Más de un millón de dólares habría pagado ENAP al estudio jurídico del actual embajador en Israel, Gabriel Zaliasnik, entre 2019 y 2025. Los contratos son investigados por la Fiscalía de Valparaíso por un eventual vínculo con las gestiones para financiar la defensa del exgeneral de Carabineros Mario Rozas.
Según reveló Reportea, el Ministerio Público indaga los contratos suscritos entre la estatal y el estudio Albagli Zaliasnik, en medio de antecedentes que apuntan a una eventual conexión con el financiamiento de la defensa del exgeneral de la policía uniformada, investigado por su presunta responsabilidad de mando en causas por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.
La investigación busca esclarecer si los pagos realizados por ENAP tuvieron alguna relación con esas gestiones o si correspondieron a servicios profesionales independientes, sin vinculación con la defensa del exjefe policial.
Consultado por estos antecedentes, el abogado de Zaliasnik, Jorge Gálvez, defendió la legalidad de las contrataciones y aseguró que ya presentaron documentación ante la Fiscalía para respaldar los servicios prestados.
“Nosotros ya hemos hecho una presentación bastante clara y contundente en la Fiscalía dando cuenta de que se trata de una contratación profesional perfectamente razonable, razonada y completamente documentada”, aclaró.
Gálvez también precisó que, hasta ahora, Zaliasnik no ha sido citado a declarar y que se encuentra disponible para colaborar con el Ministerio Público. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre las supuestas gestiones judiciales que involucrarían a Luis Hermosilla y otros abogados.
Por su parte, Hermosilla aseguró que desconocía los contratos entre ENAP y el estudio de Zaliasnik, así como cualquier vínculo profesional entre ambas partes.
“Me vine a enterar de la existencia de esos temas ahora con el conjunto de los chilenos. No conozco nada de eso, de esa en esa materia. No conozco a nadie de ENAP, ni de la administración actual ni de la administración anterior, y ni sabía que existía algún nexo profesional”, aseveró.
En esa línea, Hermosilla insistió en que solo tomó conocimiento de los contratos a través de las informaciones que se hicieron públicas, descartando conocer antecedentes sobre las contrataciones investigadas.
Pero el caso también abrió un flanco político para el Gobierno. El diputado socialista Daniel Manouchehri, querellante en el caso Hermosilla, cuestionó que Zaliasnik continúe ejerciendo como embajador de Chile en Israel mientras la Fiscalía investiga los contratos de su estudio jurídico.
El parlamentario emplazó directamente al presidente José Antonio Kast a solicitar la renuncia del diplomático.
“La Fiscalía investiga esos contratos y él sigue como embajador representando a Chile. Presidente, dé la cara, ¿cuánto más tiene que aparecer para que usted le pida la renuncia a Zaliasnik?”, fustigó.
Manouchehri anunció, además, que oficiará a ENAP para solicitar una copia íntegra de los contratos suscritos con el estudio jurídico, el detalle de los pagos realizados y los antecedentes que justificaron dichas contrataciones.
www.biobiochile.cl
Según reveló Reportea, el Ministerio Público indaga los contratos suscritos entre la estatal y el estudio Albagli Zaliasnik, en medio de antecedentes que apuntan a una eventual conexión con el financiamiento de la defensa del exgeneral de la policía uniformada, investigado por su presunta responsabilidad de mando en causas por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.
La investigación busca esclarecer si los pagos realizados por ENAP tuvieron alguna relación con esas gestiones o si correspondieron a servicios profesionales independientes, sin vinculación con la defensa del exjefe policial.
Consultado por estos antecedentes, el abogado de Zaliasnik, Jorge Gálvez, defendió la legalidad de las contrataciones y aseguró que ya presentaron documentación ante la Fiscalía para respaldar los servicios prestados.
“Nosotros ya hemos hecho una presentación bastante clara y contundente en la Fiscalía dando cuenta de que se trata de una contratación profesional perfectamente razonable, razonada y completamente documentada”, aclaró.
Gálvez también precisó que, hasta ahora, Zaliasnik no ha sido citado a declarar y que se encuentra disponible para colaborar con el Ministerio Público. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre las supuestas gestiones judiciales que involucrarían a Luis Hermosilla y otros abogados.
Por su parte, Hermosilla aseguró que desconocía los contratos entre ENAP y el estudio de Zaliasnik, así como cualquier vínculo profesional entre ambas partes.
“Me vine a enterar de la existencia de esos temas ahora con el conjunto de los chilenos. No conozco nada de eso, de esa en esa materia. No conozco a nadie de ENAP, ni de la administración actual ni de la administración anterior, y ni sabía que existía algún nexo profesional”, aseveró.
En esa línea, Hermosilla insistió en que solo tomó conocimiento de los contratos a través de las informaciones que se hicieron públicas, descartando conocer antecedentes sobre las contrataciones investigadas.
Pero el caso también abrió un flanco político para el Gobierno. El diputado socialista Daniel Manouchehri, querellante en el caso Hermosilla, cuestionó que Zaliasnik continúe ejerciendo como embajador de Chile en Israel mientras la Fiscalía investiga los contratos de su estudio jurídico.
El parlamentario emplazó directamente al presidente José Antonio Kast a solicitar la renuncia del diplomático.
“La Fiscalía investiga esos contratos y él sigue como embajador representando a Chile. Presidente, dé la cara, ¿cuánto más tiene que aparecer para que usted le pida la renuncia a Zaliasnik?”, fustigó.
Manouchehri anunció, además, que oficiará a ENAP para solicitar una copia íntegra de los contratos suscritos con el estudio jurídico, el detalle de los pagos realizados y los antecedentes que justificaron dichas contrataciones.
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