La Municipalidad de Osorno aseguró que será el organismo penal quien determine eventuales responsabilidades, luego que la Contraloría detectara que una funcionaria municipal habría utilizado recursos provenientes del Ministerio de Vivienda para pagar una deuda personal, entre otras irregularidades.
Después que la Contraloría revelara un informe final informando de la ocurrencia de situaciones irregulares en el funcionamiento del programa Quiero Mi Barrio 2017, el director de la División Jurídica del Municipio, Hardy Vásquez, confirmó la recepción del documento.
Al respecto, la autoridad indicó que al conocer la denuncia durante 2017, iniciaron “de manera inmediata una investigación sumaria”, subsanando varias de las situaciones aludidas.
Sin embargo, respecto a las eventuales responsabilidades administrativas o penales aseveró que será el organismo competente quien de cuenta de los resultados.
Consultado respecto a la funcionaria que habría utilizado recursos del programa para financiar una deuda personal, -y que involucraría cerca de 12 millones de pesos- Vásquez señaló que continúa desempeñándose en el municipio, mientras la persecución penal no arroje responsabilidades.
Respecto a la reintegración de montos adeudados y la solicitud de informar sobre las gestiones realizadas ante el Minvu para obtener la aprobación de las referidas rendiciones y determinar la existencia de saldos remanentes, la autoridad municipal indicó que cuentan con un plazo de entre 30 a 60 días para dar una respuesta, pero que ya habría sido subsanado.
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