José Pérez Debelli, presidente de la ANEF y evaluación por desempeño: “Nosotros creemos en la autocalificación”
En un nuevo capítulo de EnFoco, el podcast del centro de Incidencia Pivotes, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez Debelli, conversa sobre el funcionamiento del empleo público en Chile. Consultado por el bono de desempeño que el 97% de los funcionarios recibe, dice que “nuestro salario tiene un componente económico, pero involucra metas como el Estado verde, atención de usuario, perspectiva de género. No es, como antiguamente se señalaba, que cuando una persona llega al Estado se sienta y se acomoda”.
-Respecto del proyecto de acuerdo con Hacienda se ha hablado de eventuales amarres de funcionarios. ¿La ANEF está defendiendo una estabilidad laboral legítima o como dicen los críticos del acuerdo, blindando cuotas de poder y redes clientelares en el Estado?
-En relación a la norma de certeza legal que establece profundizar y asegurar la estabilidad para los funcionarios y funcionarias públicas de carrera, no es correcto señalar que son blindajes o cuotas de poder o redes clientelares. Por el contrario, somos quienes nos quedamos trabajando de manera permanente y quienes ejecutamos la política pública en todo el territorio nacional y que pesa sobre nuestros hombros la precarización contractual.
Creemos que es un avance este trabajo que presentamos desde la mesa del sector público con el actual gobierno. Y además, el gobierno propuso que de una vez por todas se sincere los nombramientos de confianza política. Eso nos parece correcto y creo que eso conversa de manera muy directa con lo que señalan algunos sectores de derecha y ultra derecha que han vociferado, confundiendo a la ciudadanía, que estamos tratando de amarrar cargos de confianza política.
-¿Qué mecanismos concretos propone la ANEF para evitar que funcionarios mal evaluados sigan amarrados al aparato público?
-Frente a los mecanismos que tenemos desde la ANEF para evitar que funcionarios mal evaluados sigan amarrados al aparato público, eso es un mito. Sin duda, alguien califica, ya sea ese líder o lideresa que tiene a cargo una jefatura o una autoridad, nombrada políticamente o por concurso de Alta Dirección Pública, tiene la obligación de calificar conforme a los estándares de cumplimiento y eso se hace.
Cuando el Estado tiene contratos precarios, honorarios y contrata, eso nos obliga como organizaciones sindicales a defender aquellos derechos que son consagrados en normas que antes la Contraloría recogía y en este periodo no. Y la justicia va cambiando de criterio. Por lo tanto, es la oportunidad de legislar para entregar certeza legal frente a la continuidad laboral.
-Chile es el país de la OECD con el menor nivel de confianza hacia los funcionarios públicos ¿Qué explica esa percepción, a tu juicio?
-Yo hablo por la administración central del Estado. Nosotros no somos los hospitales, ni los Cesfam, ni los municipales. Cuando alguien requiere del Estado de manera rápida, oportuna, por ejemplo, en un sector rural, bueno, lo hacen con los recursos que tienen y ahí está el déficit. Llega una persona con una dolencia y la respuesta es que no hay especialista. Entonces la frustración se instala.
-Hay cierto consenso de que se necesita una reforma al empleo público. Y uno de los principales obstáculos para que ello ocurra es precisamente la ANEF que es vista como un muro que no permite avanzar en esa modernización del Estado.
-Nosotros no somos un muro. Nosotros estamos siempre disponible y trabajamos con propuestas. Tenemos un protocolo de acuerdo gobierno-ANEF del año 2000, hace 25 años, con el Gobierno del presidente Ricardo Lagos. Se estableció un acuerdo para modernizar el aparato público y tener un Estado participativo, solidario, proveedor de igualdad de oportunidades, dotado de capacidad de regular, etcétera.
Nos embarcamos con todo, se hicieron bajadas a los servicios, un diseño de acompañamiento, pero vinieron las crisis políticas, que no son responsabilidad de los funcionarios, el MOP Gate y luego el pacto político al que no nos invitaron, y eso nos duele. Y cuando se dice que nosotros paramos todo, no es así. Estamos disponibles, pero invítennos no solamente al final del proceso. Nos pasó en Piñera 2, estuvimos con Ignacio Briones, luego con Rodrigo Cerda como ministro de Hacienda al final de la carrera, sobre el fin del período, presentaron un proyecto. Eso es irresponsabilidad. Con este gobierno tratamos también de modernizar el Estado, pero la respuesta es que las prioridades son otras.
-¿Ustedes creen como ANEF en la necesidad de un nuevo modelo?
-Por supuesto, la función pública es estratégica, porque los funcionarios tenemos que rendir cuentas.
-¿Qué características tiene que tener ese modelo?
-Tiene que haber un Estado donde a los funcionarios efectivamente le exijas conforme al contrato que tiene en su repartición. Tiene que tener un contrato regular conforme a su nivel de profesión, exigencia, desarrollo, capacitación, movilidad y un egreso digno con un sistema seguridad social, ojalá nórdico. Y que cada autoridad política nombrada a dedo, que son más de 3.000 cargos que los gobiernos ponen, que efectivamente sean los mejores. Porque no llegan los mejores a liderar los servicios y no se aprovecha el talento de los profesionales de carrera. Creo que hay mucha capacidad y mucha frustración de nuestros trabajadoras y trabajadores públicos.
-Hay varias cosas donde los funcionarios y quienes empujan por reformas coinciden, la movilidad funcionaria, disminuir las designaciones a dedo, que haya protección a la salida. ¿Por qué aun así cuesta tanto hacer una reforma?
-Efectivamente el diagnóstico está claro para todos los sectores políticos. Entonces creo que debemos dejar los egos y los mitos y pongámonos en algo que es urgente. Hagamos un pacto, pero siempre lo hemos dicho, que a nosotros nos interesa participar, no para bloquear o ser caprichosos, sino porque creemos que la experiencia que tenemos es un capital y un terreno fértil para colaborar y contribuir.
-Otro de los problemas que se esgrimen es que no existe una evaluación real de desempeño en el Estado. El 97% recibe el bono de buen desempeño.
-Nuestro salario tiene un componente económico, pero involucra metas como el Estado verde, atención de usuario, perspectiva de género. No es, como antiguamente se señalaba, que cuando una persona llega al Estado se sienta y se acomoda. Hay que ser proactivo, anticiparse. Y los departamento de planificación de los servicios nuestros se tensionan todos los años para cumplir los complementos de desarrollo de la organización.
-¿Cuál es la propuesta de la ANEF para mejorar la evaluación de desempeño?
-Tenemos propuestas. Nosotros primero creemos en la autocalificación. Tenemos incluso un reglamento especial de calificación que nos rige en el Estado y después, para que esto tenga cierta movilidad y modernización, cada organización conducida y liderada por un jefe de servicio de turno o nombrado por ADP, trabaja en su propio reglamento, para que todos mejoren y que no quede que todos califiquemos en lista 1.
-¿Cuál es la postura de la ANEF respecto al principio de confianza legítima? Es una figura que ha permitido que personas que entren a los gobiernos de turno como contrata, finalmente se queden en el Estado.
-La confianza legítima nace de la que nosotros llamamos la doctrina Jorge Bermúdez, el ex contralor General de la República. Recuerdo que teníamos complicaciones con la no renovación anticipada de contratas. Y se relevó y se puso en valor la justificación. Si alguien lleva 5, 10, 15, 20 o 35 años y le dicen que su servicio ya no es necesario, no hay indemnización.
En el sector privado, una persona que está sin trabajo tiene derecho al seguro de cesantía, pero en el Estado eso no existe. Es un tema estructural. Y con la confianza legítima el contralor dijo no me pregunten más, tengo una cantidad de apelaciones sobre las que no me puedo pronunciar porque no quiero entrar en la competencia con el Poder Judicial con la unificación de criterio. La idea ahora es que tengamos una norma que asegure la estabilidad del empleo, que para nosotros es un principio fundamental. Y lo que estamos haciendo es que no dependamos de interpretaciones administrativas de la Contraloría ni judiciales, sino que tengamos una norma legal que asegure que efectivamente si tienes trayectoria se respete esa estabilidad en el empleo.
https://www.ex-ante.cl/jose-perez-d...peno-nosotros-creemos-en-la-autocalificacion/
En un nuevo capítulo de EnFoco, el podcast del centro de Incidencia Pivotes, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez Debelli, conversa sobre el funcionamiento del empleo público en Chile. Consultado por el bono de desempeño que el 97% de los funcionarios recibe, dice que “nuestro salario tiene un componente económico, pero involucra metas como el Estado verde, atención de usuario, perspectiva de género. No es, como antiguamente se señalaba, que cuando una persona llega al Estado se sienta y se acomoda”.
-Respecto del proyecto de acuerdo con Hacienda se ha hablado de eventuales amarres de funcionarios. ¿La ANEF está defendiendo una estabilidad laboral legítima o como dicen los críticos del acuerdo, blindando cuotas de poder y redes clientelares en el Estado?
-En relación a la norma de certeza legal que establece profundizar y asegurar la estabilidad para los funcionarios y funcionarias públicas de carrera, no es correcto señalar que son blindajes o cuotas de poder o redes clientelares. Por el contrario, somos quienes nos quedamos trabajando de manera permanente y quienes ejecutamos la política pública en todo el territorio nacional y que pesa sobre nuestros hombros la precarización contractual.
Creemos que es un avance este trabajo que presentamos desde la mesa del sector público con el actual gobierno. Y además, el gobierno propuso que de una vez por todas se sincere los nombramientos de confianza política. Eso nos parece correcto y creo que eso conversa de manera muy directa con lo que señalan algunos sectores de derecha y ultra derecha que han vociferado, confundiendo a la ciudadanía, que estamos tratando de amarrar cargos de confianza política.
-¿Qué mecanismos concretos propone la ANEF para evitar que funcionarios mal evaluados sigan amarrados al aparato público?
-Frente a los mecanismos que tenemos desde la ANEF para evitar que funcionarios mal evaluados sigan amarrados al aparato público, eso es un mito. Sin duda, alguien califica, ya sea ese líder o lideresa que tiene a cargo una jefatura o una autoridad, nombrada políticamente o por concurso de Alta Dirección Pública, tiene la obligación de calificar conforme a los estándares de cumplimiento y eso se hace.
Cuando el Estado tiene contratos precarios, honorarios y contrata, eso nos obliga como organizaciones sindicales a defender aquellos derechos que son consagrados en normas que antes la Contraloría recogía y en este periodo no. Y la justicia va cambiando de criterio. Por lo tanto, es la oportunidad de legislar para entregar certeza legal frente a la continuidad laboral.
-Chile es el país de la OECD con el menor nivel de confianza hacia los funcionarios públicos ¿Qué explica esa percepción, a tu juicio?
-Yo hablo por la administración central del Estado. Nosotros no somos los hospitales, ni los Cesfam, ni los municipales. Cuando alguien requiere del Estado de manera rápida, oportuna, por ejemplo, en un sector rural, bueno, lo hacen con los recursos que tienen y ahí está el déficit. Llega una persona con una dolencia y la respuesta es que no hay especialista. Entonces la frustración se instala.
-Hay cierto consenso de que se necesita una reforma al empleo público. Y uno de los principales obstáculos para que ello ocurra es precisamente la ANEF que es vista como un muro que no permite avanzar en esa modernización del Estado.
-Nosotros no somos un muro. Nosotros estamos siempre disponible y trabajamos con propuestas. Tenemos un protocolo de acuerdo gobierno-ANEF del año 2000, hace 25 años, con el Gobierno del presidente Ricardo Lagos. Se estableció un acuerdo para modernizar el aparato público y tener un Estado participativo, solidario, proveedor de igualdad de oportunidades, dotado de capacidad de regular, etcétera.
Nos embarcamos con todo, se hicieron bajadas a los servicios, un diseño de acompañamiento, pero vinieron las crisis políticas, que no son responsabilidad de los funcionarios, el MOP Gate y luego el pacto político al que no nos invitaron, y eso nos duele. Y cuando se dice que nosotros paramos todo, no es así. Estamos disponibles, pero invítennos no solamente al final del proceso. Nos pasó en Piñera 2, estuvimos con Ignacio Briones, luego con Rodrigo Cerda como ministro de Hacienda al final de la carrera, sobre el fin del período, presentaron un proyecto. Eso es irresponsabilidad. Con este gobierno tratamos también de modernizar el Estado, pero la respuesta es que las prioridades son otras.
-¿Ustedes creen como ANEF en la necesidad de un nuevo modelo?
-Por supuesto, la función pública es estratégica, porque los funcionarios tenemos que rendir cuentas.
-¿Qué características tiene que tener ese modelo?
-Tiene que haber un Estado donde a los funcionarios efectivamente le exijas conforme al contrato que tiene en su repartición. Tiene que tener un contrato regular conforme a su nivel de profesión, exigencia, desarrollo, capacitación, movilidad y un egreso digno con un sistema seguridad social, ojalá nórdico. Y que cada autoridad política nombrada a dedo, que son más de 3.000 cargos que los gobiernos ponen, que efectivamente sean los mejores. Porque no llegan los mejores a liderar los servicios y no se aprovecha el talento de los profesionales de carrera. Creo que hay mucha capacidad y mucha frustración de nuestros trabajadoras y trabajadores públicos.
-Hay varias cosas donde los funcionarios y quienes empujan por reformas coinciden, la movilidad funcionaria, disminuir las designaciones a dedo, que haya protección a la salida. ¿Por qué aun así cuesta tanto hacer una reforma?
-Efectivamente el diagnóstico está claro para todos los sectores políticos. Entonces creo que debemos dejar los egos y los mitos y pongámonos en algo que es urgente. Hagamos un pacto, pero siempre lo hemos dicho, que a nosotros nos interesa participar, no para bloquear o ser caprichosos, sino porque creemos que la experiencia que tenemos es un capital y un terreno fértil para colaborar y contribuir.
-Otro de los problemas que se esgrimen es que no existe una evaluación real de desempeño en el Estado. El 97% recibe el bono de buen desempeño.
-Nuestro salario tiene un componente económico, pero involucra metas como el Estado verde, atención de usuario, perspectiva de género. No es, como antiguamente se señalaba, que cuando una persona llega al Estado se sienta y se acomoda. Hay que ser proactivo, anticiparse. Y los departamento de planificación de los servicios nuestros se tensionan todos los años para cumplir los complementos de desarrollo de la organización.
-¿Cuál es la propuesta de la ANEF para mejorar la evaluación de desempeño?
-Tenemos propuestas. Nosotros primero creemos en la autocalificación. Tenemos incluso un reglamento especial de calificación que nos rige en el Estado y después, para que esto tenga cierta movilidad y modernización, cada organización conducida y liderada por un jefe de servicio de turno o nombrado por ADP, trabaja en su propio reglamento, para que todos mejoren y que no quede que todos califiquemos en lista 1.
-¿Cuál es la postura de la ANEF respecto al principio de confianza legítima? Es una figura que ha permitido que personas que entren a los gobiernos de turno como contrata, finalmente se queden en el Estado.
-La confianza legítima nace de la que nosotros llamamos la doctrina Jorge Bermúdez, el ex contralor General de la República. Recuerdo que teníamos complicaciones con la no renovación anticipada de contratas. Y se relevó y se puso en valor la justificación. Si alguien lleva 5, 10, 15, 20 o 35 años y le dicen que su servicio ya no es necesario, no hay indemnización.
En el sector privado, una persona que está sin trabajo tiene derecho al seguro de cesantía, pero en el Estado eso no existe. Es un tema estructural. Y con la confianza legítima el contralor dijo no me pregunten más, tengo una cantidad de apelaciones sobre las que no me puedo pronunciar porque no quiero entrar en la competencia con el Poder Judicial con la unificación de criterio. La idea ahora es que tengamos una norma que asegure la estabilidad del empleo, que para nosotros es un principio fundamental. Y lo que estamos haciendo es que no dependamos de interpretaciones administrativas de la Contraloría ni judiciales, sino que tengamos una norma legal que asegure que efectivamente si tienes trayectoria se respete esa estabilidad en el empleo.
https://www.ex-ante.cl/jose-perez-d...peno-nosotros-creemos-en-la-autocalificacion/
