Fueron condenados por participar en crímenes de la dictadura. Cuatro de ellos, por el asesinato de 38 campesinos en Paine. El quinto, por los secuestros de dos hombres que terminaron muertos en Quinta Normal. Hoy cumplen penas de cárcel, pero quieren que el Estado también los reconozca como víctimas. Exigen $300 millones cada uno por los abusos que aseguran haber sufrido a manos de sus propios superiores militares.
La historia se remonta a 1973 y 1974. Tenían entre 18 y 19 años —eran menores de edad para la legislación de la época— y cumplían funciones en el Ejército cuando recién comenzaba la dictadura de Pinochet. Según la demanda, fueron sometidos a maltratos, amenazas de muerte y órdenes de participar en ejecuciones. Eso les dejó secuelas psicológicas que arrastran hasta hoy, alega su defensa.
Informes psicológicos reservados describen cuadros de depresión severa, crisis de pánico e incluso antecedentes de comportamiento suicida.
El escrito sostiene que, durante esas operaciones, “las órdenes se acompañaron de amenazas contra su vida, intimidación con armas e invocaciones de un supuesto estado de guerra”.
Para sostener su versión, los cinco recurren a los mismos expedientes que terminaron enviándolos a prisión. Documentos que cuentan cómo los soldados dispararon contra prisioneros llevados a quebradas, cómo algunos sobrevivientes fueron rematados y cómo los cuerpos terminaron enterrados.
Era el 3 de octubre de 1973. El teniente Osvaldo Andrés Alonso Magaña Bau estaba al mando de un contingente de la Escuela de Infantería de San Bernardo que había llegado hasta la cuesta Chada, en las cercanías de Paine.
Horas antes, los militares habían recorrido asentamientos campesinos en un camión Dodge rojo. Algunos de los detenidos fueron sacados de sus casas. Otros permanecían prisioneros en el cerro Chena. Uno estaba tan golpeado que ni siquiera podía subir al vehículo por sus propios medios.
En total eran 14 hombres. Los obligaron a desprenderse de sus ropas y pertenencias antes de llevarlos hacia la quebrada.
La escena quedó reconstruida en la declaración de Carlos Enrique Durán Rodríguez, entonces un conscripto de 18 años, recogida en la sentencia de la ministra Marianela Cifuentes.
Los prisioneros caminaron en fila. Uno de ellos, Juan Núñez, cayó antes de llegar. Magaña ordenó al cabo José Hugo Vásquez que se encargara de él. Los demás siguieron avanzando. Cuando estuvieron tendidos en el fondo de la quebrada, sonó la segunda señal.
“En ese instante, todos dispararon la carga completa de sus fusiles”, relató Durán.
Uno de los detenidos seguía vivo. Magaña lo remató con su pistola. Después, los cuerpos fueron amontonados y cubiertos con ramas.
Trece días más tarde, los militares regresaron a Paine. Esta vez detuvieron a 24 personas, a quienes trasladaron hasta otra quebrada cerca del lago Rapel. Nuevamente hubo disparos. Algunos sobrevivieron a la primera descarga y fueron rematados. Los cuerpos quedaron enterrados bajo tierra.
En aquel camión rojo viajaban cuatro de los hombres que hoy demandan al Estado: Juan Dionisio Opazo, Víctor Reinaldo Sandoval, Carlos Enrique Durán y Roberto Mauricio Pinto.
Décadas después, la justicia estableció su responsabilidad en los crímenes. En junio de 2022, la Corte Suprema los condenó a 10 años de presidio efectivo a cada uno, como autores de 38 homicidios calificados.
Magaña, en tanto, murió en 2021, sin haber llegado a cumplir una condena de cárcel.
Juan Opazo tenía 19 años. Participó en los dos operativos y describió cómo los detenidos eran despojados de sus pertenencias antes de ser llevados hasta las quebradas. También contó que Magaña remataba a quienes sobrevivían. Reconoció haber disparado en ambas ocasiones, aunque aseguró no saber si había herido a alguien.
Víctor Sandoval vivió la primera ejecución desde el camión que custodiaba. Escuchó los disparos y vio regresar a sus compañeros sin los prisioneros. En el segundo operativo estuvo presente cuando Magaña ordenó a los detenidos recostarse, haciéndoles creer que descansarían. Luego vino la orden de fuego. Sandoval declaró que “todos obedecieron, salvo Pinto”.
Se refería a Roberto Pinto, quien reconoció haber disparado en la cuesta Chada, pero dijo desconocer si había matado a alguien. Sobre la segunda ejecución, también describió una orden de disparar y sostuvo que los soldados lo hicieron en ambas ocasiones.
Pero la demanda reúne otros testimonios que ayudan a entender el ambiente dentro de la unidad.
Jorge Saavedra, otro conscripto condenado por los crímenes de Paine, declaró que un oficial le puso una pistola en el cuello cuando apuntó hacia un lugar distinto al indicado. Le ordenó disparar contra los detenidos.
Juan Quintanilla, conductor del camión, relató algo parecido. Según su declaración, un superior le advirtió que, si no disparaba, “se iría con los detenidos”.
El escrito recoge esos antecedentes para sostener que los soldados estaban bajo una presión que iba más allá de la disciplina militar. En el caso de Opazo, por ejemplo, describe su situación como la disyuntiva de “obedecer la orden o exponerse a perder su propia vida”.
Esas amenazas aparecen en los expedientes. Pero no fueron suficientes para que la justicia descartara la responsabilidad penal de los soldados.
Era el 11 de septiembre de 1974. Gustavo Delfín Marambio Olmos, de 19 años, cumplía funciones militares en instalaciones del Parque Quinta Normal. Esa noche llegaron dos detenidos: Agustín Contreras Santander y Manuel Valencia Cáceres. Ninguno salió con vida.
El oficial de guardia, Juan Segundo Martínez Oyanedel, comenzó a agredirlos. Según las declaraciones recogidas por el ministro Mario Carroza, los hombres recibieron golpes y fueron sometidos a agresiones con alambres alrededor del cuello.
Marambio también reconoció haber participado en los golpes, aunque aseguró que lo hizo siguiendo órdenes.
Después vino el corvo. Según su declaración, Martínez mató a uno de los detenidos con el arma y luego se la ofreció a él.
“Ahora tú, el otro es tuyo”, le habría dicho.
Marambio aseguró que se negó. El oficial reaccionó violentamente y terminó matando personalmente al segundo detenido.
Otros militares también declararon que Martínez mantenía al personal bajo amenazas con su pistola. Uno de esos testimonios describe que el oficial advertía que quienes desobedecieran serían dados de baja y que, cuando algunos manifestaron que no querían continuar, los amenazó con su arma.
La justicia investigó la participación de Marambio y terminó condenándolo. En mayo de 2024, la Corte Suprema le impuso cinco años y un día de presidio efectivo como autor de los secuestros calificados de Agustín Contreras y Manuel Valencia.
Hoy, los cinco demandantes cumplen condena en Colina I. La nueva acción sostiene que las amenazas y la violencia que presenciaron les provocaron daños psicológicos.
La defensa de Roberto Pinto había planteado que el exconscripto no actuó libremente. Alegó que obedeció bajo “coacción física y moral” y pidió sin éxito que se descartara su responsabilidad penal.
Consultado por BioBioChile, el abogado Ricardo Bravo Cornejo hace una distinción: una cosa es la responsabilidad penal por los crímenes cometidos y otra, los eventuales abusos que los soldados pudieron sufrir de parte de sus superiores.
La propia demanda plantea que “la responsabilidad penal por actos cometidos contra terceros y el daño sufrido por una persona en su propia integridad tienen objetos jurídicos distintos”. En otras palabras, sostiene que las condenas no impiden examinar si los superiores también vulneraron los derechos de quienes estaban bajo su mando.
El abogado también cuestionó el antiguo procedimiento penal bajo el cual fueron juzgados, asegurando que presentaba “graves deficiencias estructurales respecto de las garantías de imparcialidad, contradicción y defensa efectiva”..
Según antecedentes de evaluaciones psicológicas vistos por BioBioChile, los condenados presentan distintas afectaciones de salud mental, algunas de carácter grave. Los informes reservados describen cuadros de depresión severa, crisis de pánico, pesadillas, angustia persistente y dificultades para relacionarse con otras personas.
Uno de los evaluados registra incluso antecedentes de comportamiento suicida.
En todo caso, las propias evaluaciones advierten que todavía es necesario determinar cuánto de ese sufrimiento puede atribuirse a las amenazas denunciadas y cuánto a otras experiencias posteriores.
La demanda describe ese padecimiento como un sufrimiento que “afectó su tranquilidad, estabilidad emocional y desenvolvimiento cotidiano, extendiéndose a su vida familiar y social”.
El propio abogado reconoce que la relación entre esos cuadros y las amenazas deberá probarse. Explicó que “la existencia de estas secuelas, su gravedad y su relación causal con las amenazas denunciadas deben ser acreditadas individualmente mediante antecedentes clínicos y evaluaciones especializadas”.
La demanda acusa al Ejército de incumplir su deber de protección sobre los jóvenes, quienes entonces eran menores de edad para la legislación civil, pues en Chile la mayoría de edad se alcanzaba a los 21 años.
También recurre a jurisprudencia de la Corte Suprema, incluido el caso Antuco, para fundamentar la responsabilidad del Estado por las actuaciones de sus militares. Y sostiene que la acción no ha prescrito, debido a su relación con graves vulneraciones de derechos humanos.
Cada uno de los cinco pide $300 millones por daño moral. En total, la defensa reclama $1.500 millones al Fisco. La suma, según el escrito, considera “la intensidad del riesgo para su propia vida, la utilización deliberada del temor por los mandos, la exposición a ejecuciones durante una etapa formativa y la prolongación del daño en su vida personal”.
La justicia deberá determinar si los abusos denunciados ocurrieron en los términos que plantea la demanda, si provocaron los daños descritos y si corresponde que el Estado responda económicamente por ellos.
Las condenas por los crímenes de Paine y Quinta Normal, en tanto, se mantienen.
www.biobiochile.cl
La historia se remonta a 1973 y 1974. Tenían entre 18 y 19 años —eran menores de edad para la legislación de la época— y cumplían funciones en el Ejército cuando recién comenzaba la dictadura de Pinochet. Según la demanda, fueron sometidos a maltratos, amenazas de muerte y órdenes de participar en ejecuciones. Eso les dejó secuelas psicológicas que arrastran hasta hoy, alega su defensa.
Informes psicológicos reservados describen cuadros de depresión severa, crisis de pánico e incluso antecedentes de comportamiento suicida.
El escrito sostiene que, durante esas operaciones, “las órdenes se acompañaron de amenazas contra su vida, intimidación con armas e invocaciones de un supuesto estado de guerra”.
Para sostener su versión, los cinco recurren a los mismos expedientes que terminaron enviándolos a prisión. Documentos que cuentan cómo los soldados dispararon contra prisioneros llevados a quebradas, cómo algunos sobrevivientes fueron rematados y cómo los cuerpos terminaron enterrados.
Camión rojo en Paine
Magaña reunió a los soldados y les preguntó si alguno tenía miedo. Nadie respondió. Entonces explicó cómo sería la ejecución. Haría dos disparos con su pistola. El primero sería la señal para llevar a los prisioneros hasta una quebrada. El segundo, la orden para matarlos.Era el 3 de octubre de 1973. El teniente Osvaldo Andrés Alonso Magaña Bau estaba al mando de un contingente de la Escuela de Infantería de San Bernardo que había llegado hasta la cuesta Chada, en las cercanías de Paine.
Horas antes, los militares habían recorrido asentamientos campesinos en un camión Dodge rojo. Algunos de los detenidos fueron sacados de sus casas. Otros permanecían prisioneros en el cerro Chena. Uno estaba tan golpeado que ni siquiera podía subir al vehículo por sus propios medios.
En total eran 14 hombres. Los obligaron a desprenderse de sus ropas y pertenencias antes de llevarlos hacia la quebrada.
La escena quedó reconstruida en la declaración de Carlos Enrique Durán Rodríguez, entonces un conscripto de 18 años, recogida en la sentencia de la ministra Marianela Cifuentes.
Los prisioneros caminaron en fila. Uno de ellos, Juan Núñez, cayó antes de llegar. Magaña ordenó al cabo José Hugo Vásquez que se encargara de él. Los demás siguieron avanzando. Cuando estuvieron tendidos en el fondo de la quebrada, sonó la segunda señal.
“En ese instante, todos dispararon la carga completa de sus fusiles”, relató Durán.
Uno de los detenidos seguía vivo. Magaña lo remató con su pistola. Después, los cuerpos fueron amontonados y cubiertos con ramas.
Trece días más tarde, los militares regresaron a Paine. Esta vez detuvieron a 24 personas, a quienes trasladaron hasta otra quebrada cerca del lago Rapel. Nuevamente hubo disparos. Algunos sobrevivieron a la primera descarga y fueron rematados. Los cuerpos quedaron enterrados bajo tierra.
En aquel camión rojo viajaban cuatro de los hombres que hoy demandan al Estado: Juan Dionisio Opazo, Víctor Reinaldo Sandoval, Carlos Enrique Durán y Roberto Mauricio Pinto.
Décadas después, la justicia estableció su responsabilidad en los crímenes. En junio de 2022, la Corte Suprema los condenó a 10 años de presidio efectivo a cada uno, como autores de 38 homicidios calificados.
Magaña, en tanto, murió en 2021, sin haber llegado a cumplir una condena de cárcel.
Las órdenes y el miedo
Carlos Durán, de 18 años, fue quien relató las señales de pistola utilizadas para organizar los fusilamientos. También recordó la pregunta de Magaña sobre si alguno tenía miedo. Nadie contestó. Cuando llegó la orden, según su declaración, los soldados dispararon.Juan Opazo tenía 19 años. Participó en los dos operativos y describió cómo los detenidos eran despojados de sus pertenencias antes de ser llevados hasta las quebradas. También contó que Magaña remataba a quienes sobrevivían. Reconoció haber disparado en ambas ocasiones, aunque aseguró no saber si había herido a alguien.
Víctor Sandoval vivió la primera ejecución desde el camión que custodiaba. Escuchó los disparos y vio regresar a sus compañeros sin los prisioneros. En el segundo operativo estuvo presente cuando Magaña ordenó a los detenidos recostarse, haciéndoles creer que descansarían. Luego vino la orden de fuego. Sandoval declaró que “todos obedecieron, salvo Pinto”.
Se refería a Roberto Pinto, quien reconoció haber disparado en la cuesta Chada, pero dijo desconocer si había matado a alguien. Sobre la segunda ejecución, también describió una orden de disparar y sostuvo que los soldados lo hicieron en ambas ocasiones.
Pero la demanda reúne otros testimonios que ayudan a entender el ambiente dentro de la unidad.
Jorge Saavedra, otro conscripto condenado por los crímenes de Paine, declaró que un oficial le puso una pistola en el cuello cuando apuntó hacia un lugar distinto al indicado. Le ordenó disparar contra los detenidos.
Juan Quintanilla, conductor del camión, relató algo parecido. Según su declaración, un superior le advirtió que, si no disparaba, “se iría con los detenidos”.
El escrito recoge esos antecedentes para sostener que los soldados estaban bajo una presión que iba más allá de la disciplina militar. En el caso de Opazo, por ejemplo, describe su situación como la disyuntiva de “obedecer la orden o exponerse a perder su propia vida”.
Esas amenazas aparecen en los expedientes. Pero no fueron suficientes para que la justicia descartara la responsabilidad penal de los soldados.
Quinta Normal: “Ahora tú, el otro es tuyo”
La historia del quinto demandante ocurrió casi un año después, en Santiago.Era el 11 de septiembre de 1974. Gustavo Delfín Marambio Olmos, de 19 años, cumplía funciones militares en instalaciones del Parque Quinta Normal. Esa noche llegaron dos detenidos: Agustín Contreras Santander y Manuel Valencia Cáceres. Ninguno salió con vida.
El oficial de guardia, Juan Segundo Martínez Oyanedel, comenzó a agredirlos. Según las declaraciones recogidas por el ministro Mario Carroza, los hombres recibieron golpes y fueron sometidos a agresiones con alambres alrededor del cuello.
Marambio también reconoció haber participado en los golpes, aunque aseguró que lo hizo siguiendo órdenes.
Después vino el corvo. Según su declaración, Martínez mató a uno de los detenidos con el arma y luego se la ofreció a él.
“Ahora tú, el otro es tuyo”, le habría dicho.
Marambio aseguró que se negó. El oficial reaccionó violentamente y terminó matando personalmente al segundo detenido.
Otros militares también declararon que Martínez mantenía al personal bajo amenazas con su pistola. Uno de esos testimonios describe que el oficial advertía que quienes desobedecieran serían dados de baja y que, cuando algunos manifestaron que no querían continuar, los amenazó con su arma.
La justicia investigó la participación de Marambio y terminó condenándolo. En mayo de 2024, la Corte Suprema le impuso cinco años y un día de presidio efectivo como autor de los secuestros calificados de Agustín Contreras y Manuel Valencia.
Hoy, los cinco demandantes cumplen condena en Colina I. La nueva acción sostiene que las amenazas y la violencia que presenciaron les provocaron daños psicológicos.
“Coacción física y moral”
La coacción no es un argumento nuevo en esta historia. La ministra Marianela Cifuentes examinó la posibilidad de que varios acusados hubieran actuado bajo fuerza irresistible o miedo insuperable, entre ellos Sandoval y Pinto. Pero la rechazó. Consideró que no se había acreditado una amenaza de tal magnitud que les impidiera actuar de otra manera.La defensa de Roberto Pinto había planteado que el exconscripto no actuó libremente. Alegó que obedeció bajo “coacción física y moral” y pidió sin éxito que se descartara su responsabilidad penal.
Consultado por BioBioChile, el abogado Ricardo Bravo Cornejo hace una distinción: una cosa es la responsabilidad penal por los crímenes cometidos y otra, los eventuales abusos que los soldados pudieron sufrir de parte de sus superiores.
La propia demanda plantea que “la responsabilidad penal por actos cometidos contra terceros y el daño sufrido por una persona en su propia integridad tienen objetos jurídicos distintos”. En otras palabras, sostiene que las condenas no impiden examinar si los superiores también vulneraron los derechos de quienes estaban bajo su mando.
El abogado también cuestionó el antiguo procedimiento penal bajo el cual fueron juzgados, asegurando que presentaba “graves deficiencias estructurales respecto de las garantías de imparcialidad, contradicción y defensa efectiva”..
Soldados conscriptos de la dictadura demandan al Estado
Los cinco hombres sostienen que las consecuencias de aquellas experiencias no terminaron cuando dejaron el Ejército.Según antecedentes de evaluaciones psicológicas vistos por BioBioChile, los condenados presentan distintas afectaciones de salud mental, algunas de carácter grave. Los informes reservados describen cuadros de depresión severa, crisis de pánico, pesadillas, angustia persistente y dificultades para relacionarse con otras personas.
Uno de los evaluados registra incluso antecedentes de comportamiento suicida.
En todo caso, las propias evaluaciones advierten que todavía es necesario determinar cuánto de ese sufrimiento puede atribuirse a las amenazas denunciadas y cuánto a otras experiencias posteriores.
La demanda describe ese padecimiento como un sufrimiento que “afectó su tranquilidad, estabilidad emocional y desenvolvimiento cotidiano, extendiéndose a su vida familiar y social”.
El propio abogado reconoce que la relación entre esos cuadros y las amenazas deberá probarse. Explicó que “la existencia de estas secuelas, su gravedad y su relación causal con las amenazas denunciadas deben ser acreditadas individualmente mediante antecedentes clínicos y evaluaciones especializadas”.
La demanda acusa al Ejército de incumplir su deber de protección sobre los jóvenes, quienes entonces eran menores de edad para la legislación civil, pues en Chile la mayoría de edad se alcanzaba a los 21 años.
También recurre a jurisprudencia de la Corte Suprema, incluido el caso Antuco, para fundamentar la responsabilidad del Estado por las actuaciones de sus militares. Y sostiene que la acción no ha prescrito, debido a su relación con graves vulneraciones de derechos humanos.
Cada uno de los cinco pide $300 millones por daño moral. En total, la defensa reclama $1.500 millones al Fisco. La suma, según el escrito, considera “la intensidad del riesgo para su propia vida, la utilización deliberada del temor por los mandos, la exposición a ejecuciones durante una etapa formativa y la prolongación del daño en su vida personal”.
La justicia deberá determinar si los abusos denunciados ocurrieron en los términos que plantea la demanda, si provocaron los daños descritos y si corresponde que el Estado responda económicamente por ellos.
Las condenas por los crímenes de Paine y Quinta Normal, en tanto, se mantienen.
Obligados a matar: soldados presos por crímenes en dictadura demandan al Estado por daños psicológicos
Fueron condenados por participar en crímenes de la dictadura. Cuatro de ellos, por el asesinato de 38 campesinos en Paine....
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