Carabineros siguió contratando a empresa involucrada en el Milicogate

Más de $1.193 millones suman los pagos hechos por Carabineros en los últimos tres años a Inversiones y Comercio Capellan S.A., empresa que tuvo un rol protagónico en el Milicogate. La sociedad está estrechamente vinculada a dos condenados por fraude al fisco en ese caso y en los últimos cinco años la Contraloría ha cuestionado en tres ocasiones su relación con la institución policial.

En julio de 2017, Raúl Fuentes Quintanilla y su hijo mayor César Fuentes Campusano fueron condenados por emitir 223 facturas ideológicamente falsas a Claudio González Palominos, suboficial del Comando de Apoyo a la Fuerza del Ejército, por un total de $1.832 millones por insumos y servicios para vehículos militares que nunca se entregaron. El taller donde se realizaban las supuestas reparaciones es de Capellan, empresa fundada en 2009 por Nicole Fuentes Chávez y Katherine Fuentes Campusano, ambas hijas de Raúl Fuentes Quintanilla.

El 31 de julio de 2017 Fuentes padre e hijo fueron condenados a cinco años de presidio menor en su grado máximo, medida reemplazada por libertad vigilada intensiva. Desde esa fecha y hasta el 18 de mayo de 2020, Capellan recibió 139 órdenes de compra de Carabineros, las que en total suman $564.960.761. Además, la institución firmó tres contratos con la empresa, los que hasta el momento suman pagos por $628.451.453. Es decir, en total, Carabineros ha desembolsado $1.193.412.214 en servicios de Capellan tras la condena del Milicogate. CIPER ya había detectado los nexos entre Fuentes Quintanilla y la policía uniformada anteriores a esa sentencia y que significaron contratos por más de $3.100 millones desde 2006 hasta 2017 (vea el reportaje «Empresario formalizado por ‘Milicogate’ es proveedor estrella de Carabineros»).

Si se ejecuta la totalidad del contrato firmado por ambas partes en octubre del año pasado para el suministro de repuestos Mercedes Benz, que asciende a $435 millones, la suma alcanzaría a $1.372.078.143.

Para esta investigación periodística se revisaron 351 órdenes de compra en la plataforma de Mercado Público, todas adjudicadas a sociedades de la familia Fuentes, desde agosto de 2017 a mayo pasado, es decir, después de la condena por el Milicogate. De este total, se descontaron aquellas cuyas ofertas se recepcionaron antes de la condena. Aparte de las 139 órdenes de compra y tres contratos suscritos por Carabineros en favor de la empresa, se detectaron 11 órdenes de compra desde la Fuerza Aérea (Fach) y se identificaron otras tres sociedades ligadas a la familia que son proveedoras de Carabineros. En total, la policía ha despachado 324 órdenes de compra a favor de empresas de los Fuentes.

Esta investigación dejó en evidencia, además, los vacíos legales que permiten que una empresa que fue usada como fachada en un esquema de fraude al fisco y que ha sido cuestionada por la Contraloría, siga siendo proveedora del Estado.

CAPELLAN Y EL MILICOGATE
César Fuentes Campusano fue el nexo entre su familia y el Milicogate. En la investigación se estableció que él fue quien conoció al suboficial Claudio Andrés González Palominos y lo puso en contacto con su padre.

“Ambos accedieron a la solicitud del funcionario, en orden a proporcionarle regularmente, entre enero de 2010 y febrero de 2014, un total de 223 facturas ideológicamente falsas, simulando en ellas la prestación de servicios o venta de insumos al comando de apoyo a la fuerza del Ejército de Chile, en circunstancias que aquello no resultó ser efectivo”, señala la causa del 7° Juzgado de Santiago.

Así, entre 2011 y 2014, Raúl Fuentes Quintanilla operó con “actividades comerciales en reparaciones, lubricantes, insumos y transporte de pasajeros, no manteniendo un giro de reparación de vehículos y/o taller mecánico, presentando inicio de actividades como persona natural, pero operando bajo el nombre de fantasía ‘Katherine y Nicole’”, describe la causa civil que se tramita en el 30° Juzgado de Santiago, a raíz de una denuncia del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Los nombres que Fuentes Quintanilla utilizó corresponden a los de sus dos hijas y propietarias de Inversiones y Comercio Capellan S.A.

La empresa, fundada en 2009 por Nicole Fuentes Chávez y Katherine Fuentes Campusano, tiene sus instalaciones en Avenida Fermín Vivaceta N° 3.214 (Conchalí) y fue presentada por Raúl Fuentes Quintanilla como taller concesionado para la reparación de vehículos y blindados del Ejército. Esos servicios nunca se concretaron y un porcentaje indeterminado del dinero fue entregado a miembros de la institución.

Aunque Fuentes Quintanilla y su hijo fueron condenados, la empresa Capellan libró del juicio sin reproches. Dado que los sentenciados no tienen relación legal con ella, Capellan no fue inhabilitada para participar en licitaciones públicas. De hecho, en respuesta a las consultas para este reportaje, Carabineros informó que mientras Capellan siga inscrita como proveedor de entidades estatales no puede rechazar su participación en procesos de compra.

OBJECIONES DE CONTRALORÍA
Mientras Fuentes Quintanilla participaba en un esquema para defraudar al fisco, la empresa de sus hijas fue transformándose en proveedora del Ejército a través de compras y contratos realizados entre 2010 y 2014. Una relación que ha sido objetada por Contraloría.

En una auditoría realizada en 2015 a la División de Mantenimiento y Jefatura Administrativa y Logística del Ejército, la Contraloría indicó que las relaciones contractuales entre esa unidad del Ejército y Capellan presentaban anomalías. Según el Informe Final N° 902, en 2014 a la empresa se le realizaron 79 pagos sin que el organismo castrense adjuntara las actas de recepción correspondientes. El monto de estas transacciones, objetadas por el órgano fiscalizador, ascendió a $73.090.341.

Además, el 10 de octubre de 2014 una compra de repuestos ordenada por el Ejército se dividió en dos. “La fragmentación de la adquisición en dos transacciones evitó el trámite de control preventivo” que debe hacer la Contraloría, según concluyó el informe del propio organismo fiscalizador. Esto, porque las licitaciones superiores a 5.000 UTM deben pasar por el filtro de legalidad de la Contraloría. En este caso, la fragmentación permitió que los montos de ambos contratos quedaran bajo ese límite: uno por $201 millones (4.738 UTM, al valor de la época) y el otro por $169 millones (3.990 UTM).

Según la misma auditoría, en 2014 hubo 14 ocasiones –de un total de 18– en que Capellan no cumplió con las fechas de entrega, llegando a presentar atrasos de hasta 238 días. Tampoco entregó documentación para avalar las revisiones en terreno de los vehículos del Ejército. Asimismo, la Contraloría estableció que “se verificó que las facturas (…) carecen de información de las guías de despacho asociadas a las mismas, correspondiente al número y la fecha del referido documento, situación que no permitió acreditar o verificar que los repuestos despachados correspondan efectivamente a los bienes solicitados y pagados”.

Los cuestionamientos de la Contraloría no sólo alcanzan a la relación de Capellan con el Ejército. El órgano fiscalizador también ha cuestionado los nexos comerciales de la empresa con Carabineros en tres ocasiones. La primera fue en marzo de 2017 mediante el Informe Final N°879, el cual consignó el resultado de una auditoría efectuada en 2016:

“Atendidas las diversas infracciones detectadas, como el incumplimiento de requerimientos mínimos establecidos en las bases administrativas; cantidad de metros cuadrados construidos y declarados por el oferente que no se ajustan a la realidad; falta de acreditación de retiro de vehículos, por parte de la empresa Inversiones y Comercio Capellan S.A.; pagos mayores a los montos autorizados; desembolsos por reparaciones en talleres no considerados en el convenio; y pagos por servicios no licitados, esta Contraloría General iniciará un proceso disciplinario, a fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas”.
El 17 de mayo de 2017, dos meses después de despachar el anterior informe, la resolución N°18.834 de la Contraloría enfatizó que lo acordado entre el proveedor y Carabineros no se ajustaba a la normativa, pues el diagnóstico y reparación de los vehículos se debía realizar en los talleres del oferente y no en las instalaciones del contratante, como estaba ocurriendo.

Casi un año después, el 6 de marzo de 2018, mediante el Dictamen N° 43.409, Contraloría invalidó una licitación para la reparación de buses tácticos y de transporte de Carabineros, adjudicada en 2017. La “adjudicación se realizó en base al presupuesto asignado para la presente contratación y no por el precio ofertado por el proponente, que es menor. Además, de los antecedentes tenidos a la vista aparece que la apertura de la oferta se realizó antes de la hora prevista”, dice el dictamen.

CONTRATOS CON CARABINEROS EN 2018 Y 2019
Luego de la condena contra Fuentes Quintanilla y Fuentes Campusano por el Milicogate, el Ejército terminó su relación con la empresa. Carabineros, sin embargo, no sólo ha contratado de forma frecuente los servicios de Capellan, sino que además ha firmado tres contratos vía licitación pública con la empresa.

El primer contrato, suscrito por el director de Compras Públicas, general Ramiro Rosales, y Nicole Fuentes Chávez, data del 19 de abril de 2018. Fue por la compra de 309 tambores de aceite de motor diésel y 71 tambores de aceite de motor de gasolina, por un total de $281.242.317 (vea el contrato).

Menos de un mes después, el 11 de mayo, Carabineros firmó otro contrato para adquirir 80 tambores de aceite de motor 10W40 diésel y 60 tambores de aceite motor 10W40 gasolina. La operación fue por $90.875.064. (vea ese contrato).

En ambos contratos el precio total propuesto por el taller de Conchalí fue el más económico y obtuvo el 100% del puntaje en la evaluación de ofertas.

El último fue firmado el 4 de octubre de 2019. Capellan se adjudicó la licitación para suministrar “repuestos y accesorios de los vehículos fiscales marca Mercedes Benz”. El acuerdo para la mantención de 127 vehículos aún debiese estar en curso, pues tiene una vigencia de 36 meses. Si el acuerdo se completa, el tope máximo a pagar es de $435 millones (vea el contrato). Hasta ahora, los registros de Mercado Público indican que ya se habrían cancelado $256.334.071, a través de las órdenes de compra 5240-308-SE19, del 15 de noviembre de 2019; 5240-226-SE20, del 7 de septiembre del 2020, y 5240-245-SE20, del 9 de octubre del 2020.

¿UN PROVEEDOR IRREGULAR?
¿Por qué una empresa utilizada como “fachada” en un esquema para defraudar al Fisco y que ha sido cuestionada por Contraloría puede seguir siendo un proveedor del Estado?

El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile, Luis Cordero, explica que, por ley, “si la persona que fue objeto de la condena no tiene vínculo patrimonial de ninguna especie respecto a la empresa que actualmente es proveedora, no se le puede impedir que participe”.

También aclara que las contrataciones públicas funcionan bajo la experiencia acumulada directa. Es decir, aunque la empresa se viese involucrada en un esquema de corrupción en desmedro del erario público, lo que importa son los antecedentes que el proveedor tiene con el organismo que lo va a contratar. Por lo tanto, si no tiene un historial negativo con Carabineros, no hay incompatibilidad.

Respecto a los cuestionamientos de Contraloría, Cordero agrega: “Es un proveedor que es consistentemente irregular en la provisión (…), dado que la propia autoridad considera que un contrato es ejecutado de modo inadecuado o de los cuales no existe respaldo suficiente de la forma y modo en que se están llevando a cabo”.

RESPUESTA DE CARABINEROS
Carabineros no aceptó conceder entrevistas para responder las consultas de este reportaje. Su Departamento de Comunicaciones pidió un cuestionario por escrito. En su respuesta, remarcó que la empresa Capellan se encuentra habilitada legalmente para participar en licitaciones y compras públicas, por lo que no puede ser excluida si decide postular.

La Ley 19.886, señala la respuesta institucional, regula las condiciones que las personas jurídicas o naturales deben cumplir para ser proveedoras de instituciones del Estado. En este caso, agrega, Capellan se ajusta a la normativa y al estar habilitada como proveedor en el sistema Chile Compra no puede ser discriminada en las licitaciones: “El artículo N° 20 del Decreto Supremo N° 250 establece la igualdad de Bases y la no discriminación arbitraria”.

Al ser consultados respecto si consideran el historial de un proveedor al momento de seleccionar su oferta, la respuesta indicó: “Los procesos concursales son estudiados por una comisión evaluadora designada previamente, por lo que no es posible considerar el historial de irregularidades del proveedor si ello no es factor de evaluación previamente establecido”.

Carabineros no respondió las consultas acerca de si se aplicaron sanciones en los procesos llevados a cabo por Contraloría debido a irregularidades en los tratos con Capellan. Eso, dice la respuesta, es “materia de Fiscalía Administrativa”. Tampoco se refirió a las acusaciones realizadas por el ex carabinero Manuel Ayala, quien denunció que en el Departamento de Transportes operaba una red para beneficiar a empresas ligadas a cercanos de Raúl Fuentes Quintanilla (ver nota). Carabineros solo confirmó que los acusados ya no forman parte de aquella dirección y sostuvo que el tema debe ser visto por la justicia, pero no aclaro la existencia de procesos sancionatorios internos por esta acusación.

EL CLAN FUENTES
Esta investigación rastreó las empresas administradas por los hijos e hijas de Raúl Fuentes Quintanilla. ¿Por qué? Fuentes Quintanilla fue condenado en el caso Milicogate y aunque no tiene participación en las sociedades de sus hijos, es el encargado de llevar a cabo conversaciones informales y realizar lobby para que los talleres de los Fuentes sean contratados. De esta forma, aparte de Inversiones y Comercio Capellan S.A., propiedad de sus hijas Nicole Fuentes Chávez y Katherine Fuentes Campusano, el núcleo familiar cuenta con tres compañías que también son proveedoras: Repuestos Automotrices Limitada (AyA), Macrocar SpA y Maquinarias y Repuestos S.A.

En abril del 2004, Fuentes Quintanilla constituyó junto a su hijo César Fuentes Campusano, la empresa Repuestos Automotrices Limitada (AyA). En 2008, el Ejército fue la primera rama de las Fuerzas Armadas que contrató servicios a una empresa ligada a Fuentes Quintanilla. En ese mismo período se inició la relación comercial entre AyA y la Dirección Nacional de Logística de Carabineros, según consta en Mercado Público.

A comienzos de 2012, Fuentes Quintanilla se retiró de Repuestos Automotrices Limitada (AyA), cediendo su 95% de participación a su hija Katherine Fuentes. En 2018 y 2019 esta empresa prestó servicios a Carabineros por $4,5 millones, a pesar de que uno de sus dueños –César Fuentes– fue condenado por el Milicogate en 2017.



En agosto de 2009 las hijas de Fuentes Quintanilla, Katherine Fuentes Campusano y Nicole Fuentes Chávez, entonces de 22 y 21 años, respectivamente, constituyeron la empresa Inversiones y Comercio Capellan S.A.

En diciembre del 2011 la sociedad Maquinarias y Repuestos S.A fue constituida por las dos hijas de Fuentes Quintanilla. Desde agosto de 2017 ha prestado 170 servicios a Carabineros por un monto total de $240.307.209, según información de Mercado Público.

En agosto de 2019, Nicole Fuentes Chávez constituyó Macrocar SpA, junto a Raúl Fuentes Arcas, de 21 años, el menor de la familia. Hasta mayo de este año, Carabineros contrató en 14 ocasiones sus servicios por un monto total de $14.003.900.

Las órdenes de compra disponibles en Mercado Público permiten concluir que, entre el 1 de agosto de 2017 y el 18 de mayo de este año, las cuatro sociedades relacionadas a la familia de Raúl Fuentes Quintanilla han vendido servicios a Carabineros por una suma de $1.452.223.323.

TRASPASO DE INMUEBLES
En 2016, el patrimonio económico de Raúl Fuentes Quintanilla, avaluado en $162.169.696, fue congelado por orden judicial. Se compone exclusivamente de buses antiguos que hasta 2005 funcionaron como locomoción colectiva.

En septiembre de 2019 el Consejo de Defensa del Estado consiguió que el 30° Juzgado Civil de Santiago condenara a Raúl Fuentes Quintanilla a devolver los montos íntegros por los cuales, en conjunto con miembros del Ejército, defraudó al Fisco. Ahora el patriarca de la familia está a la espera de que la Corte de Apelaciones confirme o rechace la devolución de esos $1.832.113.153.

En su defensa, Fuentes Quintanilla alega que actuó coaccionado y que no se benefició de los dineros defraudados. Agrega que no cuenta con un patrimonio económico equivalente que le permita reintegrar la suma.

Pero, según el Conservador de Bienes Raíces, entre 2010 y 2014 Fuentes Quintanilla traspasó la propiedad de las oficinas y talleres donde hoy funciona Capellan, ubicadas en Vivaceta N°3.214, a esa misma empresa, rompiendo todo vínculo con ella mientras defraudaba al Fisco. También, traspasó dos sitios y una casa ubicados en la misma avenida y dos propiedades de Avenida Independencia. Hay, además, otros dos inmuebles ubicados en Vivaceta relacionados con los negocios familiares: en uno opera la sociedad AyA y en el otro, Maquinarias y Repuestos. Según el Servicio de Impuestos Internos los ocho inmuebles, en conjunto, tienen un avalúo fiscal de $368.514.502.

Para obtener la versión de la familia Fuentes se llamó en reiteradas oportunidades a Capellan, sin obtener respuesta. Además, en los días anteriores al cierre de esta edición se visitaron las instalaciones de su taller. No obstante, la persona que atendió, quien se presentó como un “empleado” y prefirió no identificarse, no aceptó el cuestionario y se negó a entregar datos de contacto de Raúl Fuentes o sus hijos.

LA RELACIÓN CON LA FACH

A pesar del perjuicio que generó el Milicogate, la relación entre la familia Fuentes Quintanilla con las Fuerzas Armadas no se detuvo. Entre septiembre de 2018 y octubre de 2019, César Fuentes Campusano, hijo de Raúl Fuentes Quintanilla, fue contratado en 11 ocasiones por la Fuerza Aérea (Fach), a través de su empresa Repuestos Automotrices Limitada (AyA), la única que ha tenido una relación legal con Raúl Fuentes Quintanilla alguna vez. Según registros del Diario Oficial, Fuentes padre e hijo la constituyeron en 2004 y Fuentes Quintanilla se retiró en 2012.

La relación entre AyA y la Fach es cuestionable, debido a que César Fuentes fue condenado por su participación en el Milicogate y es socio de la empresa. Según información obtenida en Mercado Público, los servicios de AyA a la Fuerza Aérea, detallados en 11 órdenes de compras, ascienden a un total de $4.500.000.

Actualmente, Fuentes Campusano sigue siendo propietario del 5% de AyA, y es su representante legal. El abogado Luis Cordero señala que es una situación al límite de la interpretación de la ley: “Es un caso delicado. En principio él no podría prestar servicios. La empresa no es la condenada, sino que él”. También puntualiza: “De acuerdo con el Reglamento de Ley de Compras, hay una causal de inhabilidad. Esta dice que ‘están inhabilitados para ser proveedores del Estado quienes hayan sido condenados por cualquier delito de cohecho contemplados en el título V’. En otros términos, quienes se encuentran inhabilitados son los sujetos que hayan sido condenados por delitos de cohecho”. La condena fue por fraude al Fisco.

Finalmente, Cordero subraya que en Derecho Comparado estas situaciones son consideradas falta a la transparencia pública. De esta forma, hechos de este tipo son ilegales en otros países por vulnerar la probidad.


Fuente: https://www.ciperchile.cl/2020/11/0...en-el-milicogate-le-ha-pagado-1-193-millones/