Denuncian contra juezas civiles de Santiago por nombramientos

Corte recaba información, tras denuncia contra juezas civiles de Santiago por nombramientos


Colegio de Abogados ofició a presidente del máximo tribunal y pidió que se indague la situación en los tribunales individualizados así como en otras jurisdicciones del país.



Un oficio acompañado de una denuncia. El 15 mayo el documento llegó a la Oficina de Partes de la Corte Suprema.Iba dirigido a su presidente, Haroldo Brito. El Consejo del Colegio de Abogados había acordado, por unanimidad, poner en conocimiento de la máxima autoridad del Poder Judicial una serie de antecedentes entregados por sus asociados José Joaquín Ugarte Godoy y Fernando Ugarte Vial, relacionados con dos magistradas civiles de Santiago que habrían realizado “numerosos nombramientos de la misma persona en cargos remunerados”, consigna el texto.Los abogados denunciaron ante el máximo tribunal a las juezas en abril, en medio de la polémica que levantó la situación de tres ministros de la Corte de Rancagua, suspendidos e indagados administrativamente por tráfico de influencias, nombramientos irregulares, entre otros hechos. Uno de ellos incluso fue formalizado en una investigación penal ese mes por prevaricación y enriquecimiento injustificado.Después acudieron al organismo gremial, el que —en su comunicación a Brito— expresa “la necesidad de prevenir irregularidades y malas prácticas de miembros del Poder Judicial”, por lo que decidió hacer presente “la gravedad de la denuncia” y la relevancia de que sea investigada y “se apliquen las sanciones que resulten procedentes”.Por ello, el Colegio solicita que se pida cuenta a la Corte de Apelaciones de Santiago sobre el estado de la denuncia y que se investigue si las prácticas denunciadas pudieran estar ocurriendo en otros tribunales de Letras con competencia civil del país.“A esos efectos pedimos que, en particular, se requiera a todos los juzgados de Letras con competencia en lo civil que informen a esa Exma. Corte (Suprema)” sobre dos asuntos en particular. Primero, el nombre de los jueces árbitros y los jueces partidores que han sido designados por dichos tribunales en los últimos tres años y el número de veces que han sido designados en caso de repetirse las designaciones.Y, en segundo lugar, si el secretario del tribunal ha sido designado como actuario o ministro de fe en algún arbitraje y, para cada caso en que así haya ocurrido, qué tribunal efectuó la designación del árbitro que lo nombró como tal, y quién fue el árbitro que lo designó como actuario.

Alessandri: “Nos llegó la primera denuncia”

“El Mercurio” contactó al presidente del Colegio de Abogados, Arturo Alessandri C., quien confirmó el envío del oficio, recordando que el 9 de abril la Orden, mediante una declaración pública, informó a todos sus asociados que “las denuncias pueden ser canalizadas a través nuestro” y que pocos días atrás el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, abordó las medidas de probidad y transparencia adoptadas por el Poder Judicial para avanzar en una política de “puertas abiertas”, lo que destacó. “Nos llegó la primera denuncia”, dijo, y agregó que, como Colegio, “nos pareció grave y revela —a nuestro juicio— posibles irregularidades y malas prácticas, por lo que acordamos poner los antecedentes en manos de la Corte Suprema”.Y, apuntó el presidente de la Orden, “nos parece que este tipo de denuncias son justamente las cosas que deben investigarse a fondo (...) que el Poder Judicial debiera recibirlas con mucho interés”.Como la denuncia de los abogados Ugarte Godoy y Ugarte Vial se presentó ante la Corte Suprema, solo llegó al tribunal de alzada capitalino los primeros días de mayo. Ahora, tras ello, se pidió al ministro visitador del 21° Juzgado Civil de Santiago reunir más antecedentes.Los hechos expuestos en la presentación que alude a las magistradas surgen, explica Alessandri, de una causa civil en tramitación y “el problema que denuncian estos dos abogados es un problema que ellos están viendo profesionalmente; ellos están, por así decirlo, cobrando sus honorarios —muy legítimo, porque tienen un asunto profesional—, pero en el fondo esto es un coletazo”.

“El coletazo” de una herencia

Si bien el presidente de la Orden dijo no poder entregar más información sobre ese proceso, el relato de los hechos denunciados estaba ya ayer en la Corte Suprema, en la de Apelaciones de Santiago y en el Colegio de Abogados. Y, según ese relato, el “coletazo” surge en una causa por una herencia en la que la magistrada María Sofía Gutiérrez Bermedo, del 12° Juzgado Civil de Santiago, es parte y cuya tramitación lleva su par Patricia Castro Pardo, del 21° Juzgado Civil de la misma ciudad.Mientras que por otra de las partes involucradas en el juicio están los abogados Ugarte Godoy y Ugarte Vial, quienes dicen —en su denuncia— que la magistrada Castro nombró como administradora proindiviso a Gladys Apara y que luego vieron que era habitualmente designada por esta jueza y por Gutiérrez.

Se reúne información, pero no hay indagación

En el documento, consignan que Castro ha designado a Apara para que se desempeñe como partidora o sirva otros cargos remunerados en, al menos, 19 oportunidades entre 2014 y 2016, sin perjuicio de que pueda haber habido más designaciones antes y después.Y, reseñan, otras seis veces para tareas similares por Gutiérrez, lo que da cuenta —dice la denuncia— que, “al igual que en el caso anterior, de que la relación entre la jueza de este tribunal y la señora Apara Riadi es probablemente de confianza, de cercanía”.Indicándose además, entre varios otros antecedentes: “Resulta sorprente que una jueza de la República, que actúa como litigante en un juicio, haga designar como administradora proindiviso a una persona muy cercana a ella, de su exclusiva confianza —eventualente amiga—, a quien la misma jueza ha designado como partidora varias veces, y consiga de ella que le gire cheques por casi $220 millones, sabiendo que es ilegal e improcedente, porque ni siquiera hay partidor”.Consultado uno de los denunciantes, Fernando Ugarte Vial, declinó hacer comentarios; mientras que desde el Poder Judicial se precisó que aún no hay ninguna investigación abierta, pero que sí se recaba información.

https://digital.elmercurio.com/2019/05/17/C/5S3JN8B7