Urgencia máxima para nueva Ley de Pesca: solo limita a 20 años licencias perpetuas

Pese a su origen espurio y al compromiso de campaña del Presidente Sebastián Piñera, la Ley de Pesca no será modificada sustancialmente. El gobierno analiza tan solo reducir a 20 años las concesiones pesqueras que fueron entregadas a perpetuidad en 2012 a siete grupos económicos. A ello agregará modificaciones que buscan satisfacer algunas demandas de los pescadores artesanales y de otros grupos relacionados al rubro.

Personas que han participado en este ahora veloz proceso de modificación de la ley, dijeron a CIPER que la idea es avanzar en dos carriles, pero a dos velocidades distintas. Una vía rápida para enfrentar el problema “más grave” de la ley: acortar los plazos de las concesiones; y, otra, más pausada, para resolver las peticiones de ordenamiento del sector. Ello le permitiría al gobierno poder negociar los cambios en el Congreso, para asegurar los votos que no tiene.

El punto de partida del gobierno es que, a pesar de la contundente evidencia judicial de que la industria pesquera cometió cohecho al pagarle a parlamentarios y otros protagonistas del sector, para aprobar esta ley de acuerdo a sus intereses, no se hará una modificación completa de los acápites de la ley que están impugnados.

Es cierto, el ordenamiento institucional chileno no da posibilidad de anular o derogar la llamada “Ley Longueira”. Y ello, no solo porque declarar la nulidad de una ley no lo contempla la Constitución. Lo más importante -y es lo que hoy prima entre las autoridades- es que modificar de raíz los artículos cuestionados por haber sido aprobados bajo cohecho, sería interpretado por la industria pesquera como una “expropiación”, lo que activaría demandas por indemnizaciones millonarias.

Para las grandes pesqueras, el derecho a pescar indefinidamente en el mar chileno, otorgado por la “Ley Longueira”, les pertenece. Y como desde que se abrieron los juicios por cohecho están conscientes de que existía el riesgo de que ese beneficio sea cuestionado, le han puesto alto precio a ese “derecho adquirido por ley”. Solo Camanchaca, la pesquera del Grupo Fernández, valorizó sus licencias en US$38,5 millones.

A pesar de que en el gobierno todavía hay quienes consideran que, no obstante los pagos ilícitos a algunos parlamentarios, la norma es positiva; el gobierno aún no descarta contratar una nueva evaluación independiente sobre la ley. Ese estudio debería dilucidar los impactos producidos desde su promulgación hasta ahora.

En marzo, en entrevista con CNN Chile (ver entrevista) el ministro de Economía, José Ramón Valente, indicó: “Es probable que nosotros pidamos otro informe a otro organismo internacional para tener más antecedentes y así entregarle a los chilenos algo contundente, que tenga acuerdo transversal y que sea un acuerdo de una vez y para siempre”.

En 2016, después del escándalo por las evidencias de los pagos de las pesqueras a parlamentarios durante la tramitación de la Ley de Pesca, el gobierno de Michelle Bachelet encargó a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) un análisis integral de la ley. Pero éste no se pronunció sobre el origen de la norma, ni el mecanismo de licitaciones, accesos a las pesquerías o determinación de cuotas, que son los temas más cuestionados de la normativa.

El Congreso, que lleva apenas un mes de funcionamiento tras el receso veraniego, ya tramita dos iniciativas que buscan modificar la Ley de Pesca. La primera, fue ingresada el 13 de marzo por el senador Manuel José Ossandón (RN), el dirigente de la coalición oficialista que le arrancó a Piñera la promesa de cambiar la norma. La segunda, una moción parlamentaria que el miércoles 14 de abril puso en primer lugar de la tabla el jefe de la bancada de senadores del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Pesca del Senado, Rabindranath Quinteros. La moción fue elaborada también por las senadoras Adriana Muñoz (PPD) y Carolina Goic (DC).

Posiblemente, estos veloces movimientos en el Congreso provocaron que el mismo miércoles 14 de abril, la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, debiera anunciar en La Moneda que el Ejecutivo enviará cuatro proyectos de ley prioritarios al parlamento, entre los que figura la reforma a la Ley de Pesca. Sin precisar en qué fecha será presentada la iniciativa, la ministra solo agregó que será en un “plazo breve”.

El mismo suspenso le imprimió una semana antes el subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme, cuando fue interpelado por los seis senadores de la comisión respectiva: “Sucederá antes de lo esperado”. La velocidad que le imprimió ahora el gobierno a esta modificación legal, rompió con el suspenso: Riquelme anunció en La Tercera que será en los próximos 45 días.

EL PROBLEMA DE LOS 20 AÑOS
-Estoy seguro que con estos cambios podremos corregir inmediatamente los enormes defectos que tiene esta ley – dijo el senador Manuel José Ossandón a CIPER, quien presentó su proyecto el 13 de marzo.

En 2017, apenas terminadas las primarias de la derecha, en las que Manuel José Ossandón fue derrotado, una de las condiciones que puso para sumarse a la campaña de Sebastián Piñera en la segunda vuelta, fue que se incluyera en el programa presidencial la modificación a la Ley de Pesca.

“Sebastián Piñera se comprometió con una nueva Ley de Pesca, reconociendo que tiene que hacerse de nuevo. Para mí esa ley es corrupta, mal hecha. Derogarse no se puede, pero habría que enviar un nuevo proyecto de ley o modificarla profundamente”, enfatizó el senador tras la reunión en la que consiguió la promesa del “cambio profundo”.

Ya antes de asumir este gobierno, el 28 de febrero, el ex alcalde de Puente Alto se reunió con el subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme, para informarle que su iniciativa ponía fin a las licencias renovables, estableciendo un nuevo llamado a licitaciones después de cumplidos los primeros 20 años adjudicados. Por esa misma fecha, Ossandón le informó también al ministro de la secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, lo que se venía.

En su primera reunión con los integrantes de la Comisión de Pesca del Senado, el subsecretario Riquelme le adelantó a Rabindranath Quinteros (PS), Adriana Muñoz (PPD), Ximena Rincón (DC), Kenneth Pugh (RN) y Carmen Gloria Aravena (Evópoli), que el gobierno cumplirá de “todos modos” con el compromiso de campaña del Presidente Piñera de modificar la Ley de Pesca. Lo que acotó a reglón seguido aumentó la preocupación de lo que se hará con esta ley espuria: les advirtió que no habrá borrón y cuenta nueva.

La fórmula que baraja el gobierno se acerca al proyecto que ya presentaron tanto el senador Manuel José Ossandón como los senadores Quinteros, Muñoz y Goic. También a la que en 2010 planteó el primer ministro de Economía del anterior gobierno de Piñera, Juan Andrés Fontaine (actual ministro de Obras Públicas).

Pero hay un nudo que podría anunciar el conflicto que se avecina. Y esa discusión se dará en torno a un acápite propuesto en el proyecto de los senadores Quinteros, Muñoz y Goic:

-El origen espurio que tuvo esta ley es algo reconocido por todo el mundo y debe ser zanjado. Pero antes de sentarse a conversar, hay que definir la propiedad de los peces –afirmó el senador Quinteros a CIPER.

Las versiones recogidas por CIPER indican que la idea del gobierno es llegar al Congreso en las próximas semanas con una reforma que pueda ser analizada “por partes”. Esta estrategia es parecida a la que usó Bachelet para conseguir la aprobación de algunos proyectos en el Congreso, sobre todo cuando los apoyos se vislumbraban tan esquivos como se estima que será esta tramitación. El oficialismo no tiene mayoría y, además, se enfrenta a un Poder Legislativo renovado y que no controla.

Ese diseño permitiría avanzar rápidamente en los puntos donde hay mayores acuerdos y negociar los artículos o capítulos más complejos. En ese contexto, el gobierno buscaría primero despejar el punto más conflictivo de la ley impugnada: la renovación automática de las licencias de pesca cada 20 años.

Sobre este punto, hay una convicción ya adoptada en el Ministerio de Economía, y en ello coinciden todas las personas consultadas por CIPER. Y ella sería que la vía más “razonable” para modificar la Ley de Pesca es terminar con la renovación automática y cambiarla por la oferta de que las empresas del rubro participen en una nueva subasta abierta y competitiva al año siguiente de que expiren las dos décadas iniciales que consagró la “Ley Longueira”.

Ello implica mantener los primeros 20 años ya entregados a las grandes pesqueras o las “siete familias”: Angelini, Lecaros, Yaconi –Santa Cruz, Sarquis, Stengel, Fernández e Izquierdo.

Así, si estos cambios se aprobaran en 2018, las grandes pesqueras podrán seguir usufrutuando de ese cupo o “derecho” hasta 2033 (las licencias fueron entregadas en 2013) y estarían obligadas a competir por otra licencia recién en 2034. Siempre y cuando a esa fecha todavía queden suficientes recursos pesqueros.

En los sondeos que ha hecho el gobierno en el Congreso, con una activa participación del ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, esta opción es la menos resistida por la oposición. En la ex Nueva Mayoría, varios parlamentarios coinciden con el gobierno en que esta vía evitaría abrir un flanco mayor con las grandes pesqueras, que ya han dejado en claro que cambiar las reglas del juego no será gratis.

Acorde con lo que se plasmará en el proyecto, el gobierno ya les ha transmitido a los empresarios –aunque por vía informal- que la modificación a la Ley de Pesca buscará que “las licencias no sean para siempre”. Así lo reconocieron a CIPER representantes de esos gremios industriales.


EVITAR LAS INDEMNIZACIONES
Dada la convicción del gobierno de la forma en que enfrentarán el problema de fondo de la “Ley Longueira” (poniéndole fin a las licencias indefinidas), las conversaciones con las empresas pesqueras buscan evitar que la promesa de Piñera se convierta en un problema de Estado. Una nueva ley que podría provocar pagar grandes sumas de dinero a los industriales que se sientan “expropiados”.

Si ya la “Ley Longueira” es impresentable, estos nuevos pagos a la industria pesquera serían vistos simplemente como otro gran regalo para las “siete familias”.

Noticia completa en: http://ciperchile.cl/2018/04/13/urg...ca-solo-limita-a-20-anos-licencias-perpetuas/

 

Lo cual no quita que la ley fuera fraguaba por correos entre empresarios pesqueros y políticos vendidos