Un informe revela que Suecia ha pagado más de 325 millones de euros en prestaciones sociales fraudulentas a bandas criminales de inmigrantes
Un análisis del gobierno sueco ha desvelado que miles de personas relacionadas con redes criminales han estado cobrando durante años ayudas del sistema público de bienestar, convirtiendo estas prestaciones en una fuente de ingresos estable, legal en apariencia y clave para la financiación de las bandas.
Las cifras manejadas por las autoridades son contundentes. Cerca de 4.000 individuos identificados por la policía como vinculados a pandillas —con mayoría extranjera— han recibido subsidios por enfermedad, incapacidades laborales o apoyo al desempleo. El volumen total de estos pagos supera los 3.600 millones de coronas suecas, más de 327 millones de euros, lo que ha permitido a estas organizaciones contar con una base económica constante incluso cuando sus ingresos ilegales sufrían altibajos.
Para el Ejecutivo, el problema va mucho más allá del fraude puntual. El director de la Agencia de Seguridad Social, Nils Öberg, ha reconocido que el sistema de prestaciones ha pasado a integrarse dentro del propio modelo económico de las bandas: dinero oficial por una vía y beneficios criminales por otra. En la práctica, los contribuyentes estarían sosteniendo indirectamente parte de la estructura financiera del crimen organizado.
Uno de los aspectos que más alarma ha generado es la contradicción entre la supuesta incapacidad laboral de muchos beneficiarios y su actividad real. El informe recoge casos de personas que figuraban como no aptas para trabajar mientras dirigían organizaciones criminales, viajaban fuera del país o participaban en episodios de violencia. Algunos, pese a alegar graves limitaciones físicas, fueron grabados entrenando en gimnasios o coordinando operaciones delictivas.
Además de las prestaciones directas, también se ha detectado un uso sistemático de otras ayudas como la manutención de hijos. Dado que muchos de estos individuos declaran ingresos legales mínimos o inexistentes, el Estado asume el pago de pensiones alimenticias. Solo en 2024 se registraron más de 3.600 beneficiarios en esta situación, con un desembolso público que rondó los 118 millones de coronas, unos 10,7 millones de euros.
El análisis también se adentra en el tejido empresarial relacionado con las pandillas. Una de cada tres empresas que solicitaron bajas médicas para trabajadores vinculados a estas redes está gestionada, o lo estuvo, por personas con antecedentes criminales. En más del 80% de los casos se han detectado lazos directos con estructuras de bandas. El sector de la asistencia personal ha sido señalado como uno de los más infiltrados, tanto a nivel de propietarios como de empleados.
Desde el punto de vista demográfico, el estudio muestra una fuerte sobrerrepresentación de personas de origen inmigrante, incluyendo tanto a nacidos en el extranjero como a suecos con padres extranjeros, dentro del grupo que combina delincuencia organizada y percepción de ayudas públicas.
El alcance del fenómeno se enmarca en un contexto más amplio. La policía calcula que en Suecia existen unas 67.500 personas con algún tipo de vínculo con pandillas, de las cuales alrededor de 17.500 participarían de forma activa en actividades criminales. La jefa de la Policía Nacional, Petra Lundh, ha advertido de que no se observa una mejora clara de la situación y que el ritmo de captación sigue siendo elevado.
Desde el Gobierno, la ministra de Seguridad Social, Anna Tenje, ha calificado los datos de «impactantes» y ha defendido que los recursos públicos deben destinarse exclusivamente a quienes realmente los necesitan. En la misma línea, el ministro de Trabajo, Johan Britz, ha acusado a los implicados de comportarse como «depredadores del sistema» y ha lamentado que el dinero de los contribuyentes esté sosteniendo estilos de vida delictivos bajo una fachada legal.
https://gaceta.es/europa/un-informe...ndas-criminales-de-inmigrantes-20251130-0108/
Un análisis del gobierno sueco ha desvelado que miles de personas relacionadas con redes criminales han estado cobrando durante años ayudas del sistema público de bienestar, convirtiendo estas prestaciones en una fuente de ingresos estable, legal en apariencia y clave para la financiación de las bandas.
Las cifras manejadas por las autoridades son contundentes. Cerca de 4.000 individuos identificados por la policía como vinculados a pandillas —con mayoría extranjera— han recibido subsidios por enfermedad, incapacidades laborales o apoyo al desempleo. El volumen total de estos pagos supera los 3.600 millones de coronas suecas, más de 327 millones de euros, lo que ha permitido a estas organizaciones contar con una base económica constante incluso cuando sus ingresos ilegales sufrían altibajos.
Para el Ejecutivo, el problema va mucho más allá del fraude puntual. El director de la Agencia de Seguridad Social, Nils Öberg, ha reconocido que el sistema de prestaciones ha pasado a integrarse dentro del propio modelo económico de las bandas: dinero oficial por una vía y beneficios criminales por otra. En la práctica, los contribuyentes estarían sosteniendo indirectamente parte de la estructura financiera del crimen organizado.
Uno de los aspectos que más alarma ha generado es la contradicción entre la supuesta incapacidad laboral de muchos beneficiarios y su actividad real. El informe recoge casos de personas que figuraban como no aptas para trabajar mientras dirigían organizaciones criminales, viajaban fuera del país o participaban en episodios de violencia. Algunos, pese a alegar graves limitaciones físicas, fueron grabados entrenando en gimnasios o coordinando operaciones delictivas.
Además de las prestaciones directas, también se ha detectado un uso sistemático de otras ayudas como la manutención de hijos. Dado que muchos de estos individuos declaran ingresos legales mínimos o inexistentes, el Estado asume el pago de pensiones alimenticias. Solo en 2024 se registraron más de 3.600 beneficiarios en esta situación, con un desembolso público que rondó los 118 millones de coronas, unos 10,7 millones de euros.
El análisis también se adentra en el tejido empresarial relacionado con las pandillas. Una de cada tres empresas que solicitaron bajas médicas para trabajadores vinculados a estas redes está gestionada, o lo estuvo, por personas con antecedentes criminales. En más del 80% de los casos se han detectado lazos directos con estructuras de bandas. El sector de la asistencia personal ha sido señalado como uno de los más infiltrados, tanto a nivel de propietarios como de empleados.
Desde el punto de vista demográfico, el estudio muestra una fuerte sobrerrepresentación de personas de origen inmigrante, incluyendo tanto a nacidos en el extranjero como a suecos con padres extranjeros, dentro del grupo que combina delincuencia organizada y percepción de ayudas públicas.
El alcance del fenómeno se enmarca en un contexto más amplio. La policía calcula que en Suecia existen unas 67.500 personas con algún tipo de vínculo con pandillas, de las cuales alrededor de 17.500 participarían de forma activa en actividades criminales. La jefa de la Policía Nacional, Petra Lundh, ha advertido de que no se observa una mejora clara de la situación y que el ritmo de captación sigue siendo elevado.
Desde el Gobierno, la ministra de Seguridad Social, Anna Tenje, ha calificado los datos de «impactantes» y ha defendido que los recursos públicos deben destinarse exclusivamente a quienes realmente los necesitan. En la misma línea, el ministro de Trabajo, Johan Britz, ha acusado a los implicados de comportarse como «depredadores del sistema» y ha lamentado que el dinero de los contribuyentes esté sosteniendo estilos de vida delictivos bajo una fachada legal.
https://gaceta.es/europa/un-informe...ndas-criminales-de-inmigrantes-20251130-0108/
