Pugna por responsabilidad e inacción: Se agudiza la presión contra Gobierno por toma de San Antonio

Pugna por responsabilidad e "inacción": Se agudiza la presión contra el Gobierno por toma de San Antonio



El delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, ha apuntado al Minvu al momento de buscar una solución al tema, mientras que el ministro Carlos Montes, ha apuntado a la Delegación.

Una situación compleja es la que enfrenta el Gobierno por las 10.251 personas que viven en la "megatoma" de San Antonio, luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso determinara que no procede extender el plazo para llevar a cabo su desalojo.

La usurpación que surgió en 2019 y donde hay 4.136 inmuebles, se ha vuelto no sólo el foco de un conflicto judicial, ante el cual los dueños del predio en cuestión sólo exigen que se cumpla la medida. Además, se ha transformado en un foco de pugna entre las autoridades involucradas.

Esto luego de que el delgado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme (PC), dijera el pasado 7 de febrero que es el Ministerio de Vivienda el que debe dar una solución, "si es que este conflicto tiene alguna salida".

Según consignó -El Mercurio-, Riquelme planteó que "aquí hay una labor primero que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que entendemos que está en un proceso de conversaciones además y de seguir con su estrategia o de ver cuál es la estrategia que se plantea frente a este hecho puntual. Estamos a la espera de cuál va a ser esa definición respecto de la estrategia en particular del Minvu, pero nosotros estamos haciendo todas las coordinaciones para cumplir con todas las órdenes que se nos han confiado".

Sin embargo, el titular de Vivienda, Carlos Montes (PS), expresó que "la Corte Suprema dijo al Estado 'tiene que desalojar', no al Ministerio de Vivienda, y el que lo hace no es el Minvu, lo hace el delegado presidencial. Formalmente a él le corresponde organizar junto con el municipio".

Montes apuntó que hay que "buscar alternativas que eviten caer en el extremo de un desalojo de 4 mil familias, con una gran cantidad de niños. Además, serviría para el futuro para resolver la situación en otros campamentos".

Con ello, el ministro planteó que "revisando la experiencia de otros lados, llegamos a la idea de que lo más razonable sería que las propias personas que se tomaron, compraran el terreno, porque el Estado no tiene plata y si tuviera tiene que comprarle a otra gente que está postulando hace más años y de otras maneras".

Parlamentarios critican
Las diferencias entre el delegado presidencial y el titular de Vivienda no han dejado indiferentes a nadie e incluso han sido criticadas de manera transversal por parlamentarios de la región, quienes piden centrarse en el tema de fondo.

"Más que seguir tirándose la pelota entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, yo llamo a las instituciones a buscar soluciones y, obviamente, respetar el Estado de derecho, que no puede ponerse en duda en este país, y sobre todo de un poder autónomo, como es el Poder Judicial", expresó en El Mercurio de Valparaíso el diputado Tomás Lagomarsino (PR).

Asimismo, el diputado Tomás de Rementería (PS), tildó la discusión de "estéril", recalcando que "más que andar tirándose la pelota entre el delegado y el ministro, creo que acá lo que hay que buscar es una solución que satisfaga la necesidad de personas que, como Estado, le hemos incumplido su derecho a la vivienda y están viviendo ahí no porque es más fácil, sino porque no tienen donde vivir".

Desde la oposición, en tanto, el diputado Luis Fernando Sánchez (republicano), acusó que "vivimos bajo un gobierno de niños".

"Si ninguno de ellos tiene claro qué es lo que tiene que hacer, probablemente eso pasa porque el Presidente Boric está muy ocupado comiendo helados por ahí.

Ya es hora de que Boric ponga orden, y que en la reconstrucción de Viña, el desalojo en San Antonio, el avance de proyectos portuarios en la región, y tantos otros temas, haya decisión y se avance", sostuvo Sánchez.

Para el diputado Andrés Celis (IND), en cambio, "es un nuevo capítulo de la descoordinación y la falta de liderazgo del Gobierno".

A su juicio, "lo preocupante es que esta falta de decisiones no sólo afecta a los dueños del terreno, sino que también genera expectativas inciertas en las familias que ocupan la toma. El Gobierno debe asumir su responsabilidad y dejar de patear el problema para adelante".

A través de una carta publica hoy por El Mercurio, Francisco Bartucevic, investigador asociado Fundación Piensa, planteó que "la inacción de las autoridades resulta preocupante, porque implica que más de 4.000 familias corren el riesgo de terminar sumidas en el desamparo, siendo que el plazo para el desalojo se conoce desde hace más de un año y medio. El problema radica en que, en vez de acometer la elaboración de un plan de emergencia para abordar esta situación, las autoridades de la Delegación Presidencial Regional y del Ministerio de Vivienda han preferido enfrascarse en una pugna para deslindar responsabilidades".

"Este lamentable episodio no sorprende viniendo de dos de los principales responsables de la fallida reconstrucción tras el 'megaincendio' y cuyo modus operandi se basó en culpas y excusas, pero no en gestionar los problemas", acotó.

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2025/02/14/1157432/toma-terreno-san-antonio.html