Una investigación de Bío Bío identificó a 33 de los 56 condenados por delitos sexuales contra menores que obtuvieron rebajas administrativas por el gobierno de José Antonio Kast. Todos están hoy en libertad y sus víctimas no fueron notificadas. Informes de Gendarmería advierten alto riesgo de reincidencia, negación del delito y falta de empatía en varios de ellos. Los decretos fueron firmados por el ministro Fernando Rabat y los subsecretarios Luis Silva y Pablo Mira, quienes este lunes fueron respaldados en sus cargos.
Bío Bío accedió a miles de fojas judiciales, informes de Gendarmería y decretos que permitieron identificar a 33 de los favorecidos. El más prolífico a la hora de firmar las reducciones de castigos fue el ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien visó 22 documentos. El número dos de la cartera, el subsecretario Luis Silva, registra otros 10 a su haber. Mientras que Pablo Mira, subsecretario de Derechos Humanos, puso su rúbrica a un decreto.
La revisión permite conocer los delitos que cometieron, las penas que recibieron y cuánto se adelantó el término de sus condenas. Según se desprende del cruce de información, hoy todos están libres. Se trata de nombres que incluso no son conocidos por sus víctimas y cuya existencia sólo se conoció luego de que Interferencia hiciera estallar el caso.
Fue condenado en dos causas a penas que sumaban 22 años y un día por estupro, abuso sexual y violación reiterada. Tras ingresar a El Manzano, se convirtió en líder del pabellón de reos evangélicos. Recibió una reducción de 30 meses en un decreto firmado por el ministro Rabat.
José Luis Hernández Paredes, cabo primero del Regimiento Yungay, fue condenado a 16 años de cárcel por violación, abuso sexual y exhibición de material pornográfico contra dos niñas que tenían seis y siete años cuando comenzaron las vulneraciones. Las agredía y les daba regalos para que guardaran silencio. Una de ellas sufrió abusos durante cinco años. Su condena debía terminar en julio de 2028, pero un decreto firmado por Fernando Rabat la redujo en 24 meses y adelantó su término a julio de 2026.
Juan Osvaldo Aceval Véliz fue acusado de agredir sexualmente a cuatro niñas. Según la acusación de la Fiscalía, en uno de los casos los abusos comenzaron cuando la víctima tenía cinco años e incluyeron violaciones que se repitieron hasta que cumplió doce. El acusado aprovechaba su posición de confianza dentro del entorno de la víctima. La acusación también describió abusos contra otras tres niñas, de entre cuatro y nueve años. Recibió una reducción de 27 meses, mediante un decreto firmado por Luis Silva.
De acuerdo con el cruce de información, la constante en estos perfiles es el mal control de impulsos, la manipulación y la justificación de las agresiones. Varios de ellos catalogan los ultrajes como “juegos”, culpan al consumo de sustancias o derechamente atribuyen la responsabilidad a las propias víctimas.
Jeison Emerson Palacios Cabrera fue condenado por abusos sexuales contra dos niñas. Una tenía aproximadamente siete años y la otra sufrió las agresiones cuando tenía entre diez y once años. Un decreto firmado por Rabat redujo su condena en nueve meses y adelantó su término del 1 de abril de 2027 al 1 de julio de 2026.
Un informe de Gendarmería fechado en septiembre de 2025 califica a Jeison como un interno que presenta “alto riesgo de reincidencia” en delitos sexuales. Respecto al delito, “su relato oscila entre una justificación basada en consumo de sustancias y la atribución de responsabilidad a las víctimas”. Según él, buscaron seducirlo y aprovecharse de su bajo estado de conciencia tras haber consumido drogas y alcohol. No solo negó acordarse de haber cometido delitos, sino que incluso “se jacta de haber generado daño a las víctimas, señalando que ellas habían sido abusadas por otras personas, e incurrieron en culpas contra él con el fin de alejarlo de su pareja”.
Pedro Peña Silva fue condenado a 5 años por abuso sexual y recibió una reducción de 11 meses mediante un decreto firmado por Luis Silva. Fue sometido a un peritaje en abril de 2025. De acuerdo con el informe, el puntaje inicial arrojó un mediano riesgo de reincidencia en delitos sexuales. Sin embargo, “el análisis cualitativo de los factores individuales y la responsividad permiten elevar dicha clasificación a un nivel alto”.
Y es que, según consta en el documento, se observaron “características criminógenas relevantes, tales como dificultades en el manejo de la ira, tendencia a la intimidación y control, actividad sexual inapropiada y conductas sexistas, factores que inciden directamente en el riesgo específico de reincidencia sexual”.
Peña participó entre diciembre de 2022 y enero de 2024 en el Taller de Ofensores Sexuales, pero no logró avanzar en el reconocimiento del delito. Tampoco asumió su responsabilidad. “En sus declaraciones, atribuye la denuncia a un acto de venganza por parte de la víctima, calificando su condena como injusta y posicionándose a sí mismo como víctima de las circunstancias judiciales”, reza el escrito.
En síntesis, “no se advierte rechazo explícito al delito, entendiéndose que no reconoce el ilícito en sí, denotando nula consciencia del mal causado y de la gravedad del ilícito frente a las repercusiones o consecuencias que pudiera tener la víctima”.
Para entonces registraba un nivel de riesgo alto de reincidencia. De acuerdo con el documento, se sentía como víctima “en relación a las circunstancias que provocan su estado de reclusión”. Durante el proceso externalizó su responsabilidad en el sistema judicial y la afectada menor de edad, “careciendo de conciencia del mal causado”.
Heriberto Eliecer Alvarado Silva fue condenado a 6 años por abuso sexual impropio de menor de 14 años. Recibió una reducción de 6 meses, mediante un decreto firmado por Fernando Rabat. El condenado fue entrevistado por personal de Gendarmería a mediados de 2024. De acuerdo con el acta, “el sujeto presenta negación ante el delito de violencia sexual cometido”. “No reconoce haber persuadido a la víctima y señala como inexistentes dos, de los tres episodios de violencia sexual”.
“Debido a la negación del delito, no logra realizar ningún tipo de análisis frente a los factores que lo llevan a cometer el ilícito, tampoco demuestra empatía por el sufrimiento de la niña”. “Así mismo, el individuo no se reconoce como agresor sexual, descartando una posible intervención para ofensores sexuales”.
“Con todo lo descrito es posible identificar al sujeto como una persona con graves problemas de reconocimiento de los factores en su disposición a cometer violencia sexual, y que con ello se propicia la posibilidad de incurrir en nuevos delitos”.
“En lo que concierne al área de patrón antisocial (PAS), el usuario mantiene un nivel de riesgo ALTO. Ya que el usuario mantiene una tendencia a favor del delito, no reconoce su conducta desajustada que atenta de manera violenta contra la infancia”.
Waldo Gómez Mondaca fue condenado a 6 años por abuso sexual. Recibió una reducción de 21 meses, mediante un decreto firmado por Fernando Rabat. Registra un informe de marzo de 2025, cuando quiso optar a la libertad condicional. Los profesionales que sometieron al condenado a peritajes estimaron un alto riesgo de reincidencia en delitos comunes y medio riesgo de reincidencia en delitos de ofensa sexual. En buenas cuentas, fue considerado como “multirreincidente legal y criminógeno”, con “trayectoria desde la infancia en la comisión delictiva y en el cumplimiento de condena”.
De acuerdo con el documento, “cuenta con versatilidad delictiva y escala de gravedad de delitos”. “Tras la triangulación de las evaluaciones realizadas, el informado no presenta rasgos psicopáticos, que subyacen a su accionar delictivo, sino más bien actitudes que justifican y apoyan la consecución delictiva como medio de subsistencia”. El informe añade que el condenado presentaba “negación y minimización de la violencia sexual ejercida”.
De acuerdo con la ley, la reducción de la pena constituye un acto puramente administrativo resuelto entre Gendarmería y el Ministerio de Justicia mediante Decreto Supremo. No existe ningún artículo que obligue a informar a los afectados ni a sus familiares.
Según cuentan fuentes consultadas por Bío Bío, justamente eso ha impedido que víctimas de delitos sexuales estén “a ciegas” tras los decretos del gobierno. Existen otros 23 condenados que fueron liberados pero que hasta el cierre de esta edición este medio no pudo identificar.
Al tratarse de un beneficio, el sistema no contempla un protocolo de notificación automática para las víctimas antes de que el condenado recupere la libertad.
Quienes conocen al dedillo la aplicación de la ley explican que es Gendarmería de Chile la institución encargada de crear, actualizar, conservar y custodiar el Registro de Personas Beneficiadas desde febrero de 2003.
En ese contexto, altas fuentes conocedoras del funcionamiento de estos procedimientos al interior de la institución explican que, una vez notificados los decretos de reducción de condena emanados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gendarmería está obligada a ejecutar de manera inmediata las excarcelaciones que correspondan, siempre que se haya cumplido la nueva fecha de término de la pena y no existan otras órdenes judiciales que justifiquen mantener al interno privado de libertad.
La obligación no es menor. Según los mismos consultados, una demora injustificada en la liberación podría acarrear responsabilidades administrativas e incluso penales para los funcionarios involucrados, al prolongar indebidamente la privación de libertad de una persona.
Esto es " lo menos malo" que defendí @Gato.negro
Pederastas con alto peligro de reincidencia, con rasgos de “frialdad” y sin remordimiento por los ilícitos cometidos ni empatía con sus víctimas. Ese es el perfil de parte de los 56 condenados por delitos sexuales en contra de menores que —vía administrativa— fueron beneficiados con la rebaja de sus condenas por el gobierno de José Antonio Kast.
Bío Bío accedió a miles de fojas judiciales, informes de Gendarmería y decretos que permitieron identificar a 33 de los favorecidos. El más prolífico a la hora de firmar las reducciones de castigos fue el ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien visó 22 documentos. El número dos de la cartera, el subsecretario Luis Silva, registra otros 10 a su haber. Mientras que Pablo Mira, subsecretario de Derechos Humanos, puso su rúbrica a un decreto.
La revisión permite conocer los delitos que cometieron, las penas que recibieron y cuánto se adelantó el término de sus condenas. Según se desprende del cruce de información, hoy todos están libres. Se trata de nombres que incluso no son conocidos por sus víctimas y cuya existencia sólo se conoció luego de que Interferencia hiciera estallar el caso.
El hermano Quelo
Luis Caamaño Mora, conocido como el “Hermano Quelo”, figura como uno de los favorecidos por la administración Kast. Encabezó un grupo religioso en Talcahuano cuyos seguidores lo creían un enviado de Dios. El grupo llegó a reunir cerca de cien personas y sus integrantes terminaron viviendo en una casa cedida por uno de ellos. Una testigo relató en medio del proceso judicial en su contra que había sido convencida de que mantener relaciones sexuales con el líder era parte de un supuesto plan divino.Fue condenado en dos causas a penas que sumaban 22 años y un día por estupro, abuso sexual y violación reiterada. Tras ingresar a El Manzano, se convirtió en líder del pabellón de reos evangélicos. Recibió una reducción de 30 meses en un decreto firmado por el ministro Rabat.
José Luis Hernández Paredes, cabo primero del Regimiento Yungay, fue condenado a 16 años de cárcel por violación, abuso sexual y exhibición de material pornográfico contra dos niñas que tenían seis y siete años cuando comenzaron las vulneraciones. Las agredía y les daba regalos para que guardaran silencio. Una de ellas sufrió abusos durante cinco años. Su condena debía terminar en julio de 2028, pero un decreto firmado por Fernando Rabat la redujo en 24 meses y adelantó su término a julio de 2026.
Un agresor múltiple
Patricio Alberto Arancibia Farfán aprovechó la confianza que tenía con el entorno de la víctima para agredirla de manera reiterada. La niña tenía trece años y quedó embarazada producto de las violaciones. Arancibia recibió una condena de cinco años de prisión. Un decreto firmado por Rabat le concedió nueve meses de rebaja: el término de su pena pasó de marzo de 2027 a junio de 2026.Juan Osvaldo Aceval Véliz fue acusado de agredir sexualmente a cuatro niñas. Según la acusación de la Fiscalía, en uno de los casos los abusos comenzaron cuando la víctima tenía cinco años e incluyeron violaciones que se repitieron hasta que cumplió doce. El acusado aprovechaba su posición de confianza dentro del entorno de la víctima. La acusación también describió abusos contra otras tres niñas, de entre cuatro y nueve años. Recibió una reducción de 27 meses, mediante un decreto firmado por Luis Silva.
Alto riesgo de reincidencia
Dentro del grupo de beneficiados existen pederastas condenados con un alto riesgo de reincidencia. Bío Bío accedió a peritajes de profesionales de Gendarmería que se inmiscuyeron en lo más profundo de las mentes de los criminales.De acuerdo con el cruce de información, la constante en estos perfiles es el mal control de impulsos, la manipulación y la justificación de las agresiones. Varios de ellos catalogan los ultrajes como “juegos”, culpan al consumo de sustancias o derechamente atribuyen la responsabilidad a las propias víctimas.
Jeison Emerson Palacios Cabrera fue condenado por abusos sexuales contra dos niñas. Una tenía aproximadamente siete años y la otra sufrió las agresiones cuando tenía entre diez y once años. Un decreto firmado por Rabat redujo su condena en nueve meses y adelantó su término del 1 de abril de 2027 al 1 de julio de 2026.
Un informe de Gendarmería fechado en septiembre de 2025 califica a Jeison como un interno que presenta “alto riesgo de reincidencia” en delitos sexuales. Respecto al delito, “su relato oscila entre una justificación basada en consumo de sustancias y la atribución de responsabilidad a las víctimas”. Según él, buscaron seducirlo y aprovecharse de su bajo estado de conciencia tras haber consumido drogas y alcohol. No solo negó acordarse de haber cometido delitos, sino que incluso “se jacta de haber generado daño a las víctimas, señalando que ellas habían sido abusadas por otras personas, e incurrieron en culpas contra él con el fin de alejarlo de su pareja”.
Pedro Peña Silva fue condenado a 5 años por abuso sexual y recibió una reducción de 11 meses mediante un decreto firmado por Luis Silva. Fue sometido a un peritaje en abril de 2025. De acuerdo con el informe, el puntaje inicial arrojó un mediano riesgo de reincidencia en delitos sexuales. Sin embargo, “el análisis cualitativo de los factores individuales y la responsividad permiten elevar dicha clasificación a un nivel alto”.
Y es que, según consta en el documento, se observaron “características criminógenas relevantes, tales como dificultades en el manejo de la ira, tendencia a la intimidación y control, actividad sexual inapropiada y conductas sexistas, factores que inciden directamente en el riesgo específico de reincidencia sexual”.
Peña participó entre diciembre de 2022 y enero de 2024 en el Taller de Ofensores Sexuales, pero no logró avanzar en el reconocimiento del delito. Tampoco asumió su responsabilidad. “En sus declaraciones, atribuye la denuncia a un acto de venganza por parte de la víctima, calificando su condena como injusta y posicionándose a sí mismo como víctima de las circunstancias judiciales”, reza el escrito.
En síntesis, “no se advierte rechazo explícito al delito, entendiéndose que no reconoce el ilícito en sí, denotando nula consciencia del mal causado y de la gravedad del ilícito frente a las repercusiones o consecuencias que pudiera tener la víctima”.
Sin conciencia del mal causado
Gabriel Reyes Rebolledo fue condenado a 15 años por violación y abuso sexual de menor de 14 años. Recibió una reducción de 30 meses, mediante un decreto firmado por Pablo Mira. Fue sometido a estudios en septiembre de 2024. Cuenta con antecedentes por el delito de robo con fuerza. Cumplía condena por los delitos de abuso reiterado y violación reiterada de menor de 14 años.Para entonces registraba un nivel de riesgo alto de reincidencia. De acuerdo con el documento, se sentía como víctima “en relación a las circunstancias que provocan su estado de reclusión”. Durante el proceso externalizó su responsabilidad en el sistema judicial y la afectada menor de edad, “careciendo de conciencia del mal causado”.
Heriberto Eliecer Alvarado Silva fue condenado a 6 años por abuso sexual impropio de menor de 14 años. Recibió una reducción de 6 meses, mediante un decreto firmado por Fernando Rabat. El condenado fue entrevistado por personal de Gendarmería a mediados de 2024. De acuerdo con el acta, “el sujeto presenta negación ante el delito de violencia sexual cometido”. “No reconoce haber persuadido a la víctima y señala como inexistentes dos, de los tres episodios de violencia sexual”.
“Debido a la negación del delito, no logra realizar ningún tipo de análisis frente a los factores que lo llevan a cometer el ilícito, tampoco demuestra empatía por el sufrimiento de la niña”. “Así mismo, el individuo no se reconoce como agresor sexual, descartando una posible intervención para ofensores sexuales”.
“Con todo lo descrito es posible identificar al sujeto como una persona con graves problemas de reconocimiento de los factores en su disposición a cometer violencia sexual, y que con ello se propicia la posibilidad de incurrir en nuevos delitos”.
“En lo que concierne al área de patrón antisocial (PAS), el usuario mantiene un nivel de riesgo ALTO. Ya que el usuario mantiene una tendencia a favor del delito, no reconoce su conducta desajustada que atenta de manera violenta contra la infancia”.
Waldo Gómez Mondaca fue condenado a 6 años por abuso sexual. Recibió una reducción de 21 meses, mediante un decreto firmado por Fernando Rabat. Registra un informe de marzo de 2025, cuando quiso optar a la libertad condicional. Los profesionales que sometieron al condenado a peritajes estimaron un alto riesgo de reincidencia en delitos comunes y medio riesgo de reincidencia en delitos de ofensa sexual. En buenas cuentas, fue considerado como “multirreincidente legal y criminógeno”, con “trayectoria desde la infancia en la comisión delictiva y en el cumplimiento de condena”.
De acuerdo con el documento, “cuenta con versatilidad delictiva y escala de gravedad de delitos”. “Tras la triangulación de las evaluaciones realizadas, el informado no presenta rasgos psicopáticos, que subyacen a su accionar delictivo, sino más bien actitudes que justifican y apoyan la consecución delictiva como medio de subsistencia”. El informe añade que el condenado presentaba “negación y minimización de la violencia sexual ejercida”.
Sin notificación a las víctimas
A diferencia de la libertad condicional que exige expresamente notificar a la víctima e incluso escuchar su postura antes de conceder la salida, en la rebaja de condena por conducta sobresaliente opera una realidad distinta.De acuerdo con la ley, la reducción de la pena constituye un acto puramente administrativo resuelto entre Gendarmería y el Ministerio de Justicia mediante Decreto Supremo. No existe ningún artículo que obligue a informar a los afectados ni a sus familiares.
Según cuentan fuentes consultadas por Bío Bío, justamente eso ha impedido que víctimas de delitos sexuales estén “a ciegas” tras los decretos del gobierno. Existen otros 23 condenados que fueron liberados pero que hasta el cierre de esta edición este medio no pudo identificar.
Al tratarse de un beneficio, el sistema no contempla un protocolo de notificación automática para las víctimas antes de que el condenado recupere la libertad.
Quienes conocen al dedillo la aplicación de la ley explican que es Gendarmería de Chile la institución encargada de crear, actualizar, conservar y custodiar el Registro de Personas Beneficiadas desde febrero de 2003.
En ese contexto, altas fuentes conocedoras del funcionamiento de estos procedimientos al interior de la institución explican que, una vez notificados los decretos de reducción de condena emanados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gendarmería está obligada a ejecutar de manera inmediata las excarcelaciones que correspondan, siempre que se haya cumplido la nueva fecha de término de la pena y no existan otras órdenes judiciales que justifiquen mantener al interno privado de libertad.
La obligación no es menor. Según los mismos consultados, una demora injustificada en la liberación podría acarrear responsabilidades administrativas e incluso penales para los funcionarios involucrados, al prolongar indebidamente la privación de libertad de una persona.
Pederastas con riesgo de reincidencia: estos son 33 de los 56 beneficiados por Rabat y compañía
Una investigación de Bío Bío identificó a 33 de los 56 condenados por delitos sexuales contra menores que obtuvieron rebajas administrativas por el gobierno de José Antonio Kast. Todos están hoy en libertad y sus víctimas no fueron notificadas. Informes de Gendarmería advierten alto riesgo de...www.biobiochile.cl
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