El estudio "Principales tendencias del empleo en el gobierno central", publicado ayer por la Dirección de Presupuestos (Dipres), da a conocer que las remuneraciones en el sector público han tenido un aumento sostenido, por sobre el resto de la economía.
En el período 2007-2016, las remuneraciones promedio del sector público crecieron más que el Índice General de Remuneraciones elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y que el Ingreso Mínimo Mensual que afecta a los trabajadores regidos por el Código del Trabajo.
De hecho, mientras las rentas brutas del gobierno central crecieron 95% en los últimos diez años, el Índice General de Remuneración lo hizo en 69%.
Según el estudio, esto se explica en parte por los reajustes generales de remuneraciones del sector público legislados cada año, a los que se suman variadas negociaciones sectoriales. "A futuro, más allá de la dinámica de negociación que determina los resultados del reajuste general anual, es pertinente tener en consideración el análisis de brechas remuneracionales que pudieran sugerir esfuerzos diferenciados orientados a la atracción y retención de profesionales y técnicos en servicios específicos del sector público", dice el documento.
Del análisis, también, se concluye que las remuneraciones más bajas del sector público han tenido una mayor tasa de crecimiento. Mientras que en 2007 un 38,5% de los trabajadores percibía $500 mil o menos al mes, en el año 2016 este grupo representaba solo un 13,8%. Esto se explica en parte importante por la política explícita aplicada a partir de 2015, de reajustar las rentas mínimas en más que el doble en promedio que el reajuste general. A la vez, las rentas máximas fueron excluidas del reajuste general en los años 2015 y 2016, con lo que la razón entre la remuneración máxima con respecto a la mínima del gobierno central pasó de 35,8 a 26,4 en el período. "A futuro, las políticas de reajustes deben conciliar la búsqueda de mayor equidad en las remuneraciones del sector público, con los debidos incentivos para atraer y retener a personal calificado", agrega el estudio.
También se informa que la cantidad de trabajadores del Estado ha aumentado de manera sostenida, tanto en términos absolutos como en relación al tamaño de la población. Incluyendo al personal en dotación y a honorarios, entre los años 2007 y 2016 la cantidad de funcionarios trabajando en el gobierno central aumentó de 202.896 a 296.080. Afirman que el aumento en la cantidad de trabajadores públicos ha estado en línea con la evolución del total de ocupados en el país, aunque ha aumentado en mayor proporción que la población.
El gasto público en personal se ha mantenido constante como porcentaje del gasto total. Entre 2007 y 2016, ello fue de 19,8% respecto del gasto total, fluctuando entre un máximo de 20,2% en 2013 y un mínimo de 19,2%, en 2008 y 2009.
Disminuyen los funcionarios de planta
Según el estudio, los trabajadores con calidad jurídica de contrata han aumentado de manera sostenida, contrastando con la disminución de los funcionarios de planta. En 2007 había un total de 88.366 trabajadores a contrata, los cuales aumentaron en un 84% al año 2016, totalizando 162.360. En contraste, los trabajadores de planta pasaron de 87.119 a 83.141 en igual período. Así, los trabajadores a contrata pasaron de representar un 43,6% del total en 2007, a un 54,8% en 2016; mientras que los trabajadores de planta cayeron de un 42,9% a un 28,1%. "Esta tendencia amerita una reflexión en profundidad respecto del modelo de empleo público necesario para el futuro desarrollo del país, considerando características como estabilidad y flexibilidad, que concilie adecuadas condiciones laborales con incentivos, para prestar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos", sugiere el documento.
Contrata
Los trabajadores bajo esa modalidad son un 54,8% del total.
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