A inicios de 2024 se inició un sumario contra Elena Amaya —exjefa de gabinete de Fernando Barraza en el Servicio de Impuestos Internos— por haber ordenado anular el cobro de impuestos por más de $22,7 mil millones a la sociedad Inversiones Holding Limitada, propiedad de la familia Fernández León, accionistas de Entel, Consorcio y Pucobre. Ese sumario acaba de concluir con la destitución de Amaya del SII, ya que se acreditó que el “perdonazo” tributario fue irregular.
Se trató de un hallazgo fortuito en medio de una de las tantas auditorías que realiza el Servicio de Impuestos Internos (SII) para chequear la presencia de errores o irregularidades —y también la efectividad— de sus procedimientos. Y esta vez fue en Valparaíso. En marzo de 2024, cuando un equipo revisaba las anulaciones de cobros de impuestos superiores a $100 millones entre 2018 y 2023, a los auditores del SII les llamó la atención una anulación tributaria que benefició a la empresa Inversiones Holding Limitada. No fue solo el monto involucrado —$22.743 millones— lo que los alertó.
La primera anomalía detectada fue que la anulación de la millonaria suma de impuestos se produjo el mismo día en que los representantes de la empresa se desistieron de un reclamo presentado ante el tribunal tributario y aduanero. En pocas horas renunciaron a la vía judicial y el SII les entregó una victoria por la vía administrativa.
La segunda rareza fue que no había una carpeta con antecedentes que respaldaran las razones del beneficio.
Cuando los auditores le preguntaron por la carpeta al funcionario a cargo —José Ignacio Prado, jefe del Departamento de Procedimientos Administrativos Tributarios del SII (Depat)—, su respuesta fue una bomba: La decisión de anular el cobro tributario le fue ordenada por Elena Amaya, jefa de gabinete del entonces director del servicio, Fernando Barraza. Lo que agregó José Ignacio Prado fue aún más alarmante: no tuvo ningún antecedente a la vista para sustentar el “perdonazo”, y solo se limitó a firmar el documento que le enviaron desde Santiago y que fue redactado por el equipo de Elena Amaya.
La gravedad de los antecedentes fue tan evidente que, un día después de la entrega del informe con los hallazgos del “perdonazo” de $22.743 millones en impuestos a Inversiones Holding Limitada, el 28 de marzo de 2024, la Contraloría Interna del SII instruyó la apertura de un sumario para determinar responsabilidades.
18 meses después la investigación está terminada. Se ordenó la destitución de Elena Amaya por haber “vulnerado gravemente el principio de probidad administrativa”. Reportea tuvo acceso al expediente de la investigación, la que recogió los testimonios de funcionarios clave que confirmaron una de las primeras anomalías: la anulación del cobro tributario fue ordenada desde Santiago, a pesar de que esa facultad es exclusiva de las autoridades regionales.
En la formulación de cargos, se acusó a Amaya por “haber intervenido indebidamente, en perjuicio del interés fiscal, utilizando su posición dentro de la orgánica del SII, actuando de forma coordinada con el resto de los miembros del Gabinete del Director, Señor Gabriel Muñoz y Señora Daniela Chandía, ejerciendo una presión impropia en las personas encargadas de tomar decisiones de interés institucional”, se indica en el documento al que Reportea tuvo acceso.
El 15 de octubre recién pasado el subdirector de la Contraloría Interna del SII, Álvaro Del Barrio, emitió la resolución que destituyó a Elena Amaya del SII, aunque ella ya presentó una apelación a su castigo, la que deberá ser resuelta en las próximas semanas.
No solo Elena Amaya fue sancionada. La investigación interna del SII determinó responsabilidades de otros tres funcionarios en la anulación irregular de pago de impuestos. Y fueron sancionados. A Gabriel Muñoz y Daniela Chandía, dos profesionales que también integraban el gabinete de Fernando Barraza y que se constató que participaron en la elaboración de la resolución que anuló el cobro tributario a Inversiones Holding, se les aplicó una multa del 20% de su remuneración. Y a José Ignacio Prado, el funcionario que recibió el llamado de Elena Amaya y que firmó el documento que consagró el “perdonazo” irregular, con un descuento del 10% de su sueldo, por haber accedido a las presiones de Amaya.
La beneficiaria del “perdonazo” del SII no es cualquier empresa. Inversiones Holding es la matriz que utiliza la familia de Eduardo Fernández León para organizar sus inversiones en el extranjero.
El de Fernández León es uno de los grupos económicos más influyentes del país. Es dueño de la inmobiliaria FFV, uno de cuyos últimos proyectos busca cambiar el rostro de la tradicional Rotonda Pérez Zujovic en Las Condes, con un nuevo polo de edificios residenciales y de oficinas, restaurantes y centros comerciales, con una inversión inicial que supera los US$15 millones. Y al cual se asoció Larraín Vial. El Grupo Fernández León es también dueño de acciones importantes en Entel, Consorcio, Pucobre, entre otras. Son dueños del condominio Brisas de Santo Domingo y del Parque Tricao.
Un análisis que hizo el diario La Segunda de los empresarios más ricos de Chile, concluyó que Eduardo Fernández León es uno de los billonarios chilenos que no aparecen en el famoso ranking de Forbes. Y es que el patriarca del grupo siempre ha cultivado el bajo perfil. A sus 86 años es conocida su pertenencia al Opus Dei y por ello es el principal donante de la Universidad de Los Andes.
Es en esta arista religiosa que surge un antecedente que podría estar a la vista cuando las máximas autoridades del SII revisen la apelación presentada por Elena Amaya, quien fuera la jefa de gabinete del polémico exdirector de ese organismo, Fernando Barraza. En paralelo a sus funciones en el SII, Amaya ejerce como docente en el Magíster de Planificación y Gestión Tributaria de la Universidad de Los Andes, precisamente la misma universidad que tiene como su principal donante a la familia de Eduardo Fernández León.
Reportaje completo: https://reportea.cl/2025/11/02/sii-...-millones-a-empresa-del-grupo-fernandez-leon/
Se trató de un hallazgo fortuito en medio de una de las tantas auditorías que realiza el Servicio de Impuestos Internos (SII) para chequear la presencia de errores o irregularidades —y también la efectividad— de sus procedimientos. Y esta vez fue en Valparaíso. En marzo de 2024, cuando un equipo revisaba las anulaciones de cobros de impuestos superiores a $100 millones entre 2018 y 2023, a los auditores del SII les llamó la atención una anulación tributaria que benefició a la empresa Inversiones Holding Limitada. No fue solo el monto involucrado —$22.743 millones— lo que los alertó.
La primera anomalía detectada fue que la anulación de la millonaria suma de impuestos se produjo el mismo día en que los representantes de la empresa se desistieron de un reclamo presentado ante el tribunal tributario y aduanero. En pocas horas renunciaron a la vía judicial y el SII les entregó una victoria por la vía administrativa.
La segunda rareza fue que no había una carpeta con antecedentes que respaldaran las razones del beneficio.
Cuando los auditores le preguntaron por la carpeta al funcionario a cargo —José Ignacio Prado, jefe del Departamento de Procedimientos Administrativos Tributarios del SII (Depat)—, su respuesta fue una bomba: La decisión de anular el cobro tributario le fue ordenada por Elena Amaya, jefa de gabinete del entonces director del servicio, Fernando Barraza. Lo que agregó José Ignacio Prado fue aún más alarmante: no tuvo ningún antecedente a la vista para sustentar el “perdonazo”, y solo se limitó a firmar el documento que le enviaron desde Santiago y que fue redactado por el equipo de Elena Amaya.
La gravedad de los antecedentes fue tan evidente que, un día después de la entrega del informe con los hallazgos del “perdonazo” de $22.743 millones en impuestos a Inversiones Holding Limitada, el 28 de marzo de 2024, la Contraloría Interna del SII instruyó la apertura de un sumario para determinar responsabilidades.
18 meses después la investigación está terminada. Se ordenó la destitución de Elena Amaya por haber “vulnerado gravemente el principio de probidad administrativa”. Reportea tuvo acceso al expediente de la investigación, la que recogió los testimonios de funcionarios clave que confirmaron una de las primeras anomalías: la anulación del cobro tributario fue ordenada desde Santiago, a pesar de que esa facultad es exclusiva de las autoridades regionales.
En la formulación de cargos, se acusó a Amaya por “haber intervenido indebidamente, en perjuicio del interés fiscal, utilizando su posición dentro de la orgánica del SII, actuando de forma coordinada con el resto de los miembros del Gabinete del Director, Señor Gabriel Muñoz y Señora Daniela Chandía, ejerciendo una presión impropia en las personas encargadas de tomar decisiones de interés institucional”, se indica en el documento al que Reportea tuvo acceso.
El 15 de octubre recién pasado el subdirector de la Contraloría Interna del SII, Álvaro Del Barrio, emitió la resolución que destituyó a Elena Amaya del SII, aunque ella ya presentó una apelación a su castigo, la que deberá ser resuelta en las próximas semanas.
No solo Elena Amaya fue sancionada. La investigación interna del SII determinó responsabilidades de otros tres funcionarios en la anulación irregular de pago de impuestos. Y fueron sancionados. A Gabriel Muñoz y Daniela Chandía, dos profesionales que también integraban el gabinete de Fernando Barraza y que se constató que participaron en la elaboración de la resolución que anuló el cobro tributario a Inversiones Holding, se les aplicó una multa del 20% de su remuneración. Y a José Ignacio Prado, el funcionario que recibió el llamado de Elena Amaya y que firmó el documento que consagró el “perdonazo” irregular, con un descuento del 10% de su sueldo, por haber accedido a las presiones de Amaya.
La beneficiaria del “perdonazo” del SII no es cualquier empresa. Inversiones Holding es la matriz que utiliza la familia de Eduardo Fernández León para organizar sus inversiones en el extranjero.
El de Fernández León es uno de los grupos económicos más influyentes del país. Es dueño de la inmobiliaria FFV, uno de cuyos últimos proyectos busca cambiar el rostro de la tradicional Rotonda Pérez Zujovic en Las Condes, con un nuevo polo de edificios residenciales y de oficinas, restaurantes y centros comerciales, con una inversión inicial que supera los US$15 millones. Y al cual se asoció Larraín Vial. El Grupo Fernández León es también dueño de acciones importantes en Entel, Consorcio, Pucobre, entre otras. Son dueños del condominio Brisas de Santo Domingo y del Parque Tricao.
Un análisis que hizo el diario La Segunda de los empresarios más ricos de Chile, concluyó que Eduardo Fernández León es uno de los billonarios chilenos que no aparecen en el famoso ranking de Forbes. Y es que el patriarca del grupo siempre ha cultivado el bajo perfil. A sus 86 años es conocida su pertenencia al Opus Dei y por ello es el principal donante de la Universidad de Los Andes.
Es en esta arista religiosa que surge un antecedente que podría estar a la vista cuando las máximas autoridades del SII revisen la apelación presentada por Elena Amaya, quien fuera la jefa de gabinete del polémico exdirector de ese organismo, Fernando Barraza. En paralelo a sus funciones en el SII, Amaya ejerce como docente en el Magíster de Planificación y Gestión Tributaria de la Universidad de Los Andes, precisamente la misma universidad que tiene como su principal donante a la familia de Eduardo Fernández León.
Reportaje completo: https://reportea.cl/2025/11/02/sii-...-millones-a-empresa-del-grupo-fernandez-leon/
