En Portada Votos de Chile Vamos salvaron a exministro Grau: Rechazada Acusación constitucional

Votos de Chile Vamos salvaron a exministro Grau: Rechazada Acusación constitucional​

Pasadas las 15:30 horas, el Senado dio inicio a la sesión destinada a la votación de la acusación constitucional interpuesta contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, tras la previa toma de conocimiento del libelo por parte de los diputados representantes durante la mañana. El desarrollo de la jornada se extendió por más de dos horas, en las cuales los distintos senadores expusieron los argumentos que sustentaban el sentido de su sufragio, disponiendo cada uno de un tiempo máximo reglamentario de cinco minutos para tal efecto. No fue sino hasta pasadas las 18:00 horas cuando se materializó el conocimiento del veredicto final: el rechazo de la acusación constitucional contra el exsecretario de Estado.

Fundamentos del Libelo Acusatorio​

La estructura argumentativa del libelo se articulaba en cuatro capítulos de imputación. En primer término, se alegaba una vulneración del deber de probidad y transparencia consagrado en el artículo 8° de la Carta Fundamental. En segundo lugar, se atribuía al acusado el incumplimiento del deber de coordinación de la gestión financiera del Estado. Como tercer capítulo, se aducía una supuesta vulneración del principio de universalidad presupuestaria. Finalmente, se imputaba la infracción del deber de coordinación entre el programa financiero de mediano plazo y los presupuestos anuales.

Los resultados numéricos de la votación reflejaron un rechazo transversal a la totalidad de los capítulos imputativos. El primer capítulo fue desestimado con 25 votos en contra, 16 a favor y 4 abstenciones. El segundo capítulo obtuvo un rechazo aún más contundente, con 32 sufragios en contra, 9 a favor y 2 abstenciones. El tercer capítulo también fue rechazado con 26 votos en contra, 16 a favor y 3 abstenciones. En tanto, el cuarto y último capítulo registró 33 votos en contra, 10 a favor y 2 abstenciones.

Análisis de las Argumentaciones Senatoriales​

La Perspectiva del Rechazo: Prudencia Institucional y Rigor Jurídico​

El senador Pedro Araya (PPD), primer orador en la sesión, fundamentó su voto adverso al libelo sosteniendo que, si bien existen problemas fiscales relevantes y proyecciones discutibles que han requerido correcciones, «esa discusión, por importante que sea, no basta para configurar una acusación constitucional». En sus palabras, «no todo error es una infracción constitucional, no toda malestimación es dolo, no toda diferencia técnica es abandono de deberes y no toda crítica política puede convertirse en una condena institucional», estableciendo así una distinción fundamental entre las dimensiones técnica, política y constitucional de la responsabilidad pública.

En sintonía con este razonamiento, el senador Matías Walker (IND) advirtió sobre el «uso meramente político de la acusación constitucional» que, en su opinión, «no solo debilita nuestro sistema democrático, sino que lo tensiona, generando en cada uno de estos casos precedentes especialmente riesgosos». Su intervención incorporó una reflexión sobre la instrumentalización del mecanismo constitucional al señalar que el Senado no puede contribuir a convertir esta herramienta excepcional «en una herramienta al servicio de mayorías circunstanciales para cuestionar decisiones técnicas, opciones de política pública o la conducción de gobiernos legítimamente elegidos». Walker culminó su intervención con una sentencia de peso político: «Lo único cobarde en política es actuar conforme a las redes sociales. Lo valiente es tener una sola postura, independiente si los gobiernos son de derecha o de izquierda».

La senadora Beatriz Sánchez (FA) incorporó una dimensión cuantitativa al debate, señalando que desde 1990 hasta la fecha se han presentado 51 acusaciones constitucionales, de las cuales 10 han sido contra ministros del presidente Boric, una cifra que calificó como desproporcionada y que «pareciera más bien una forma política de desgaste». Su intervención propuso una reflexión prospectiva sobre la necesidad de «mejorar la forma en que se llevan a cabo las acusaciones constitucionales, avanzando en mecanismos de interpelación, por ejemplo, que establezcan responsabilidades previas antes de llegar a una instancia como esta».

Por su parte, el senador Gastón Saavedra (PS) argumentó que el libelo «carece de los elementos jurídicos mínimos exigidos por nuestra carta fundamental», enfatizando que la Constitución contempla instituciones alternativas para la crítica y el cuestionamiento, como la interpelación o las comisiones investigadoras, y que «en último término existe la evaluación de las autoridades que hace la ciudadanía mediante su decisión en las urnas». Saavedra recuperó el sentido original de la institución al señalar que «las acusaciones constitucionales fueron diseñadas por los constituyentes como un mecanismo de última instancia, como último recurso para sancionar a las autoridades responsables de infracciones graves a la Constitución, falta flagrante a las leyes o situaciones que pongan en riesgo o afecten la seguridad o el honor de la nación».

El senador Andrés Longton (RN), a pesar de no haber manifestado explícitamente el sentido de su voto durante su intervención, ofreció una argumentación que resulta particularmente relevante por su capacidad de distinguir entre diferentes planos de responsabilidad. Reconoció que «las metas comprometidas no se cumplieron, las proyecciones resultaron excesivamente optimistas, el deterioro de las cuentas fiscales fue excesivamente mayor al esperado y el país terminó enfrentando una situación financiera profundamente compleja y más deteriorada de lo que se había anticipado». Sin embargo, sentenció con claridad que «una pésima gestión económica no equivale automáticamente a una infracción constitucional», añadiendo que precisamente por la severidad de sus consecuencias, la acusación constitucional «exige prudencia, seriedad y un estándar particularmente exigente».

La senadora Fabiola Campillai (IND) aportó un respaldo técnico a su postura contraria al señalar que «el propio Consejo Fiscal Autónomo, un organismo serio, técnico y apolítico, concluyó que no existen errores de cálculo en el informe cuestionado», y recordó la declaración de más de 50 economistas de distintas sensibilidades que advirtieron que «una proyección no se cumple exactamente como se espera. Y esto por sí solo no es una infracción constitucional. Si así fuera, tendríamos que haber destituido a cada uno de los ministros de Hacienda de las últimas décadas». Además, mencionó el respaldo de constitucionalistas de la talla de Jorge Correa Sutil y Marisol Peña, esta última referente académico del sector de derecha, quienes fueron categóricos en señalar que «esta acusación carece y no logra configurar responsabilidad constitucional».

La senadora Yasna Provoste (DC) desarrolló una argumentación centrada en la naturaleza del juicio constitucional, señalando que «no es una tribuna para criticar a un ministro, es un juicio de responsabilidad personal. Y para que prospere hay que probar una sola cosa, hechos concretos que una conducta específica del acusado infringió la Constitución o la ley. Eso en esta sala no se probó». Provoste cuestionó la base fáctica de la acusación al preguntarse: «¿Qué se le imputa en el fondo al exministro Grau? Proyecciones económicas, estimaciones que por su propia naturaleza cambian en el tiempo porque dependen de circunstancias que nadie controla», para concluir que «ese supuesto desastre fiscal no lo ha reconocido ningún organismo serio, ni una sola clasificadora de riesgo, nadie, salvo el libelo».

El senador Iván Flores (DC), por su parte, situó el debate en el contexto más amplio de la fragmentación política, argumentando que «el Congreso tiene una responsabilidad que es mucho mayor ante otras acusaciones constitucionales que han habido, porque aquí hay que demostrar que debemos actuar con seriedad con sentido de Estado, cuando estamos viviendo un sistema político profundamente fragmentado y donde la polarización y especialmente cuando los monólogos dificultan la búsqueda de los acuerdos».

El senador Francisco Huenchumilla (DC) realizó una distinción crucial al señalar que los diputados acusadores señalaron expresamente que lo que se perseguía era la responsabilidad política, cuando en el régimen presidencial «los ministros dependen exclusivamente de la confianza del presidente». Huenchumilla añadió: «¿Cómo podemos nosotros en teoría aprobar una acusación constitucional si la propia acusación, los propios acusadores nos están diciendo que no están buscando la responsabilidad individual, sino que la responsabilidad política, y que no están buscando la culpabilidad, sino que están buscando la responsabilidad política, y nos dicen entonces que no hay culpabilidad?»

La senadora Andrea Balladares (RN) aportó datos estadísticos que permiten dimensionar el fenómeno de la judicialización política: «Entre el año 2018 y 2026 se presentaron 27 acusaciones constitucionales, mientras que entre 1991 y el año 2017 se presentaron 24 acusaciones constitucionales. Es decir, en tan solo los últimos 8 años se han presentado más acusaciones de este tipo que en los 26 años anteriores, un récord que honestamente no creo que nos haga sentir orgullosos». Su intervención enfatizó que «una democracia seria debe ser capaz de distinguir entre una gestión que puede ser legítimamente cuestionada y una conducta que configure responsabilidad constitucional».

El senador Ricardo Celis (PPD) planteó la pregunta central que debía resolver el juicio: «¿El ministro Grau comprometió el honor o la seguridad de la nación, infringió la Constitución o las leyes?», para concluir que «no se ha logrado demostrar aquello», y denunciar lo que considera «un abuso más bien de orden político, y lo político tiene que resolverse políticamente, pero lo constitucional, la infracción constitucional o el delito».

El senador Juan Luis Castro (PS) afirmó que votará en contra de los cuatro capítulos «no porque se deba renunciar al control político ni porque las finanzas públicas no puedan ser cuestionadas, sino porque esta herramienta exige un estándar jurídico mucho más alto que el que aquí se ha demostrado», enfatizando que «no basta con que exista una diferencia política o una crítica a la gestión o una discusión sobre determinadas cifras fiscales para efecto de aprobar una acusación constitucional».

El senador Karim Bianchi (IND) reveló un dato significativo al señalar que «yo nunca he votado en contra de una acusación constitucional desde que soy senador, pero es tan débil esta acusación que en la propia izquierda y la derecha han salido en paralelo a presentar un proyecto para endurecer los requisitos para presentar una acusación de este tipo».

El senador Esteban Velásquez (IND) desarrolló el argumento central de la defensa al sostener que «para configurar una infracción constitucional, no basta con demostrar ciencias metodológicas o ajustes posteriores, sino que debe acreditarse ocultamiento deliberado, falta de probidad o entrega intencional de información falsa. Circunstancias que en la acusación no demuestra».

La senadora Paulina Vodanovic (PS) recordó que «el Senado no está llamado a emitir en una acusación una opinión política sobre la gestión económica de un gobierno ni evaluar si compartimos o no sus proyecciones fiscales», estableciendo con claridad los límites de la función jurisdiccional del Senado en este tipo de procesos.

La senadora Alejandra Sepúlveda (IND-FRVS) introdujo un matiz relevante al señalar que la elaboración de la proyección obedece a «una obligación de medios en hacer el trabajo de forma diligente y no una obligación de resultados», y advirtió que «esta situación de fondo no es responsabilidad del gobierno anterior y no podemos personificar en la figura del exministro esta falta de crecimiento».

El senador Fidel Espinoza (PS) ofreció una reflexión crítica sobre su propio posicionamiento político al señalar que «en el pasado apoyé la Comisión Constitucional convencido de que iba por un buen camino, por un camino correcto para regular la institucionalidad, exigir responsabilidad, lo hice muchas veces cuando era una fe, pero formarse en una herramienta de confrontación política permanente. Y eso no le hace bien a Chile y a nuestra democracia». Su intervención culminó con una distinción fundamental: «La democracia exige firmeza para fiscalizar, pero también responsabilidad para distinguir entre una responsabilidad política y una responsabilidad constitucional».

La Perspectiva del Respaldo a la Acusación: Exigencias de Probidad y Consecuencias Fiscales​

El senador Carlos Kuschel (RN), quien anunció su voto favorable en los cuatro capítulos, argumentó su postura sosteniendo que el exministro «infringió la Constitución Política de la República y las leyes en el ejercicio de su cargo, específicamente las normas que regulan la administración financiera del Estado, la programación financiera, el control financiero y los deberes de dirección superior que el ordenamiento jurídico radica en él». Kuschel enfatizó que había manifestado su preocupación por la deuda en cada una de las discusiones presupuestarias del gobierno anterior.

La senadora Vanessa Kaiser (PNL) justificó su voto favorable argumentando que «la incertidumbre en las cuentas públicas, herencia del exministro Grau en este momento, debilita la confianza institucional, eleva la prima de riesgo, constituye un terreno minado para la estabilidad del gobierno actual». Kaiser enfatizó el carácter ejemplificador de la acusación al señalar que «no busca perseguir a una persona, busca enviar una señal clara de que quien administra los recursos de todos los chilenos debe rendir cuentas. No puede haber impunidad para quien maquilla cifras o no las da a conocer con total transparencia».

El senador Cristián Vial (Republicanos) optó por una postura diferenciada, anunciando su voto favorable a los capítulos 1 y 3, y adverso a los capítulos 2 y 4. Vial reconoció que «esta acusación constitucional distrae la atención del Congreso en un momento en que el país se enfrenta a desafíos urgentes», pero concluyó que «respecto al capítulo primero, estimo acreditada la entrega de información inconsistente, incompleta y no trazable en el informe de finanzas pública, vulnerando los deberes de probidad y transparencia consagrados en el artículo 8 de la Constitución Política de la República».

El senador Sergio Gahona (UDI) también adoptó una posición intermedia, votando a favor del primer y tercer artículo, y en contra del segundo y cuarto. Gahona fundamentó su voto favorable al primer capítulo en datos concretos: «El país cerró el año 2025 con una caja fiscal de apenas unos 47 millones de dólares, casi vacía. Y con la capacidad de endeudamiento al límite. El déficit estructural terminó en un 3,7% del producto, cuando la meta era 1,6%. Más de dos puntos de desviación. Un error del orden de los 7000 millones de dólares».

La senadora Camila Flores (RN), quien votó a favor de todos los capítulos, sostuvo que «durante la conducción del exministro Grau existió un manejo fiscal desordenado, imprudente e incompatible con el deber de reflejar íntegramente los gastos y compromisos del Estado», señalando que dichos hechos «podrían configurar una infracción al principio de la universalidad presupuestaria consagrado en el artículo cuarto del decreto de ley 1263».

Posiciones de Inhibición y Consideraciones Finales​

El senador Vlado Mirosevic (PL) anunció su inhabilitación de la votación, señalando: «Dado que adelanté mi votación en público, no quiero violar esa tradición de aquí del Senado». Añadió que no quería que su votación «represente una justificación por parte de aquellos que quieren ganar por secretaría. Aquellos seguramente hoy van a perder contundentemente esta acusación y no quiero que le echen la culpa al empleado por una mala acusación presentada».

La senadora Claudia Pascual (PC) también se inhabilitó de la votación, en su caso debido al lazo sanguíneo que posee con el acusado, Nicolás Grau, en apego a las normas de imparcialidad que rigen el proceso.

Los senadores Enrique Lee (IND-RN) y Loreto Carvajal (PPD) anunciaron sus respectivos votos a favor y en contra del libelo, sin que sus intervenciones hayan sido detalladas en el desarrollo de la sesión. El senador Javier Macaya (UDI), al igual que su compañero de bancada Gahona, anunció su aprobación de los capítulos 1 y 3, y rechazo de los capítulos 2 y 4.

Reflexión Final: El Significado Institucional de la Votación​

El rechazo de la acusación constitucional contra Nicolás Grau constituye un hito relevante en la evolución de la práctica parlamentaria chilena, en particular por el contundente margen de los resultados y por la calidad de los argumentos esgrimidos en ambas posiciones. El debate evidenció una tensión de fondo entre dos concepciones sobre el rol de la acusación constitucional: como herramienta de control político de la gestión gubernamental en un sentido amplio, o como mecanismo excepcional reservado para infracciones graves y acreditadas a la Constitución o las leyes.

La posición mayoritaria, que se tradujo en el rechazo del libelo, se fundamentó en la necesidad de distinguir entre mala gestión, errores de proyección y diferencias técnicas, por un lado, y conductas que configuren infracción constitucional, por otro. Esta postura fue respaldada por referentes técnicos como el Consejo Fiscal Autónomo y por constitucionalistas de diversas orientaciones políticas.

La votación deja planteada, asimismo, una interrogante sobre el futuro del mecanismo de la acusación constitucional en Chile, particularmente a la luz del incremento exponencial en su utilización durante los últimos años y de los proyectos legislativos que buscan endurecer los requisitos para su presentación, iniciativa que, como lo señaló el senador Bianchi, ha concitado consenso en sectores de distinto signo político.

En definitiva, la jornada legislativa del 30 de junio de 2026 quedará registrada no solo por el rechazo a la acusación contra el exministro Grau, sino por el debate de fondo que suscitó sobre los límites entre la responsabilidad política y la responsabilidad constitucional, y sobre la necesidad de preservar la integridad de las instituciones democráticas frente a la tentación de su instrumentalización partidista.


Todos sabemos que en Chile vamos hay wns de izquierda o que transan...