En Portada ¿Que dirá el Tribunal Constitucional que frenó la ley Escuelas Seguras? Apuñalaron a estudiante de 2° Básico

¿Que dirá el Tribunal Constitucional que frenó la ley Escuelas Seguras? Apuñalaron a estudiante de 2° Básico​

Una estudiante de 2° básico resultó con varias heridas cortopunzantes propinadas, aparentemente, por otra alumna de 8° básico en el colegio Islas de Chile, ubicado en La Granja, región Metropolitana. El hecho, que conmociona por su extrema violencia y la temprana edad de la víctima, no es un caso aislado en el preocupante mapa de agresiones escolares que atraviesa el país. Sin embargo, adquiere una dimensión aún más inquietante cuando se lo confronta con la reciente decisión del Tribunal Constitucional, que a comienzos de este mes declaró inconstitucionales diversas disposiciones del proyecto de ley Escuelas Seguras, limitando justamente las herramientas que buscaban reforzar la prevención de este tipo de episodios en los establecimientos educacionales.

El fiscal Juan Cheuquiante, de la Fiscalía Metropolitana Sur, indicó que la agresión ocurrió cerca de las 10.30 horas, cuando la menor de 13 años pidió salir al baño durante una clase de educación física. En ese breve lapso, sin mediar palabra ni confrontación previa —tal como relataría después la madre de la víctima—, la estudiante de octavo básico atacó con un arma blanca a la niña de siete años. La menor fue llevada hasta el Hospital Padre Hurtado, donde se encuentra estable y fuera de riesgo vital, aunque las secuelas psicológicas de un evento de esta naturaleza difícilmente podrán medirse con la misma inmediatez. El establecimiento educacional llamó a los apoderados para que se concrete el retiro de los estudiantes, en un intento por contener una crisis que ya había desbordado cualquier protocolo interno.

Hasta el establecimiento llegó la madre de la menor que resultó apuñalada y apuntó que la niña recibió nueve puñaladas por parte de la otra alumna. Nueve. No una, no dos. Nueve heridas profundas infligidas por una adolescente a una niña que, según su propia madre, «ni siquiera la conoce». La brutalidad del ataque no admite atenuantes ni justificaciones, y sin embargo, la pregunta que emerge con fuerza es si este desenlace pudo haberse evitado con herramientas preventivas que hoy, por decisión del Tribunal Constitucional, quedaron en el limbo jurídico.

La madre de la menor apuñalada llegó hasta el colegio para saber «quién fue quien la agredió», además de pedir «justicia por mi hija». Según acusó, desde el colegio le explicaron que no pueden informar quién es la autora, ya que ella es menor de edad. «Me llamaron, me dijeron que la niña tenía un pequeño problemita, que si podía venir al colegio. Cuando vine, me dijeron que solo tenía una cortadita; luego me dijeron que a la niña la llevaron al (Hospital) Padre Hurtado. Cuando fui, me dicen que la niña tenía 9 estocadas, 9 puñaladas profundas», relató la madre, evidenciando además una grave falla en la comunicación y transparencia del establecimiento. Según detalló, conversó con los doctores y le indicaron que la menor fue anestesiada y se mantiene estable. La mujer también acusó que su hija «ni siquiera la conoce» a la atacante. «Yo le pregunto y me dice: ‘Mami, yo ni la conozco'», prosiguió, indicando que ambas no tuvieron un diálogo previo, sino que solo ocurrió la agresión. Un ataque gratuito, premeditado o impulsivo, pero en cualquier caso evitable con mecanismos de fiscalización mínimos.

Cabe recordar que a comienzos de este mes el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales diversas disposiciones del proyecto de ley Escuelas Seguras, limitando herramientas que buscaban reforzar la prevención de hechos de violencia en los establecimientos educacionales. Entre las normas rechazadas se encontraban la posibilidad de revisar mochilas cuando existieran antecedentes fundados sobre la presencia de armas o drogas, así como la facultad de exigir determinadas condiciones de vestimenta por razones de identificación y seguridad. Según el fallo, estas medidas vulneraban garantías constitucionales como el derecho a la privacidad, la integridad personal y el principio de igualdad.

No obstante, la resolución ha generado preocupación entre directores, sostenedores y especialistas en seguridad escolar, quienes sostienen que la eliminación de estas facultades restringe la capacidad preventiva de los establecimientos frente al aumento de episodios de violencia registrados en los últimos años. Y no les falta razón: mientras el TC se erige en guardián de derechos abstractos, en la sala de clases una niña de siete años recibe nueve puñaladas de una compañera que, probablemente, ingresó el arma en su mochila sin que nadie pudiera —ni debiera, según el tribunal— revisarla. La pregunta que debería hacerse la ciudadanía es qué pesa más en la balanza: la privacidad de una mochila o la vida e integridad física de un estudiante. El TC optó por la primera, y el precio lo pagan hoy una niña hospitalizada y una comunidad escolar entera.

El debate se desarrolla en un contexto marcado por el incremento de agresiones entre estudiantes, amenazas a docentes y el ingreso de armas blancas, armas de fuego y otros elementos peligrosos a colegios del país. Actualmente, los protocolos permiten actuar una vez ocurrido un incidente o cuando existe una denuncia específica, pero ofrecen escasas herramientas para impedir preventivamente el ingreso de estos objetos. Dicho de otro modo: el sistema reacciona cuando ya es demasiado tarde, y el TC, con su fallo, ha contribuido a perpetuar esa lógica reactiva en lugar de impulsar una cultura de prevención responsable.

La experiencia internacional muestra que países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá contemplan mecanismos preventivos de inspección bajo estrictos protocolos legales y criterios de proporcionalidad. En la mayoría de los casos, estas medidas se aplican de manera excepcional y bajo supervisión, buscando compatibilizar la seguridad con el respeto de los derechos de los estudiantes. Ninguna de esas naciones ha colapsado por revisar mochilas con fundamentos razonables; ninguna ha visto vulnerado su orden constitucional por implementar filtros de seguridad en entornos escolares. ¿Por qué en Chile, entonces, un tribunal constitucional considera que proteger una mochila es más urgente que proteger a una niña de segundo básico?

Tras la decisión del Tribunal Constitucional, el proyecto deberá continuar su tramitación con ajustes que permitan conciliar la protección de las garantías individuales con la necesidad de fortalecer la seguridad escolar. El fallo abre una nueva discusión legislativa sobre cuáles serán las herramientas constitucionalmente válidas para prevenir hechos de violencia dentro de los establecimientos educacionales. Pero mientras los magistrados deliberan en sus cómodos despachos sobre sutilezas jurídicas, en La Granja una madre abraza a su hija herida y se pregunta cómo es posible que nadie haya podido evitar que un arma entrara a la escuela. El Tribunal Constitucional debería responder esa pregunta, aunque probablemente no lo haga. Al fin y al cabo, su fallo ya habla por sí solo.