120.000 millones, de ese monto para la compra de tierras se destinan cerca de $80.000 millones. El presupuesto de 2019 para el Fondo para Tierras y Aguas Indígenas fue de $74.310 millones. La cifra que aparecía en el proyecto de presupuesto para 2020 era de $72.814 millones. Monto que habría sufrido recortes debido a la pandemia causada por la Covid-19 y el presupuesto asignado con este fin para 2021 rondaba los $63.000 millones.

El año pasado el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto se embarcaron en un proceso de revisión del gasto público y como resultado de eso 66% de los programas públicos sufriría recortes presupuestarios este año.

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