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Esto luego de que la Contraloría General de la República asestara un duro golpe a Hassler y resolviera que la adquisición del recinto médico por parte del municipio “no cauteló el correcto uso de recursos públicos”. Tras dicha resolución la jefa comunal decidió dejar sin efecto el proceso de compra de la clínica y, además, le pidió la renuncia a dos funcionarios claves del municipio: el director jurídico y al jefe de la Secplan.