Prisión para motociclistas extranjeros por balear a inspector de San Miguel y extorsionar a locatarios

Prisión para motociclistas extranjeros por balear a inspector de San Miguel y extorsionar a locatarios​

En prisión preventiva quedaron dos motociclistas de nacionalidad venezolana, cuya detención ocurrió tras una colisión en Pedro Aguirre Cerda con una camioneta municipal de San Miguel luego de balear a un inspector. Ambos imputados estaban siendo investigados por otros sucesos ligados a disparos en el contexto de extorsiones a comerciantes de La Granja.

El fiscal coordinador de la Macrozona Centro de la Fiscalía Supraterritorial, Marcelo Vargas, entregó antecedentes de la formalización realizada durante este miércoles, respecto a una investigación iniciada tras el homicidio frustrado contra un funcionario municipal de San Miguel.

Este hecho se remonta a eso de las 4:30 horas del pasado viernes, cuando ambos individuos fueron sorprendidos intentando robar un vehículo, suceso que originó una persecución.

Durante el seguimiento, los antisociales dispararon contra los funcionarios e hirieron a uno en la zona de la clavícula, por lo que este último fue trasladado a la ACHS fuera de riesgo vital.

La persecución termina tras una colisión en Pedro Aguirre Cerda, que permitió la captura de ambos imputados.

Extorsión a comerciantes ligada a motociclistas que balearon a inspector municipal de San Miguel​

El fiscal Vargas detalló que, en el marco de las diligencias del Departamento OS9 de Carabineros tras la captura de los sujetos, y luego de coordinación interinstitucional con la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Bicrim) de la PDI, se estableció que los sujetos “venían justamente de cometer disparos producto de extorsiones a comerciantes de la comuna de La Granja“.

De este modo, en un trabajo colaborativo con la Fiscalía Sur y ambas policías, la Fiscalía Supraterritorial formalizó a los imputados por los delitos de extorsión, disparos, homicidio frustrado y porte de arma.

Los sujetos quedaron tras las rejas por constituir un peligro para la seguridad de la sociedad y se fijó un plazo de investigación de 180 días.