¿Niños Primero? El tejado de vidrio del oficialismo en el Sename

El tejado de vidrio del oficialismo en la investigación por uso irregular de platas al Sename

“Lo que está detrás de ASCAR es de la máxima gravedad, no es tolerable. Tenía un objetivo que fue desnaturalizado durante el Gobierno de la Nueva Mayoría. Se desvirtuó algo que era tan importante, como mejorar las condiciones de vida que de los menores, lo que está siendo investigado hace más de un año por el Ministerio Público", dijo categórica el lunes 14 de mayo la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, tras un reportaje de Canal 13 con los detalles del informe de la Contraloría que consignan mal uso de los fondos de un programa social para mejorar las residencias en que viven menores a cargo del Estado, conocido como ASCAR (Aseguramiento de la Calidad en las Residencias del Sename).



Pero la desnaturalización a la que se refiere la ministra de la Segegob, comenzó un poco antes de lo que en estos días acusa la derecha. La Contraloría auditó los contratos de personal con cargo a este programa, en el período que va desde el 1 de agosto de 2013 y el 1 de diciembre de 2016, es decir, durante los últimos siete meses del primer gobierno de Sebastián Piñera. Y una de las razones que justificaron esa fiscalización fueron las sospechas del fiscal Marcos, Emilfork, ante la presencia de un posible delito.

Emilfork investiga las circunstancias en que murieron cientos de niños a cargo del Estado en el lapso de una década. Pero también se ha propuesto determinar las posibles irregularidades en la entrega de subvenciones y, otra arista es la que surgió a partir del supuesto mal uso de los recursos del programa ASCAR.

Durante los dos años y medio que duró la iniciativa, en total, se gastaron $3630.248.000 y la Contraloría analizó de forma aleatoria pagos por poco más de $1731.000.000

Cercanos a la investigación del Ministerio Público, aseguraron que “efectivamente, a partir de la administración del señor Gómez los pagos con cargo a este programa aumentan” y por eso, desde el actual oficialismo, las miradas caen sobre José Antonio Gómez y Javiera Blanco, su sucesora como ministra de Justicia y actual consejera del CDE. Un grupo de parlamentarios de Chile Vamos, a través del presidente de RN, Mario Desbordes, anunció una querella por fraude contra quienes resulten responsables.

Este viernes, el Fiscal Nacional , Jorge Abbott, descartó que exista riesgo que la investigación por fraude al fisco pueda politizarse.

Sin control

Esta acción judicial, si se concreta, también deberá incluir a las personas que trabajaron en el programa ASCAR cuando se implementó, eso significa la gestión de Patricia Pérez y Juan Ignacio Piña, quienes estaban a cargo del Ministerio de Justicia, como ministra y subsecretario, respectivamente.

El informe de Contraloría sobre ASCAR, conocido a mediados de abril de este año, concluyó que el programa partió el 1 de agosto de 2013 y que un mes antes, el ministerio pidió a la Dirección de Presupuestos una “reasignacion presupuestaria destinada a la contratación de equipos”, ya que el programa tenía diversos objetivos, como elaborar “instrumentos unificados de medición y metodologías, elaborar diagnóstivos de las residencias críticas, desarrollar un modelo de gestión y seguimiento de los niños y niñas”, entre varios otros, según detalla una minuta interna incluida en el informe del ente del fiscalizador.

Sin embargo, los resultados establecen que “durante el examen no se aportó algún instrumento formal que diera cuenta de la creación, en el año 2013, del Programa ASCAR, donde se establecieran sus objetivos, metas, lineamientos estratégicos e indicadores de desempeño del mismo, ni de su continuación”.

La Contraloría detectó que nunca se dictó el acto administrativo para iniciar oficialmente el programa, sino hasta dos años después, en abril del 2015. Al no existir el acto administrativo “previo a su ejecución, donde se definan sus objetivos, componentes, lineamientos y metas, no se ajusta a las exigencias que debe cumplir todo programa, no permitiendo con ello su control y evaluación”, enfatizó el informe.

De esta manera, la única forma utilizada para evaluar cómo se desarrolló el programa fueron dos informes de auditoria interna de la propia subsecretaría de Justicia, uno que evaluó desde agosto de 2013 a marzo de 2014 y el otro desde abril de 2014 a diciembre de 2016.

Pagos a discreción

En mayo de 2014 se entregaron los resultados de la evaluación a la primera etapa del programa ASCAR , que sirvieron de insumo a la Contraloría para usarlo como parte de sus conclusiones. Los resultados consignan que “los objetivos no fueron cumplidos”, que se asignaron viáticos y se contrataron personas con cargo al programa ASCAR que hacían otras labores en el Ministerio de Justicia, además de pagos de viáticos para personas ajenas al programa. En resumen, la Contraloría dice que “sus conclusiones señalan la ausencia de mecanismos de control interno en los procesos de contratación y pago de honorarios a suma alzada de los profesionales que formaron parte del programa; y la ausencia de informes de avance y evaluación que dieran cuenta del cumplimiento del propósito del mismo”.

Sobre los pagos objetados entre agosto y diciembre de 2013, el informe determinó que se pagó un total de $11.901.738 por informes de los que no existe registro. Otros $11.400.000 donde “no se entregó el producto individual comprometido” por cada persona contratada y finalmente $7.063.560 en pagos a personas que no tenían ninguna relación con el programa.

Paralelamente, la auditoría determinó que hubo “una importante cantidad de honorarios contratados en un período de dos meses sin la evaluación técnica formal que requiere todo proceso de contratación". Estas conclusiones, establecidas en el propio ministerio y recogidas ahora por la Contraloría fueron remitidas al entonces ministro Gómez en octubre de 2014.

En la fiscalía ya han sido interrogadas unas cien personas para determinar las funciones que realizaban con cargo al programa ASCAR. También han declarado cuatro subsecretarios de Justicia, pero según fuentes de la investigación sólo Ignacio Suárez se refirió a este asunto en particular, mientras que el resto, como el ex subsecretario Piña se refirieron a asuntos relativos a los niños fallecidos.

En el marco de la investigación del fiscal Emilfork se citaron a todos los ex ministros y subsecretarios de justicia de los últimos 10 años. Según trascendió, una nueva citación a las ex ministras Blanco y Pérez como también a Gómez, está en evaluación por el Ministerio Público.

El CDE analiza las acciones a seguir, pero de iniciarse un proceso, Blanco deberá inhabilitarse para intervenir por ser una de las consejeras del organismo.


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