En Portada Ministra de la Corte de Valparaíso le pagó por casi 20 años a una abogada para que le redactara sus fallos

La magistrada por más de una década tuvo a una profesional a quien le depositaba $300 mil mensuales por estas labores. El asunto se judicializó en un tribunal laboral de Santiago y se cerró bajo reserva con un millonario acuerdo.

La ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rosa Aguirre, enfrenta bajo extrema reserva, una compleja situación que alcanzó a ventilarse en un tribunal laboral de Santiago.


La magistrada, expresidenta del tribunal de alzada de la Quinta Región, es la segunda antigüedad de dicha corte. A sus 73 años está llegando casi al fin de una larga carrera judicial.

En la corte de la jurisdicción de Valparaíso llegó como fiscal judicial. Hace ya varios años, gracias a una permuta con una magistrada de ese mismo tribunal de alzada, dejó la Fiscalía Judicial para transformarse en ministra. Eso ocurrió en 2009, el mismo año en que Aguirre comenzó una relación laboral informal y bajo cuerdas con la abogada Damaris Silva.

El pleno de la Corte de Valparaíso cuando Aguirre hace años atrás asumió la presidencia.
La trama de esta historia quedó relatada en una demanda de tutela laboral que alcanzó a ser ingresada en el 1er Tribunal Laboral de Santiago.

El texto de esa demanda -al que accedió La Tercera- quedó reservado, pero ahí está la evidencia de la función que por años ejerció Silva. La profesional, quien juró como abogada en 2015, de a poco se fue transformando en la ghostwriter de una ministra de corte.

Redactora en las sombras​

Silva entró a trabajar al Poder Judicial en 2007 y fue en 2009 que comenzó a prestar servicios en la Primera Fiscalía Judicial de la Corte de Valparaíso, en calidad de ayudante. Esa función la ejerció bajo las instrucciones directas de Aguirre.

Cuando la fiscal se transformó en ministra, Silva siguió vinculada a Aguirre. “En esa oportunidad decidió expresamente que yo continuara trabajando directamente para ella. Desde entonces asumió también de manera directa el pago de las contraprestaciones por mis servicios, consolidándose una relación que se mantendría, con distintas modalidades de ejecución, hasta el día 9 de mayo de 2026″, se lee en la acción laboral.

Ese fue el punto de origen de esta historia. “Mi función principal consistió durante años en el estudio jurídico de expedientes y antecedentes judiciales y en la elaboración material de proyectos de sentencias correspondientes a causas respecto de las cuales la demandada intervenía en su calidad de ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso”, expresó Silva en su demanda.

Según Silva, su función implicaba recibir los antecedentes correspondientes a las causas que debía estudiar, revisar las actuaciones de primera instancia cuando resultaba necesario, analizar los recursos deducidos, investigar jurisprudencia, examinar las causales de nulidad invocadas, organizar la argumentación jurídica y proceder a redactar materialmente los respectivos proyectos de fallo.


Cuando todo eso estaba listo, relató Silva, la abogada se lo enviaba a la ministra quien luego de recibirlo, efectuaba las revisiones que estimaba pertinentes o impartía nuevas instrucciones.

En el texto se explica que para que Silva pudiera redactar los proyectos de fallo, la ministra Aguirre daba las indicaciones de manera explícita: “La demandada me transmitía el sentido en que esperaba que el asunto fuera trabajado, utilizando expresiones como ‘hay que rechazar’, ‘hay que acoger’ o ‘hay que revocar’, pudiendo agregar consideraciones acerca de la causal jurídica relevante o de los argumentos que, a su juicio, debían desarrollarse”. Esos mensajes, según Silva, constan en los correos electrónicos entre ambas, los que adjuntó a la demanda.

La demandante luego graficó un episodio específico. Silva narró que a comienzos de 2010 en la jurisdicción de Valparaíso se dispuso que un conjunto de causas laborales provenientes de los antiguos Juzgados del Trabajo -y que permanecían pendientes de fallo- fueran resueltas por ministros de la corte actuando como jueces de primera instancia.


“A doña Rosa Aguirre le fueron asignadas aproximadamente 35 causas. Durante el mes de febrero de aquel año, mientras la demandada hacía uso de su feriado legal, me encomendó que redactara los proyectos correspondientes a esas 35 sentencias. Al reiniciarse el año judicial se efectuó la entrega del trabajo desarrollado y, posteriormente, la demandada dispuso el pago de una suma de $10.000 por sentencia”, se lee en la demanda.

A partir de 2010, según Silva la ministra Aguirre decidió que sus funciones dejarían de ejecutarse físicamente en dependencias de la corte y pasaran a realizarse en su domicilio particular: “Durante aquella etapa se estableció un horario que se extendía aproximadamente desde las 9:00 hasta las 19:00 horas, sin que ello significara que mi disponibilidad concluyera invariablemente a esa hora. Dependiendo de las necesidades existentes, debía trabajar durante sábados, domingos y, en determinadas ocasiones, continuar hasta aproximadamente las 23:00 horas”.

Desde 2011, la demandante agrega que comenzó “a retirar expedientes físicos desde el domicilio de la demandada para trabajarlos” en su casa. Cuando los terminaba, “los respectivos proyectos debía regresar, entregar los expedientes, revisar con ella el trabajo realizado y retirar nuevos antecedentes de causas que debían ser estudiadas”. Luego el Poder Judicial se digitalizó y este proceso se facilitó, pero la dinámica fue la misma.


Con el paso de los años, el trabajo que Silva tenía que hacer para la ministra Aguirre fue variando.

Ya no solo tenía que estudiar jurisprudencia o expedientes, sino que además “efectuar gestiones relativas a bienes inmuebles de su propiedad, colaborar en el pago de contribuciones, remitir correos de carácter personal y atender otros requerimientos que ella estimara necesario encargarme”. Cuando la ministra empezó a hacer clases en distintas instituciones, Silva debía incluso hacerle sus presentaciones.

Sueldo por $300 mil​

Los honorarios de Silva se fijaron en 2015. Ese año la ministra Aguirre definió que por su trabajo le pagaría a Silva $300 mil mensuales, lo que se mantuvo sin cambios hasta el 9 de mayo de 2026, fecha en que todo terminó por decisión de la magistrada. El sueldo lo pagaba Aguirre vía transferencia electrónica desde su cuenta personal y solía ocurrir el día 20 de cada mes.

En 2024 se sumó un ingrediente adicional. Ese año la ministra le prestó un departamento de la comuna de Santiago: “La entrega material del inmueble ocurrió durante el primer semestre de aquel año y, a lo menos desde junio de 2024, su utilización se incorporó de forma estable al conjunto de beneficios económicos asociados a nuestra relación. La demandada calificó aquella entrega como un préstamo relacionado con mis estudios de magíster”.

Acuerdo por $17 millones​

Silva se aburrió y en abril de este año le pidió un aumento de su sueldo. Su pretensión era ganar $900.000. “Le remití una comunicación planteando el asunto. La respuesta de doña Rosa Aguirre fue que se trataba de ‘un tema sensible’ y que prefería conversarlo personalmente”, se lee en la demanda.

La reunión ocurrió el 9 de mayo de 2026 y según la demanda la magistrada llegó con un sobrino: “Yo concurrí entendiendo que abordaríamos la remuneración y la forma en que debía actualizarse. Sin embargo, aquella conversación se transformó en el acto mediante el cual la demandada decidió poner término a prácticamente diecisiete años de trabajo”.

Luego del quiebre, la demanda añade lo siguiente: Aguirre “insistió reiteradamente en que ambas debíamos ‘terminar en buena’ y vinculó esa idea con una exigencia específica: yo no debía hablar de ella ni comentar con otras personas el período durante el cual habíamos trabajado juntas”.

Tras el episodio, Silva intentó abrir un espacio para negociar. “Mantuve la disposición de explorar una salida extrajudicial que permitiera evitar la judicialización del conflicto”, dijo en la demanda. Para eso fichó a un abogado y abrió las tratativas, pero no se llegó a buen puerto.

Eso motivó a Silva a demandar a la ministra y acudió hasta un tribunal laboral de Santiago. Luego de ingresar la acción, el tribunal notificó vía exhorto y la magistrada supo formalmente del hecho. Luego de eso, vino un desconocido episodio que logró ponerle fin a la demanda.

El 14 de agosto la ministra Aguirre y Silva llegaron a la notaría de Eliana Gervasio en Viña del Mar para firmar un acuerdo que se materializó en una escritura pública rotulada como “Transacción, finiquito y renuncia de acciones”.

En el primer antecedente de esa escritura -a la que accedió La Tercera- se consigna que “entre doña Damaris Silva Bravo y doña Rosa Herminia Aguirre Carvajal, quienes mantuvieron durante años una relación de amistad, existió asimismo una relación de cooperación y prestación de servicios de la primera en favor de la segunda, la entrega en comodato del inmueble individualizado en la cláusula quinta y las actuaciones expresamente individualizadas en la cláusula octava de este instrumento”.

En ese documento se menciona la demanda laboral, la que producto del acuerdo debió ser desistida. Los términos se cerraron con un monto de $17 millones que debió pagar la magistrada y una exigente cláusula de confidencialidad.