El Fisco ha pagado $ 80 mil millones a víctimas de casos de DD.HH.

Fachada del Consejo de Defensa del Estado, en la comuna de Santiago.
Tras un proceso de recopilación de esta información, se registraron 939 causas. De ellas, 538 están terminadas. Cifra corresponde a la suma de las indemnizaciones que ha debido desembolsar el Estado.
Cuando se ha registrado un caso de violación a los derechos humanos (DD. HH.), surge para el Estado infractor la obligación de reparar con el pago de una indemnización a la parte lesionada.

De esta forma, en el marco de causas que se han tramitado en Chile por hechos ocurridos durante el régimen militar, se han presentado en paralelo demandas civiles para que el Estado indemnice económicamente a las víctimas.

Hasta ahora, no se conocía el número exacto de cuántas acciones legales de este tipo se habían presentado, ni cuánto dinero ha debido desembolsar el Estado por este concepto.

Así, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Eugenia Manaud, señaló a través de un oficio enviado en abril al prosecretario de la Cámara de Diputados que “este consejo ha iniciado un proceso de recuperación de información relativa a demandas indemnizatorias cuyo origen radica en actos ocurridos durante los años 1973 y 1990, proceso que nos ha permitido detectar 939 causas con descriptor asociado a este tipo de causas, iniciadas entre los años 1997 y 2017”.

El documento detalla que “de este universo (939), 538 causas se encuentran terminadas, ya sea por sentencia definitiva, o bien equivalente jurisdiccional, quedando, en consecuencia, otros 401 asuntos en actual tramitación”.

Asimismo, en el oficio se indica que “la cuantía de los 939 asuntos detectados corresponde a $ 1.449.982.936.100 (US$ 2.400 millones)”.

Desde el CDE precisaron que ese dinero corresponde al monto total solicitado en las causas detectadas.

En el documento se agrega que “el monto total que el Fisco ha pagado por sentencias ejecutoriadas corresponde a $ 73.220.552.830 y por transacción judicial a $ 6.678.000.000”. La suma de ambas cifras da un pago fiscal total de $ 79.898.552.830 (US$ 133 millones).

Según explicaron desde el CDE, “los $ 79 mil millones tienen su origen en sentencias ejecutoriadas o bien en transacciones suscritas entre las partes. Si son sentencias, significa que el tribunal rechazó la demanda de indemnización de perjuicios o, acogiéndola, determinó un menor monto a indemnizar. Todo lo anterior es materia del juicio y de las pruebas que se acompañen al tribunal. Tratándose de una transacción, dependerá directamente de las negociaciones entre las partes”.

Además, que “lo que corresponde pagar es lo que los tribunales condenan por sentencia firme o por transacción, lo que no necesariamente corresponde al monto demandado”.

En cuánto a cómo se realizan estos pagos, desde el CDE dijeron que “en virtud de un decreto del Ministerio de Justicia, la Tesorería General de la República emite un cheque a nombre de cada uno de los demandantes que obtuvieron en el juicio o respecto de los cuales se llegó a una transacción”.

Críticas
Para el abogado de algunos de los internos del penal de Punta Peuco, Raúl Meza, “estas cifras dan cuenta de que el Estado se ha transformado en una caja pagadora de grandes sumas de dinero en las causas de derechos humanos, que está siendo financiada por todos los chilenos”.

Agregó que “es de una incongruencia jurídica inaceptable que el mismo Estado que a través del Ministerio del Interior se transforma en querellante en las causas de DD.HH., asuma el rol de demandado y defensor en las causas civiles en contra del Fisco, alegando la prescripción de la responsabilidad civil para evitar los pagos de las indemnizaciones a las familias de las víctimas de causas”. Meza indicó, además, que los gobiernos deberían transparentar la forma en que abordan estas demandas.

También dijo que “estos montos de indemnización judicial justifican plenamente el retiro que el gobierno de Sebastián Piñera hizo del proyecto de ley de reparación a las víctimas de torturas y prisión política”.

En tanto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, señaló que “el monto que aún no se paga, que puede sonar tan abultado, hay que traducirlo a la cantidad de personas que fueron asesinadas, hechas desaparecer y torturadas durante la dictadura. Ojalá nunca hubiese existido esto y que nunca hubiésemos tenido que recurrir a demandas civiles contra el Estado de Chile, porque eso significaría que no hubiese existido el terrorismo de Estado”.

Añadió que “resulta lamentable que a veces el Consejo de Defensa del Estado, a nombre del Fisco, se siga oponiendo a algo que aún sigue siendo insuficiente para la magnitud y secuela del delito que ha tenido para los sobrevivientes, para los familiares y para el país en general el genocidio”.


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