En Portada Otro golpe de knockout de J.A. Kast a la oposición: Cámara aprobó vetos presidenciales por megarreforma

Otro golpe de knockout de J.A. Kast a la oposición: Cámara aprobó vetos presidenciales por megarreforma​

A pesar de que el desenlace estaba escrito en los pliegues del trámite legislativo —una formalidad cuyo resultado se presumía predecible—, la sesión de este lunes en la Cámara de Diputados no estuvo exenta de resquemores y momentos de tensión política, en la que se terminaron aprobando las tres observaciones presidenciales presentadas por el Presidente José Antonio Kast al megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica.

Estos vetos, que la Carta Fundamental denomina técnicamente como «observaciones», tenían un objetivo claro y quirúrgico: eliminar tres artículos que la oposición había logrado insertar en el texto despachado por el Congreso, valiéndose para ello de votos provenientes de sectores díscolos del propio oficialismo. Sin embargo, lo que en apariencia era una victoria legislativa de la minoría, pronto chocó con el filtro del Ejecutivo, que evaluó dichas normas como potencialmente lesivas para los equilibrios macroeconómicos. Así lo hizo saber el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien advirtió que, a juicio del gobierno, esos artículos generaban efectos nocivos sobre la dinámica productiva del país.

En consecuencia, y haciendo uso de sus atribuciones constitucionales excepcionales, el Mandatario interpuso tres vetos supresivos dirigidos a anular disposiciones específicas: la prohibición del cobro de intereses sobre intereses (anatocismo); la instauración del derecho al olvido financiero para morosos; y los ajustes orientados a garantizar el pago en un plazo máximo de 30 días a las pequeñas y medianas empresas.

Un dato no menor en la geometría de esta votación fue la postura del Partido de la Gente (PDG), cuyos diputados optaron por la abstención, privando a la derecha de un capital político que en otras circunstancias hubiera sido determinante. Pese a ello, el gobierno logró reunir una mayoría holgada en la sala, suficiente para doblegar cualquier intento de resistencia parlamentaria.

Los guarismos reflejaron con crudeza la correlación de fuerzas: la eliminación de la norma sobre anatocismo fue respaldada por 75 votos a favor, frente a 59 en contra y 12 abstenciones. El veto relativo al derecho al olvido financiero cosechó una votación prácticamente calcada: 75 adhesiones, 58 rechazos y 13 abstenciones. Finalmente, la disposición sobre las pymes fue suprimida por un margen de 74 votos contra 50, con 22 abstenciones.

Superado el trámite de votación, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, realizó una declaración en tono institucional, subrayando que con este paso «el cuerpo legal de la Ley de Reconstrucción queda perfeccionado», y añadió que el Ejecutivo se apresta a culminar lo que resta del iter legislativo para que esta normativa «se convierta en un cuerpo que rija los destinos del país y que permita un rápido dinamismo y crecimiento económico». En lo que respecta al examen de constitucionalidad que deberá efectuar el Tribunal Constitucional, el jefe de la cartera económica se mostró cauto pero firme, al sostener que la megarreforma «es absolutamente coherente con nuestra Constitución y las leyes», transmitiendo tranquilidad respecto del escrutinio venidero.

Asimismo, el secretario de Estado ratificó la decisión del gobierno de aguardar la resolución del órgano constitucional para proceder a la promulgación definitiva. «Esperamos que eso sea durante este mes», puntualizó, entregando un horizonte temporal acotado para el cierre de este expediente legislativo.

Supremacía presidencial: el blindaje de los vetos supresivos

Estas observaciones de carácter supresivo, que ahora deberán ser revisadas por el Senado —primero en la Comisión de Hacienda y posteriormente en la sala, en una sesión fijada para el próximo miércoles—, fueron ingresadas a tramitación la semana recién pasada. En este escenario, la arquitectura institucional otorga al Presidente de la República una herramienta de enorme potencia: la Carta Fundamental consagra una suerte de supremacía ejecutiva que torna extremadamente difícil revertir la voluntad del Mandatario cuando se trata de vetos supresivos.

En efecto, la normativa constitucional establece que, incluso si los vetos fueran desestimados por una mayoría circunstancial de parlamentarios, el Congreso necesitaría reunir una votación calificada de dos tercios tanto en la Cámara de Diputados —esto es, 103 votos— como en el Senado —33 voluntades— para reponer el texto originalmente despachado. Un umbral que, visto el comportamiento de las bancadas, se antoja prácticamente inalcanzable, blindando así la decisión del Ejecutivo.

Tensiones y réplicas en el hemiciclo: el tono del debate

El ambiente en la sala reflejó, más allá del resultado previsible, un diagnóstico divergente sobre el rol del Estado y los mercados. El diputado Héctor Ulloa (Ind. PPD), autor de la iniciativa que buscaba frenar el anatocismo, compareció con un tono entre resignado y crítico, señalando que «la banca no quiso aventurarse para entrar al debate de fondo, al debate del abuso». Y remató con una sentencia de calado ético: «No todo lo que hace rentable una industria es bueno para la sociedad».

En la vereda opuesta, el diputado Juan Antonio Coloma justificó su respaldo a los tres vetos apelando a una máxima de advertencia: «El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones y es exactamente lo que estamos viviendo acá. Tres normas que suenan superbien, que suenan que van a ayudar a la gente, pero la están dañando». Por su parte, su correligionario José Carlos Meza (republicano) arremetió contra la gestión precedente, calificando de «embarrada» el legado recibido, y coincidiendo en que estas son «normas que se escuchan muy bien, pero que funcionan muy mal», cerrando así un debate que, aunque formalmente zanjado, deja abiertas las preguntas sobre el equilibrio entre protección social y viabilidad económica.