MATAMALA V/S EX-EJECUTIVOS DE MINERAS

Hechos

SEÑOR DIRECTOR

Dos exejecutivos de empresas mineras responden a mi columna “El sueldo de Chile”, y hacen varias aseveraciones. Las contesto con hechos.

Primero: confirman que entre 1995 y 2003, ocho de las diez mayores mineras de Chile no pagaron un peso en impuestos a la renta, y argumentan que “no hay nada extraño” en ello. A confesión de partes…

Segundo: reclaman que, al cobrarse un impuesto específico a la minería, esta “es discriminada” y “es perjudicada en relación a otros sectores económicos”. Los ejecutivos omiten que su actividad económica es muy distinta a otras, porque se basa en explotar recursos naturales sobre los cuales -según la Constitución- “el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible”. De ellos se extraen rentas que, en cualquier país serio del mundo, se distribuyen entre sus dueños (todos los ciudadanos) y quienes legítimamente obtienen una ganancia por su inversión para extraerlos (empresas).

Tercero: afirman que “las reglas de propiedad, tributarias y de inversión extranjera” fueron “definidas de manera soberana por los chilenos”. Eso es falso. Fueron impuestas por una dictadura, y, dadas las normas de invariabilidad tributaria, los gobiernos democráticos debieron negociar con las mineras para que éstas voluntariamente aceptaran un impuesto específico a cambio de alargar esa invariabilidad, que perdura hasta hoy.

Esto, además de hechos como la tramitación de la última ley tributaria de la minería, en que SQM redactó una norma que la beneficiaba directamente (a la espera de juicio oral por cohecho).

El resultado es que, tras 31 años de democracia, Chile sigue sin tener un royalty, como sí lo tienen democracias capitalistas como Australia, Noruega, Canadá o Estados Unidos. Los exejecutivos llaman a tener “más conversación y menos consigna”, y me acusan de “emprenderlas vehementemente contra la minería” por plantear estos hechos. ¿Pedir que se discutan democráticamente las rentas de un recurso que nos pertenece a todos los chilenos es “emprenderlas vehementemente contra la minería”? Vaya conversación la que proponen.

Daniel Matamala

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“Minería, motor de Chile: lo que merece”. La dúplica de Mauro Valdés y Marcos Lima a Daniel Matamala

Bienvenida la conversación sobre la minería y su contribución al país, que a nuestro juicio es muy sustantiva. Pero el llamado es a hacerlo desde la buena fe y con la mejor información, y no desde la descalificación moral o del manido recurso populista de David contra Goliat. Por ello volvemos sobre los puntos que responde Daniel Matamala:

Primero: la escasa tributación en el período 1995-2003 se debe, principalmente, a las cuantiosas inversiones mineras depreciadas aceleradamente, sumado al bajo precio del cobre (88 centavos de dólar, y 78 centavos dólar entre 98-2003). Esto es, un quinto del actual promedio del año.

Segundo: El royalty que existe en Chile, o impuesto específico a la actividad minera, tuvo desde su creación por objetivo expreso cobrar por el mineral como insumo de la producción minera. Así lo señala el proyecto de ley de 2004 en su mensaje. La minería paga todos los impuestos que la ley le exige, que son más que los de otras actividades, e incluso son mayores que varias actividades que utilizan también “bienes nacionales de uso público” como factores de producción. Quien no pagare lo correspondiente debería ser fiscalizado y sancionado. La carga tributaria total, de acuerdo a varios estudios, es equivalente a la de países desarrollados, con la importante diferencia que Chile, por su estructura tributaria, incentiva la reinversión de las utilidades en el país.

Tercero: Durante la dictadura hubo muy poca inversión minera. Los gobiernos democráticos optaron por mantener y profundizar el Decreto Ley 600 (protección a la inversión extranjera, incluida la invariabilidad tributaria) para incentivar dicha inversión. La minería, en los años 90, fue más del 50% de la inversión extranjera directa en Chile y permitió que más del 82% del aumento mundial de producción de cobre de esa década proviniera de Chile. Gracias a eso podemos beneficiarnos hoy en forma tan importante del alza de precios de los metales en materia de exportaciones, de tributación, de reinversión y de compras locales que alimentan y sostienen la economía chilena. Las normas de invariabilidad tributaria para inversión extranjera fueron impulsadas ¡desde 1953! y responden a nuestra tradición de respeto a los contratos. No fueron “impuestas por la dictadura” y su modificación reiterada, y derogación final en 2014, solo requirió mayoría parlamentaria simple.

Cuando hablamos del gran parque minero que hemos logrado reunir en Chile, no podemos pensar sólo en tributación. Los chilenos que laboran en ingeniería, desarrollo tecnológico, construcción, transporte, puertos, energía, líneas aéreas, hoteles, retail, restaurantes e infinitos servicios varios, experimentan el efecto virtuoso de crecimiento minero. Por otro lado, el cobre tiene hoy, como nunca antes, un rol clave en el mundo que viene: la revolución digital y sustentable. Por lo que está en juego, el “motor de Chile” no merece teorías conspirativas ni suspicacias. Merece más bien un trato justo, menos adjetivos y más cuidado y potenciamiento para acelerar nuestro desarrollo.