Una investigación identificó 115 extranjeros condenados por delitos de drogas con rebajas de penas, incluido traficante vinculado a cargamento de 1.091 kilos.El ministro de Justicia, Fernando Rabat, enfrenta nuevos cuestionamientos por las rebajas de condenas concedidas a extranjeros condenados por delitos de drogas.
Una investigación de Interferencia identificó 115 beneficiados entre 150 decretos de reducción de penas revisados durante este año. Entre los casos figura un ciudadano boliviano condenado por participar en una operación que transportaba más de una tonelada de estupefacientes.
El trabajo examinó decretos de reducción de condenas a ciudadanos extranjeros. Según el reportaje, el Ministerio de Justicia no se opuso a ninguno de los 115 beneficios identificados. Los documentos incluyen resoluciones firmadas por Rabat y otras suscritas por el entonces subsecretario Luis Silva, en calidad de ministro subrogante.
La operación había comenzado en Cariquima, comuna de Colchane, y contemplaba la coordinación de tres vehículos mediante radios. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique condenó a Ramos a cinco años y un día de presidio. Durante el proceso, la Delegación Presidencial de Tarapacá emitió un informe desfavorable sobre su eventual expulsión como pena sustitutiva, alternativa que el tribunal descartó por la extensión de la condena. El 12 de mayo de 2026, Justicia rebajó su pena en tres meses y fijó su salida para dos días después.
El 14 de noviembre de 2022 fue condenado a cinco años y un día de presidio. Un informe de Gendarmería de abril de 2024 lo calificó con un nivel alto de riesgo de reincidencia y no recomendó concederle una pena mixta. En 2025, la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Antofagasta también rechazó por unanimidad su solicitud, señalando la falta de avances en su reinserción social. Pese a esos antecedentes, el 1 de junio de 2026 Luis Silva firmó, como ministro subrogante, el decreto que le rebajó seis meses de condena.
Liscano recibió cinco años y un día de presidio por tráfico de drogas y sus solicitudes de pena mixta fueron rechazadas en 2024 y 2025. El 10 de abril de 2026, Rabat firmó el decreto que redujo su condena. Mora Araya también obtuvo una rebaja firmada por el ministro. Ambos quedaron en libertad.
Uno de ellos es Wilber Tenajas Orellana, ciudadano boliviano detenido el 7 de noviembre de 2022 junto a un grupo que ingresó a pie por Quebrada Chica, junto a la ruta CH-27, en dirección al Paso Jama. Transportaban 291,5 kilos de marihuana.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama lo condenó a cuatro años y cinco meses de presidio el 31 de mayo de 2023. Después del rechazo de su solicitud de pena mixta en agosto de 2024, recibió una rebaja de siete meses mediante un decreto firmado por Silva el 7 de septiembre de 2026. Su término de condena pasó del 8 de abril de 2027 al 8 de septiembre de 2026.
Sin embargo, una investigación de Ciper Chile publicada el 4 de noviembre identificó resoluciones de las cortes de apelaciones de Santiago y Valparaíso que establecieron que el Ministerio de Justicia debía emitir el pronunciamiento correspondiente y que mantenía facultades para reconocer o rechazar el beneficio.
El medio revisó 15 recursos de amparo presentados durante 2026 y encontró que 13 resoluciones ordenaban a la cartera pronunciarse sobre las solicitudes, sin sustituir su competencia administrativa.
Los nuevos antecedentes se suman a la controversia por las 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, también justificadas por el Ministerio de Justicia mediante la interpretación jurídica defendida por Rabat.
La acumulación de ambos casos vuelve a poner bajo escrutinio las decisiones de la cartera y el criterio utilizado para conceder reducciones de penas a condenados por delitos de alta connotación pública.
eldesconcierto.cl
Apúrate @MALAS PULGAS el bot @Centurion_cl los pedófilos @Sin Ley @imaglar @blackburn @Cybertron90 , @Sin diente(pasta-man) @igmin @lvillanu @acuarius @Gato.negro
Una investigación de Interferencia identificó 115 beneficiados entre 150 decretos de reducción de penas revisados durante este año. Entre los casos figura un ciudadano boliviano condenado por participar en una operación que transportaba más de una tonelada de estupefacientes.
El trabajo examinó decretos de reducción de condenas a ciudadanos extranjeros. Según el reportaje, el Ministerio de Justicia no se opuso a ninguno de los 115 beneficios identificados. Los documentos incluyen resoluciones firmadas por Rabat y otras suscritas por el entonces subsecretario Luis Silva, en calidad de ministro subrogante.
Cargamento de más de una tonelada de droga
Uno de los casos de mayor volumen corresponde al boliviano Jhoel Ramos Antesana, detenido el 14 de julio de 2021 en la ruta A-97B, en el sector de Alto Lirima, comuna de Pica, Región de Tarapacá. Viajaba como acompañante en una camioneta que cumplía funciones de "punta de lanza" para un cargamento compuesto por 867 kilos de marihuana, 198,7 kilos de clorhidrato de cocaína y 25,3 kilos de pasta base.La operación había comenzado en Cariquima, comuna de Colchane, y contemplaba la coordinación de tres vehículos mediante radios. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique condenó a Ramos a cinco años y un día de presidio. Durante el proceso, la Delegación Presidencial de Tarapacá emitió un informe desfavorable sobre su eventual expulsión como pena sustitutiva, alternativa que el tribunal descartó por la extensión de la condena. El 12 de mayo de 2026, Justicia rebajó su pena en tres meses y fijó su salida para dos días después.
Condenados con informes desfavorables y solicitudes rechazadas
Otro beneficiado fue el colombiano Fredy Orlas Heredia, detenido el 28 de septiembre de 2021 en la garita La Negra, en la Ruta 5 Norte, a la salida de Antofagasta. Carabineros encontró 51 paquetes con 52 kilos de pasta base de cocaína en una mochila y un bolso dentro de un automóvil transportado por un camión.El 14 de noviembre de 2022 fue condenado a cinco años y un día de presidio. Un informe de Gendarmería de abril de 2024 lo calificó con un nivel alto de riesgo de reincidencia y no recomendó concederle una pena mixta. En 2025, la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Antofagasta también rechazó por unanimidad su solicitud, señalando la falta de avances en su reinserción social. Pese a esos antecedentes, el 1 de junio de 2026 Luis Silva firmó, como ministro subrogante, el decreto que le rebajó seis meses de condena.
Ketamina, una granada y dos pistolas
Entre los casos identificados también figura el venezolano José Luis Liscano Bermúdez, detenido el 6 de octubre de 2021 junto a Víctor Mora Araya cuando ambos venían desde Colchane. Transportaban 32,7 kilos de ketamina, una granada de uso militar y dos pistolas.Liscano recibió cinco años y un día de presidio por tráfico de drogas y sus solicitudes de pena mixta fueron rechazadas en 2024 y 2025. El 10 de abril de 2026, Rabat firmó el decreto que redujo su condena. Mora Araya también obtuvo una rebaja firmada por el ministro. Ambos quedaron en libertad.
Trece casos en la frontera norte
De los 115 condenados beneficiados, al menos 13 fueron detenidos en la frontera norte o en controles de las rutas que conectan con ella. El grupo está compuesto por ocho bolivianos, tres venezolanos, un colombiano y una argentina. En cinco de esos casos, las sentencias acreditaron el ingreso a Chile por pasos no habilitados.Uno de ellos es Wilber Tenajas Orellana, ciudadano boliviano detenido el 7 de noviembre de 2022 junto a un grupo que ingresó a pie por Quebrada Chica, junto a la ruta CH-27, en dirección al Paso Jama. Transportaban 291,5 kilos de marihuana.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama lo condenó a cuatro años y cinco meses de presidio el 31 de mayo de 2023. Después del rechazo de su solicitud de pena mixta en agosto de 2024, recibió una rebaja de siete meses mediante un decreto firmado por Silva el 7 de septiembre de 2026. Su término de condena pasó del 8 de abril de 2027 al 8 de septiembre de 2026.
La interpretación jurídica que aumenta los cuestionamientos a Rabat
Los 115 decretos repiten una argumentación jurídica basada en la denominada "Doctrina Rabat". Los documentos citan un fallo de 2018 de la Corte de Santiago y dos resoluciones de la Corte Suprema para sostener que el Ministerio de Justicia no estaría habilitado para denegar una reducción de condena por la gravedad del delito o el bien jurídico protegido.Sin embargo, una investigación de Ciper Chile publicada el 4 de noviembre identificó resoluciones de las cortes de apelaciones de Santiago y Valparaíso que establecieron que el Ministerio de Justicia debía emitir el pronunciamiento correspondiente y que mantenía facultades para reconocer o rechazar el beneficio.
El medio revisó 15 recursos de amparo presentados durante 2026 y encontró que 13 resoluciones ordenaban a la cartera pronunciarse sobre las solicitudes, sin sustituir su competencia administrativa.
Los nuevos antecedentes se suman a la controversia por las 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, también justificadas por el Ministerio de Justicia mediante la interpretación jurídica defendida por Rabat.
La acumulación de ambos casos vuelve a poner bajo escrutinio las decisiones de la cartera y el criterio utilizado para conceder reducciones de penas a condenados por delitos de alta connotación pública.
Más de una tonelada de droga y 115 extranjeros beneficiados: nuevos decretos que complican más a Rabat
Una investigación identificó 115 extranjeros condenados por delitos de drogas con rebajas de penas, incluido traficante vinculado a cargamento de 1.091 kilos.
eldesconcierto.cl
Apúrate @MALAS PULGAS el bot @Centurion_cl los pedófilos @Sin Ley @imaglar @blackburn @Cybertron90 , @Sin diente(pasta-man) @igmin @lvillanu @acuarius @Gato.negro
