La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó por un voto la reforma constitucional propuesta por el Gobierno para ampliar el plazo de detención de personas con orden de expulsión administrativa. La iniciativa necesitaba 89 votos pero solo obtuvo 88 a favor. El proyecto buscaba extender el plazo de detención de cinco a 60 días, renovable hasta 180 días en casos específicos, y autorizar la creación de recintos especiales para detenidos. La ausencia de dos diputados republicanos y la abstención de parlamentarios del Partido de la Gente fueron clave en el resultado.
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La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó este martes, por un solo voto, la reforma constitucional impulsada por el Gobierno que buscaba ampliar el plazo de detención de personas con una orden de expulsión administrativa.
La iniciativa obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, quedando a un voto de los 89 respaldos necesarios para alcanzar el quórum de cuatro séptimos requeridos.
El proyecto del Ejecutivo buscaba modificar el actual límite de cinco días para concretar una expulsión administrativa. La propuesta establecía un plazo de entre cinco y 60 días, con la posibilidad de renovarlo hasta en dos ocasiones, lo que podía llevar la privación de libertad hasta 180 días en determinados casos.
Además, la reforma habilitaba al Ejecutivo para impulsar posteriormente una legislación destinada a establecer la operatividad de recintos especiales donde pudieran permanecer las personas sometidas a este procedimiento.
Entre los factores que incidieron estuvo la ausencia de los diputados republicanos Felipe Ross y Stephan Schubert, quienes se encuentran en Estados Unidos junto al presidente José Antonio Kast. La situación también generó cuestionamientos respecto del momento en que fue ingresado el permiso constitucional para justificar sus ausencias.
La relevancia de esos permisos radica en que, de haberse tramitado oportunamente, podían reducir el número de votos necesarios para aprobar la reforma. A esto se sumó que parlamentarios del Partido de la Gente (PDG), con quienes el Ejecutivo había mantenido conversaciones para conseguir respaldo, finalmente optaron por abstenerse.
Así, pese a los 88 votos favorables, la iniciativa no consiguió superar el umbral constitucional y quedó rechazada en la Cámara.
Cámara de Diputadas y Diputados
“La información que yo tengo es que algunos votos que estaban comprometidos finalmente no estuvieron”, señaló.
Consultado por la evaluación de la Segpres respecto del trabajo para asegurar los respaldos, el ministro sostuvo que las gestiones se realizan de manera permanente, pero que existen factores que pueden modificar el escenario al momento de la votación.
“Ese trabajo se hace, se hace rigurosamente, minuciosamente, pero cuando llega el momento de votar, hay personas que no están en la Sala o simplemente cambian su voto”, explicó.
En esa línea, agregó que frente a esas situaciones es difícil tomar medidas adicionales que permitan garantizar los respaldos. Consultado directamente si existe un mea culpa por parte de la Segpres, García Ruminot respondió: “Siempre estamos revisando nuestro trabajo y siempre estamos viendo cómo lo podemos mejorar”.
Pero lo cierto es que, como esto se trata de una iniciativa que es un mensaje presidencial, existe una norma en el artículo 68 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional que permite que el Gobierno realice lo que se llama una insistencia.
¿Qué es lo que significa eso? Que con un quórum de 2/3 pueden ir a la otra Cámara e insistir preguntándole si es que es posible legislar sobre esta materia y, solamente obteniendo esos dos tercios, la iniciativa se devuelve. Eso sí, los 2/3 necesitan evidentemente de las oposiciones.
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La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó este martes, por un solo voto, la reforma constitucional impulsada por el Gobierno que buscaba ampliar el plazo de detención de personas con una orden de expulsión administrativa.
La iniciativa obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, quedando a un voto de los 89 respaldos necesarios para alcanzar el quórum de cuatro séptimos requeridos.
El proyecto del Ejecutivo buscaba modificar el actual límite de cinco días para concretar una expulsión administrativa. La propuesta establecía un plazo de entre cinco y 60 días, con la posibilidad de renovarlo hasta en dos ocasiones, lo que podía llevar la privación de libertad hasta 180 días en determinados casos.
Además, la reforma habilitaba al Ejecutivo para impulsar posteriormente una legislación destinada a establecer la operatividad de recintos especiales donde pudieran permanecer las personas sometidas a este procedimiento.
Un voto que faltó en reforma para expulsar migrantes
El resultado significó un revés para La Moneda, especialmente porque la iniciativa contaba con los votos que le permitían acercarse al quórum requerido.Entre los factores que incidieron estuvo la ausencia de los diputados republicanos Felipe Ross y Stephan Schubert, quienes se encuentran en Estados Unidos junto al presidente José Antonio Kast. La situación también generó cuestionamientos respecto del momento en que fue ingresado el permiso constitucional para justificar sus ausencias.
La relevancia de esos permisos radica en que, de haberse tramitado oportunamente, podían reducir el número de votos necesarios para aprobar la reforma. A esto se sumó que parlamentarios del Partido de la Gente (PDG), con quienes el Ejecutivo había mantenido conversaciones para conseguir respaldo, finalmente optaron por abstenerse.
Así, pese a los 88 votos favorables, la iniciativa no consiguió superar el umbral constitucional y quedó rechazada en la Cámara.
García Ruminot reconoce dificultades para asegurar los votos
Tras la derrota legislativa, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, abordó las gestiones realizadas por el Gobierno para conseguir los apoyos.“La información que yo tengo es que algunos votos que estaban comprometidos finalmente no estuvieron”, señaló.
Consultado por la evaluación de la Segpres respecto del trabajo para asegurar los respaldos, el ministro sostuvo que las gestiones se realizan de manera permanente, pero que existen factores que pueden modificar el escenario al momento de la votación.
“Ese trabajo se hace, se hace rigurosamente, minuciosamente, pero cuando llega el momento de votar, hay personas que no están en la Sala o simplemente cambian su voto”, explicó.
En esa línea, agregó que frente a esas situaciones es difícil tomar medidas adicionales que permitan garantizar los respaldos. Consultado directamente si existe un mea culpa por parte de la Segpres, García Ruminot respondió: “Siempre estamos revisando nuestro trabajo y siempre estamos viendo cómo lo podemos mejorar”.
El futuro del proyecto
¿Qué es lo que pasa ahora? Normalmente, en un proyecto de ley, lo que ocurre es que se archiva por un año. Es decir, en el Congreso no se puede legislar sobre la materia de ampliar los plazos de detención de las personas que se encuentran a la espera de expulsiones.Pero lo cierto es que, como esto se trata de una iniciativa que es un mensaje presidencial, existe una norma en el artículo 68 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional que permite que el Gobierno realice lo que se llama una insistencia.
¿Qué es lo que significa eso? Que con un quórum de 2/3 pueden ir a la otra Cámara e insistir preguntándole si es que es posible legislar sobre esta materia y, solamente obteniendo esos dos tercios, la iniciativa se devuelve. Eso sí, los 2/3 necesitan evidentemente de las oposiciones.
Tras descoordinación oficialista rechazan por un voto la reforma para expulsar migrantes
La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó este martes, por un solo voto, la reforma constitucional impulsada...
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