Niños haitianos: juezas alertaron que llegaban de madrugada con documentos deficientes y nadie actuó
Magistradas del Tribunal de Familia de Pudahuel enviaron un informe a la presidenta de la Corte Suprema donde reconstruyen las advertencias que realizaron desde 2022 por el ingreso de menores haitianos en vuelos privados. Relatan que algunos aviones arribaban con cerca de 50 niños y apenas dos adultos a cargo, que existían problemas de identificación y que muchos eran "niños muy pequeños" que "no hablaban ni entendían el idioma castellano". Radio Bío Bío tuvo acceso al documento que revisó el pleno de la Suprema.
Mientras el preinforme reservado de la Contraloría General de la República sigue provocando repercusiones por las graves observaciones formuladas respecto de distintas fallas de entidades públicas en el ingreso de niños haitianos a Chile bajo programas de reunificación familiar, un nuevo antecedente conocido por Radio Bío Bío permite reconstruir una historia que, según integrantes del propio Poder Judicial, comenzó varios años antes.
Se trata de un informe remitido el pasado 22 de junio a la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, documento solicitado por la máxima autoridad del Poder Judicial para que el pleno del máximo tribunal pudiera conocer los antecedentes que manejaban los tribunales de familia respecto de estos ingresos.
En sus seis páginas, las juezas titulares del Tribunal de Familia de Pudahuel, María Paz Gutiérrez y Claudia Paz Miranda, exponen derechamente que los vuelos privados procedentes de Haití llegaban con decenas de niños acompañados por pocos adultos, con documentos cuya autenticidad no siempre podía verificarse y, en algunos casos, con menores cuya apariencia física no coincidía con la edad consignada en antecedentes que las magistradas consideraban insuficientes o poco fiables.
Las juezas sostienen que desde fines de 2022 comenzaron a advertir situaciones que califican como irregulares en torno al ingreso de niños haitianos por el Aeropuerto Arturo Merino Benítez y que, pese a múltiples gestiones realizadas ante distintas autoridades, nunca existió una respuesta que permitiera estandarizar procedimientos ni corregir los problemas detectados.
El documento adquiere especial relevancia porque coincide con varios de los hallazgos expuestos por Contraloría, particularmente aquellos relacionados con la falta de antecedentes para verificar vínculos familiares, deficiencias en la identificación de menores de edad y dificultades para determinar quiénes eran efectivamente los responsables de recibirlos en territorio nacional.
Esto, pese a que el debate público y político se redujo a los 64 niños cuya residencia no pudo ser constatada por la Contraloría, como si el problema terminara allí. El informe de las magistradas sugiere precisamente lo contrario, al afirmar que las alertas y los casos observados son considerablemente más amplios que lo indicado por las autoridades políticas.
El origen de las alertas
En el documento, que fue revisado el lunes por el pleno de la Corte Suprema, las juezas afirman que las primeras señales surgieron poco después de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Migración y Extranjería, que si bien fue promulgada en 2021, comenzó a regir tras la publicación de su reglamento, el 12 de febrero de 2022.Según explican, en mayo de ese año participaron en una reunión con funcionarios de Migraciones y de la PDI del aeropuerto para revisar procedimientos vinculados al ingreso de menores extranjeros.
En ese encuentro, afirman, se les informó sobre las primeras complicaciones que estaban detectándose respecto del ingreso de niños provenientes de determinados países, como Haití.
El informe señala que el sistema de reunificación familiar contemplaba “mínimos requisitos” en comparación con las exigencias existentes con anterioridad. La expresión, destacada en el propio documento, aparece como una de las primeras observaciones críticas formuladas por las magistradas al sistema y a lo que ocurriría posteriormente.
A partir de aquello, se acordó que la policía tomara contacto con jueces de familia cuando surgieran situaciones que hicieran necesario revisar las condiciones bajo las cuales se estaba concretando el ingreso de menores de edad.
Los vuelos que comenzaron a generar preocupación
Las advertencias aumentaron a fines de 2022. El informe relata que en noviembre de ese año la jueza Claudia Miranda comenzó a participar en reuniones de una subcomisión vinculada a materias de infancia, donde intervenían organismos públicos relacionados con la protección de menores.Fue precisamente en ese espacio donde, según indica el documento, se expusieron reiteradamente las irregularidades que estaban observándose en vuelos privados procedentes de Haití.
Las magistradas describen una situación que hoy resulta especialmente sensible a la luz de la investigación administrativa y penal en curso. Según consignan, los vuelos llegaban con niños acompañados por “un solo adulto” y presentaban problemas para acreditar identidades y relaciones familiares.
El texto agrega que dichas observaciones motivaron la creación de una nueva mesa de trabajo. Sin embargo, las juezas afirman en el documento remitido a la presidenta de la Corte Suprema que esa instancia terminó sin resultados conocidos.
El episodio que encendió las alarmas
Uno de los antecedentes más relevantes contenidos en el informe corresponde a hechos ocurridos en febrero de 2023, que terminaron con la decisión de los tribunales de justicia de impedir el ingreso a Chile de un grupo de menores.Las magistradas aseguran que, al menos en dos oportunidades, fueron contactadas por efectivos de la PDI que realizaban labores de control migratorio debido a la llegada de vuelos privados con cerca de 50 niños cada uno.
Lo que llamó la atención de quienes intervinieron fue la desproporción existente entre menores y adultos responsables.
Según el relato contenido en el documento, los vuelos llegaban con alrededor de 50 niños y apenas dos adultos a cargo. Tras revisar los antecedentes disponibles, se resolvió impedir el ingreso a Chile.
La razón quedó consignada de manera explícita. Las juezas sostienen que los menores “no disponían de documentos idóneos para considerarse legítimos u otorgados por alguna autoridad del país de origen”.
El informe agrega un segundo elemento. Se trataba de “niños muy pequeños, y no hablaban ni entendían el idioma castellano”.
La frase refleja la preocupación existente respecto de la posibilidad de verificar quiénes eran efectivamente esos menores y bajo qué condiciones estaban ingresando al país.
La disparidad de criterios
En marzo de 2023 se realizó una reunión entre representantes del Ministerio de Desarrollo Social, funcionarios policiales y jueces del Tribunal de Familia de Pudahuel.Uno de los temas abordados fue la diferencia de criterios que existía entre distintos jueces frente a casos similares. Las magistradas señalan que la PDI manifestaba preocupación por “la disparidad de criterios en las resoluciones judiciales”.
Algunos jueces consideraban que carecían de competencia para intervenir. Otros entendían que bastaba con la autorización asociada al proceso de reunificación familiar.
Un tercer grupo exigía documentos de identidad fidedignos y la acreditación del adulto que recibiría al menor en Chile.
La falta de uniformidad provocaba incertidumbre respecto de cómo enfrentar situaciones similares.
Menores vulnerables y dudas sobre las edades
Otro aspecto especialmente delicado surge en la descripción que las juezas realizan sobre las medidas de protección que debieron adoptar. Según afirman, se abrieron numerosas causas por vulneración de derechos asociadas al ingreso de niños haitianos.En ese contexto, relatan que comenzaron a detectar problemas relacionados con la identificación de los menores. El documento sostiene que existían diferencias entre la edad biológica informada y el desarrollo físico observado en algunos casos.
Textualmente, las magistradas señalan que “se estaban produciendo problemas, a causa de las diferencias advertidas en los menores de edad, entre la edad biológica informada y el desarrollo físico de estos”.
La observación coincide con una de las materias que hoy forman parte de los cuestionamientos levantados por organismos fiscalizadores respecto de la calidad y suficiencia de los controles aplicados.
La falta de cupos
La llegada constante de grupos numerosos de menores también generó problemas prácticos. Las juezas describen dificultades para encontrar plazas disponibles dentro del sistema residencial cuando se requería adoptar medidas de protección.Según indican, muchas veces los vuelos arribaban con más de 15 niños y simplemente no existían cupos para derivarlos.
El problema, sostienen, se repetía cada vez que era necesario disponer medidas cautelares para resguardar a los menores mientras se aclaraban sus antecedentes.
Avisos al Gobierno
El informe revela además que las advertencias no quedaron limitadas al ámbito judicial. Las magistradas sostienen que durante mayo de 2023 comunicaron la situación al entonces jefe de gabinete del subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo.Según afirman, expusieron los inconvenientes detectados a propósito del ingreso de aviones privados con niños haitianos. Sin embargo, agregan que no obtuvieron respuesta.
Posteriormente remitieron antecedentes a la Seremi de Desarrollo Social y Familia. También elaboraron documentos que recopilaban medidas de protección dictadas como consecuencia de estos ingresos.
Sin embargo, a la luz de los hechos, ninguna de esas gestiones derivó en medidas concretas. El asunto, según se detalla en el informe, era netamente administrativo.
Las reuniones con la Corte Suprema
Uno de los pasajes más significativos del informe involucra directamente al máximo tribunal.Las juezas sostienen que durante 2023 aprovecharon reuniones periódicas convocadas por el entonces ministro encargado de asuntos de familia de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, para exponer la situación.
Según relatan, en dos oportunidades informaron sobre los ingresos de niños haitianos y los problemas derivados del tipo de documentación que portaban, así como las dificultades para acreditar vínculos con quienes figuraban como sus tutores al ingresar a Chile.
El documento añade que el ministro destacó “la gravedad de la cuestión” y manifestó que evaluaría medidas.
Precisamente, esas reuniones forman parte de los antecedentes sobre los cuales hoy existen consultas respecto de qué acciones concretas fueron adoptadas posteriormente por el Poder Judicial.
La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío consultó al Poder Judicial sobre este punto. La institución se limitó a confirmar que el informe evacuado por las magistradas del Tribunal de Familia de Pudahuel “fue recibido y puesto en conocimiento del tribunal pleno de la Corte Suprema en su sesión de ayer (lunes 22 de junio)”, señala la comunicación.
Recursos judiciales y una estrategia repetida
Otro de los puntos descritos en el informe corresponde a lo que las magistradas consideran un patrón judicial.De acuerdo con los antecedentes, que pueden contrastarse mediante documentación oficial, cuando se impedía el ingreso de determinados menores por decisión judicial o policial, abogados recurrían rápidamente a la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Según el documento, se presentaban recursos de amparo acompañados de solicitudes de orden de no innovar para revertir las decisiones adoptadas. Las juezas incluso identifican causas específicas que, según indican, reflejan esa dinámica.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso, como ocurrió en varios de estos casos, acogía rápidamente los recursos, evitando que los menores fueran retornados.
“Intentamos denunciarla por todas las vías posibles”
El cierre del documento es probablemente el apartado más duro.
Las juezas afirman que durante años intentaron advertir lo que estaba ocurriendo: “Intentamos denunciarla por todas las vías posibles”, escriben al referirse a las irregularidades que observaban en el ingreso de menores vulnerables.
Añaden que nunca recibieron una instrucción clara que permitiera uniformar criterios para todos los jueces ni establecer procedimientos estandarizados.
Según sostienen, tampoco existió una directriz que privilegiara la exigencia de documentación fidedigna ni mecanismos que permitieran verificar adecuadamente que los menores quedaban efectivamente protegidos una vez ingresados al país.
Finalmente, concluyen que las condiciones de desprotección en que se estaban produciendo estos ingresos eran conocidas públicamente.
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