robo de la madera: contabilizan 32 aserraderos clandestinos

Este pasado 28 de noviembre, sesionó por última vez la Comisión Especial Investigadora que buscaba esclarecer los hechos criminales y el robo de madera en la zona sur durante los últimos cuatro años.

En la instancia final, estuvieron presentes el director nacional del Servicio de Impuestos Internos (SII), Hernán Frigolett -quien dijo que si el negocio ilegal es de 100 millones de dólares anuales, la evasión fiscal fluctúa entre los 20 y 30 millones de dólares- y la directora nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza. Pero por la comisión pasaron otros nombres que fueron citados desde el 2 de agosto pasado, por el presidente Eric Aedo (DC) y el resto de diputados que la componen.

El informe final final de la comisión será entregado durante la tercera semana de diciembre. "Lo que ha quedado de manifiesto en la comisión es el efecto que produce la ausencia del Estado chileno en un territorio. La comisión ayudó a ordenar la conversación, en el sentido de que no tuvo el enfoque de culpar a un sector político u otro, sino que ver cuál es el efecto en un territorio cuando el Estado chileno se ausenta", dijo Aedo a El Mostrador.

Parte de las conclusiones -que adelanta Aedo- es que el Estado de Chile ha estado ausente en ese lugar, más allá de que exista un Estado de Excepción, ya que no hay fiscalización de ningún sentido. Por ejemplo, en la comisión se recogieron antecedentes de al menos 32 aserraderos clandestinos. En ninguno de ellos hubo fiscalización ni de Carabineros ni del SII.

"Todo los días —ahora ha disminuido— pero en general se trasladaban 150 camiones diarios con madera robada, por las carreteas de Arauco y la Región del Biobío y no ha habido control sobre ellos. Es otra muestra de la ausencia del Estado", agrega a modo de conclusión Aedo.

Otra de las conclusiones de la comisión es que el negocio ilegal del sector tiene envergadura industrial, ya que cada año se roban 5 mil hectáreas de madera, un equivalente a 70 Parques O'Higgins. Y como es un negocio de tal envergadura, para cada tala ilegal, se requiere un capital inicial de mil millones de pesos, desglosado en maquinaria, personas contratadas y seguridad armada. Muchas de estas personas se camuflan bajo la lucha de reivindicación mapuche -"y no es que no existan legitimas reivindicaciones mapuche porque existen y algunas son justas", dice Aedo- por lo que se establece una cortina de humo.

"Las autoridades —Policiales, Fiscalía Regional del Biobio, y director ANI—, nadie descarta que este negocio ilegal genere o haya generado corrupción al interior de algunas organizaciones públicas. Eso nadie se atreve a descartarlo, pero quedó establecido. Hay un tema en que el Estado chileno también tiene que mirar su propia institucionalidad para no ser penetrado por la corrupción, porque es difícil explicar 150 camiones al día que pasen sin que nadie los vea. O que tengamos esa cantidad de aserradores clandestinos que nadie ve y que nadie fiscaliza", dice.

La arista Conaf
Dentro de las conclusiones, indican que se necesita mejorar algunos sistemas de control, por ejemplo en Conaf, la que tiene la obligación de fiscalizar el bosque nativo, la madera de origen nativo, pero no la madera de origen forestal —de pino o eucalipto por ejemplo—, justo el foco al que apuntan las organizaciones delictuales.

Conaf también está al debe-según relata Aedo- en otra área: todos los planes de manejo de bosques de Conaf no están en linea con el SII, "entonces por eso hay planes de manejo que datan de cinco años y esos se utilizan para mostrarlo en factura o guías de despacho como el lugar de origen de la madera que se traslada, pero esos bosques se han explotado 20 veces con ese mismo plan de manejo".

Aedo también apunta a las empresas forestales —CMPC, Arauco— ya que tienen que tener un sistema de trazabilidad de la madera que compran, para que no terminen comprando madera robada. Recién en este último año, tal como adelantaron ambas empresas cuando fueron citadas a la comisión, comenzaron a levantar estos sistemas. Pero para atrás queda la incógnita.



"De todas formas estas empresas forestales están sometidas a controles más drásticos por las empresas internacionales con las que hacen negocio, pero ahí hay un forado que hay que tapar bien, que es el tema de la trazabilidad del origen de la madera. Y hoy hay tecnologia suficiente para hacer eso", agrega.

"Conclusión: Uno no saca nada con detener al chofer o al que esta con la motosierra cortando el árbol, no tiene que estar el foco ahí, el foco tiene que estar en el origen del dinero, en el que genera el negocio a gran escala. Por eso señalo que cada tala requiere de un presupuesto cerca de mil millones de pesos. No hay que seguir al chico, sino a los grandes empresarios de la madera que están detrás de esto", dice.

La respuesta del SII
En la última sesión de la comisión, el director nacional del SII, Hernán Frigolet, respondió a los cuestionamientos respecto del por qué no realizan fiscalizaciones en terreno y aludió a motivos de seguridad.

“Acá tenemos a gente que no están registrados en el rol, y que pueden ser personas naturales, pueden no ser empresas, y que están dispuestas incluso al aserradero, si lo van a pesquisar, lo dejan botado, y en el peor de los casos los van a recibir con escopetazos, entonces siempre vamos a tener que concurrir a todos estos puntos con fuerza pública. Ninguno de nuestros fiscalizadores tiene porte de armas ni la instrucción para enfrentarse a algo así”, dijo el director del SII.

Fuente: https://www.elmostrador.cl/destacad...in-fiscalizacion-y-ausencia-total-del-estado/