Audio filtrado muestra presiones para invalidar a los científicos en casos de “Hair-on-Fire” (EPA)

Cuando la industria quiere que una evaluación de la seguridad química se haga para ayer, los responsables de la EPA la califican de “Hair-on-Fire”.

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Parte 2: Los denunciantes hablan sobre la práctica de la Agencia de Protección Ambiental de aprobar rutinariamente productos químicos peligrosos.

Los supervisores de William Irwin tenían una petición sencilla. Sólo querían que él, un científico que evalúa la seguridad de los productos químicos en la Agencia de Protección Ambiental (EPA / Environmental Protection Agency), firmara un informe que diera a un producto químico el visto bueno de la agencia para entrar en el mercado. Habría sido fácil para él estampar su firma en el documento, lo que le habría permitido sacar por fin de su mesa el proyecto en el que había trabajado durante meses.

¿El único problema? La ciencia no demostraba que el producto químico fuera seguro.

Irwin, que tiene un doctorado en bioquímica y biología molecular y tres certificaciones de la junta en toxicología y ha trabajado en la EPA durante 12 años, se le pidió que diera luz verde al producto químico en mayo de 2020. Pero ya había encontrado motivos para preocuparse por los efectos del producto químico en los fetos en desarrollo. Como el fabricante no había presentado ningún estudio de salud, había encontrado un análogo, una sustancia química estructuralmente similar para ayudar a predecir sus efectos. Ese compuesto era el bisfenol A, o BPA, un aditivo de los plásticos que es bien conocido por causar problemas reproductivos, así como efectos inmunológicos y neurológicos. Irwin había señalado sus preocupaciones y la falta de estudios que pudieran disiparlas. Su trabajo en la evaluación, un documento que determina si se permite el uso de un producto químico y cómo se hace, también señalaba que los trabajadores se enfrentaban a riesgos tanto por respirar como por tocar los productos químicos.


Hair on Fire

Pero como el producto químico entraba en una categoría conocida dentro de su división como casos de “hair-on-fire””, situaciones de alta prioridad en las que los fabricantes se oponen a las conclusiones de los científicos de que sus productos químicos suponen un peligro, las conclusiones a las que llegó Irwin en la evaluación fueron examinadas y finalmente cambiadas. Después de que se negara a firmar las conclusiones modificadas, un empleado de mayor rango en la división se hizo cargo del caso y utilizó un enfoque diferente -y, según Irwin, científicamente inapropiado- que permitió a la agencia evitar el cálculo de los riesgos de desarrollo que planteaba la sustancia química. El 15 de junio de 2020, la agencia publicó la evaluación final del riesgo del producto químico, que minimizaba los riesgos para la población en general y no calculaba los riesgos para los trabajadores que Irwin había destacado.

Debido a las demandas de confidencialidad de los fabricantes, Irwin y sus colegas se sintieron legalmente obligados a no revelar los nombres de esta y otras sustancias químicas mencionadas en esta historia.

Como se informó en la primera entrega de esta serie, los directivos de la EPA han presionado a los evaluadores de salud para que minimicen y resten importancia a los riesgos que plantean las sustancias químicas de uso, incluso cuando hay pruebas claras de que presentan daños. Ese reportaje se basaba en una amplia información proporcionada por cuatro denunciantes -Elyse Osterweil, Martin Phillips, Sarah Gallagher y William Irwin- que trabajaban como evaluadores de riesgos para la salud en la nueva división de productos químicos de la agencia. Este artículo se basa en la nueva información proporcionada por esos denunciantes y por otro evaluador de riesgos de la EPA, que recientemente ha dado a conocer su situación, pero que ha decidido permanecer en el anonimato por miedo a las represalias.

A través de documentos, entrevistas y una revelación escrita que proporcionaron exclusivamente al medio, al inspector general de la EPA y a miembros selectos del Congreso, estos científicos del gobierno han detallado algunos ejemplos extremos de interferencia con la evaluación científica de la seguridad química. En colaboración con Empleados Públicos por la Responsabilidad Medioambiental, también conocido como PEER (Public Employees for Environmental Responsibility), un grupo medioambiental que ayuda a los denunciantes, expusieron el proceso mediante el cual la industria ejerce una presión especial en casos de “hair-on-fire” -a veces a través de miembros del Congreso- para acelerar la aprobación de sustancias químicas o minimizar sus restricciones.

Correo electrónico interno de la EPA en el que se hace referencia a los casos de “hair-on-fire”​

En estos casos, algunos directivos de la EPA han trabajado codo con codo con la industria para disipar las preocupaciones de seguridad planteadas por los propios científicos de la agencia sobre las nuevas sustancias químicas que entran en el mercado. Aunque no todos los casos de evaluaciones químicas manipuladas fueron designados como “hair on fire”, estos casos de alta prioridad se han vuelto tan comunes que la división de nuevos productos químicos ha dispuesto que siempre haya alguien disponible para supervisarlos. Desde al menos enero de 2021, los gerentes han estado en un horario rotativo para “HOF Duty”, como se llama en los calendarios internos.

Un calendario interno para los evaluadores de salud humana dentro de la nueva división de productos químicos de la EPA incluye la rotación de los deberes HOF – o “hair-on-fire”​

Según los denunciantes, los responsables de la EPA utilizan diversas tácticas para persuadir a los científicos del personal de que cambien sus evaluaciones en estos casos, incluyendo el énfasis en el descontento y la impaciencia de las empresas que fabrican las sustancias químicas; criticando a los científicos por tardar demasiado en aprobar las sustancias químicas en sus evaluaciones de rendimiento; e incluso insinuando que los evaluadores individuales serán demandados por los fabricantes de sustancias químicas si insisten en mantener sus conclusiones. En varios casos en los que los denunciantes se negaron a realizar cambios, otros empleados de la EPA borraron o alteraron la información de los documentos sin su aprobación o conocimiento.

Las tensiones son tan grandes en la nueva división de productos químicos que los directivos han intentado recientemente que se revise su sistema informático interno para que puedan anular automáticamente a los científicos del personal en algunos “casos de hair-on-fire”, según el audio obtenido. En una reunión celebrada el 18 de noviembre de 2020 con los contratistas de tecnología de la información que trabajaban en el nuevo sistema de seguimiento de la revisión de productos químicos, los directivos de la división sugirieron añadir un nuevo botón a la interfaz que, con un solo clic, permitiera que estos casos de alta prioridad eludieran la revisión científica del personal y pasaran directamente a la dirección.

“¿Hay alguna forma de anularlo todo?”, pregunta un responsable de la división en la reunión. “Así que, por ejemplo, digamos que hay nueve discusiones abiertas, pero de repente tenemos que acelerar un caso debido a una situación de hair-on-fire, ¿necesitamos que nueve personas entren y cierren estas discusiones para que siga adelante o, hay una persona todopoderosa como [nombre eliminado] que pueda venir y anular todo?”.

Finalmente, el director de la división y el consultor llegaron a un acuerdo sobre este plan al final de la reunión. “Sí, nos gustaría tener un botón o algo así, y entonces asignaremos a la persona o personas que puedan anular todo”, dice el director de la división. No está claro si el botón de anulación se ha implementado.

“De acuerdo. ¿Anular significa que esto se ponga en verde?”, aclara el asesor.

“Sí”.

“Ok, perfecto”.


La Fábrica de Chocolate

La EPA está facultada para impedir la entrada de nuevas sustancias químicas en el mercado si presentan un riesgo excesivo para la salud humana o el medio ambiente. Pero la división de nuevos productos químicos de la agencia no lo hizo con ninguna de las 3.835 solicitudes de nuevos productos químicos presentadas a la agencia entre el 22 de junio de 2016 y el 1 de julio de 2021. En respuesta a las preguntas, la EPA señaló que, durante ese período, se revisaron 3.256 casos; de ellos, se determinó que 266 eran inválidos o estaban incompletos y se requirió que 11 se sometieran a más pruebas. Pero no se “prohibió la comercialización” de ningún producto químico, según los propios datos de la EPA. Por el contrario, tanto en los casos de “hair-on-fire” como en los de prioridad ordinaria, los evaluadores de salud que identificaron los peligros causados por las sustancias químicas se enfrentaron habitualmente a intensas presiones para descartarlos o restarles importancia. Según los denunciantes, existe una fuerte expectativa de que los evaluadores no sólo consideren seguras las sustancias químicas, sino que lo hagan rápidamente.

La ley concede a la EPA 90 días para responder a la presentación de una nueva sustancia química. Pero determinar si las sustancias químicas son seguras puede llevar mucho tiempo, sobre todo porque los evaluadores suelen recibir muy poca información sobre sus efectos en la salud. En algunos casos, las empresas sólo proporcionan el nombre y la estructura de la sustancia química, sin ninguna información sobre la salud y la seguridad. Para examinarlos adecuadamente, los evaluadores tienen que buscar y leer los estudios pertinentes y, a veces, solicitar la opinión de expertos externos. Sin embargo, los denunciantes afirman que se les anima regularmente a aprobar incluso estas misteriosas sustancias químicas con tanta rapidez que a menudo son incapaces de revisarlas a fondo.

“No se nos está dando suficiente tiempo”, dijo Gallagher, un toxicólogo que trabajó como evaluador de la salud humana en la Oficina de Prevención de la Contaminación y Tóxicos. “Necesitamos tiempo para averiguar si hay expertos con los que tenemos que hablar. Pero nos han dicho que tenemos que hacer los casos en los dos días siguientes a nuestra reunión sobre el peligro”. Además de evaluar la seguridad de las nuevas sustancias químicas, los evaluadores dicen que cada vez se les pide más que hagan cambios en los casos que ya han terminado. “Recibía casos que había terminado cuatro meses antes, y querían que hiciera revisiones sustanciales que eran desviaciones de nuestro proceso, y se echaban encima de mi trabajo actual”, dijo Gallagher, que comparó la experiencia con el episodio de “I Love Lucy” ambientado en la fábrica de chocolate. “Se aceleraba y aceleraba, y cada vez teníamos más, y no podíamos seguir el ritmo”.

Irwin dijo que regularmente tenía que trabajar los fines de semana para mantenerse al día con la carga de trabajo e incluso se le pidió que entregara dos evaluaciones complejas al final del día inmediatamente después de decirle a su supervisor que tenía que ir a casa, porque estaba experimentando un fuerte dolor en el pecho.

Los cuatro denunciantes fueron amonestados por no actuar con la suficiente rapidez al revisar nuevos productos químicos. El supervisor de Gallagher le dijo que le costaba “dejarse llevar cuando se tomaba una decisión” sobre un determinado producto químico. En ese caso, otra persona había cambiado su evaluación, eliminando la información que ella había incluido sobre la carcinogenicidad del producto químico.

El supervisor de Irwin citó su negativa a firmar la evaluación de la sustancia química similar al BPA como motivo para rebajar su calificación de rendimiento en una revisión anual. Y Martin Phillips, otro de los denunciantes, también fue criticado por la puntualidad de sus evaluaciones en su revisión de rendimiento.

Del mismo modo, en una revisión de rendimiento del 21 de junio, el supervisor de Elyse Osterweil la acusó de tener un “patrón de proporcionar productos de trabajo tardíos e incompletos”. Según Osterweil, estos retrasos se debían a su negativa a ceder a las presiones para que se consideren seguras determinadas sustancias químicas, basándose en las pruebas de que pueden causar daños específicos, como defectos de nacimiento y cáncer. Sin embargo, su supervisor señaló que el incumplimiento de los plazos “dio lugar a que varios remitentes externos se pusieran en contacto con la Agencia, en varias ocasiones, para expresar su descontento con la puntualidad de los casos asignados a usted”.


Datos Insuficientes

Los evaluadores pueden detener o retrasar la aprobación si no disponen de suficiente información para declarar que una sustancia química no puede suponer un riesgo excesivo. Pero sus superiores suelen presionar a los evaluadores para que consideren que las sustancias químicas son seguras incluso cuando carecen de los datos necesarios para saberlo. Ese fue el caso de un producto químico al que se le concedió la aprobación condicional para su fabricación en abril de 2020 a pesar de que tanto Gallagher como Phillips dijeron que era necesario un estudio de carcinogenicidad de dos años para evaluar su potencial cancerígeno.

Los directivos también reasignaron un producto químico que Gallagher estaba evaluando después de que ella dejara claro que creía que podía ser peligroso. A Gallagher le preocupaba que el producto químico, que está previsto que se utilice como recubrimiento en spray para coches, pudiera tener efectos respiratorios en los trabajadores que lo utilizaran. Pero un supervisor insistió en que la evaluación describiera el producto químico como de “bajo riesgo”. En un correo electrónico de marzo de 2020, se ordenó a Gallagher que eliminara todas las referencias a los riesgos. Gallagher se negó; horas más tarde, se le comunicó que el producto químico, junto con todos sus otros casos menos uno, habían sido reasignados a otros evaluadores. Dos meses después, se aprobó el uso del producto químico y se consideró que “no era probable que presentara un riesgo excesivo”. Dos meses después, Gallagher fue retirada del programa por completo.

Incluso cuando los evaluadores consiguen que se incluyan los riesgos en sus evaluaciones, las empresas que los presentan suelen rebatirlos. En algunos casos, las empresas han vuelto a presentar solicitudes de nuevas sustancias químicas más de 10 veces. Aunque la EPA necesita comunicarse con los fabricantes de productos químicos, según los denunciantes, algunos directivos hablan habitualmente con los representantes de las empresas por teléfono móvil y se les ha oído animar a sus colegas de la industria a evitar la comunicación por correo electrónico, porque está sujeta a solicitudes de registros públicos.

Si bien las recomendaciones originales de los evaluadores químicos a las nuevas aplicaciones químicas solían estar disponibles públicamente, esa política cambió bajo la administración de Trump. El entonces administrador de la EPA, Scott Pruitt, eliminó del sitio web de la EPA la información sobre el proceso de revisión de nuevos productos químicos, incluidos los registros de las reuniones con los fabricantes y las preocupaciones que tienen los científicos del personal o los estudios que recomiendan. Aunque el presidente Joe Biden y el actual administrador de la EPA, Michael Regan, han prometido dar prioridad a la ciencia y erradicar la corrupción, esta política sigue vigente bajo la actual administración. Y los denunciantes sostienen que las presiones para minimizar y eliminar los riesgos en las evaluaciones de productos químicos continúan sin cesar.

En una respuesta por correo electrónico a las preguntas sobre esta historia, la EPA escribió que “Esta Administración se compromete a investigar las presuntas violaciones de la integridad científica. Es fundamental que todas las decisiones de la EPA se basen en información y normas científicas rigurosas. Como uno de sus primeros actos como Administrador, el Administrador Regan emitió un memorando en el que se esbozan medidas concretas para reforzar el compromiso de la agencia con la ciencia.”

El comunicado también dice que la dirección de la EPA está revisando estas quejas y que se tomarán las medidas oportunas. “La EPA se toma en serio todas las denuncias de violaciones de la integridad científica. El funcionario de integridad científica de la EPA y los miembros del equipo de integridad científica investigarán a fondo cualquier acusación de violación de la política de integridad científica de la EPA que reciban y trabajarán para salvaguardar la ciencia de la EPA. Además, la EPA está revisando actualmente las políticas, los procesos y las prácticas de la agencia para garantizar que las decisiones de la Agencia se basen en los mejores datos y ciencia disponibles. La EPA se ha comprometido a fomentar una cultura de evaluación y aprendizaje continuo que promueva un intercambio abierto de posiciones científicas y políticas diferentes. Además, en esta administración no se tolerarán las represalias contra los empleados de la EPA por denunciar presuntas infracciones”.


Amenazas e Intimidación

En junio de 2020, Osterweil estaba trabajando en una sustancia química que creía que podía causar graves daños en el desarrollo. Su sospecha se basaba en la estructura molecular de una sustancia química que se forma a medida que el cuerpo procesa el producto químico en cuestión, que se asocia con efectos como la falta de huesos, el pie zambo y dedos de más. Después de presentar su proyecto de informe, el fabricante refutó su conclusión. Un consultor de la empresa hizo repetidas llamadas a la EPA para pedirle que cambiara su informe. Después de una llamada, el responsable del caso le llamó para decirle que la empresa estaba estudiando la posibilidad de interponer una demanda por su evaluación científica y le sugirió que podría tener que “recurrir a un abogado”, lo que Osterweil entendió como que podría ser demandada como persona física.

Osterweil, junto con Phillips y Gallagher, ya había escuchado vagas amenazas sobre la ira de las empresas enfadadas por su ciencia. En 2019, un gerente que se sentía frustrado, porque no borraban un peligro de cáncer escribió en un correo electrónico a los tres que “todos ustedes pueden defenderse cuando las empresas vengan a discutir el peligro de cáncer”.

Pero la amenaza de ser demandada como individuo pesaba sobre ella. “Me preocupaba que mi credibilidad como científica se viera afectada”, dijo Osterweil. Como madre soltera, también temía perder su trabajo. “Independientemente de lo buena científica que seas, pueden arruinar tu credibilidad”.

La amenaza legal es sólo una de las formas de acoso que sufrieron los denunciantes, que describieron incidentes de gritos, insultos y menosprecio de su trabajo delante de sus colegas.

Irwin describió una interacción en la que un colega de alto rango, que también resulta ser alto y musculoso, intentaba convencerle de que cambiara el umbral de seguridad de un producto químico. “Vino una vez a mi cubículo, imponiéndose sobre mí mientras yo estaba en mi silla”, dijo Irwin. “Quería tener un punto de referencia de dos en lugar de 1.000. Y me gritaba”. Irwin dijo que se sentía amenazado y que la intimidación era una parte clave de la presión para cambiar los resultados científicos. “Ese es el mecanismo principal, cómo consiguen su objetivo de que eliminemos los peligros: nos intimidan para que lo hagamos”.

En el caso del producto químico que ella creía que presentaba un peligro para el desarrollo, Osterweil también se enfrentó a una presión creciente para utilizar un estudio realizado por el fabricante, que ya se había considerado científicamente inaceptable. Aunque no fue demandada personalmente, en agosto de 2020 el caso en el que se les dijo que “abogaran” se elevó al nivel de “hair on fire”. En noviembre, un consultor que trabajaba para la empresa que presentó el producto químico y que había trabajado anteriormente en la EPA organizó una reunión con uno de los superiores de Osterweil, que era un amigo personal. Y el 21 de diciembre de 2020, cuando Osterweil estaba fuera de la oficina, se subió al sistema de la agencia una evaluación actualizada de la sustancia química.

Aunque se había negado rotundamente a cambiar su conclusión sobre la amenaza que suponía el producto químico, el nuevo documento desestimaba la información que Osterweil había introducido sobre los peligros para el desarrollo. En su lugar, se consideraba improbable que presentara un riesgo irrazonable, lo que lo convertía en un “no probable”, en la jerga de la agencia. La industria había ganado una vez más la batalla sobre la evaluación química, consiguiendo minimizar los riesgos de su producto y acelerando el proceso de revisión. En un correo electrónico enviado ese día por la supervisora de Osterweil, ésta escribió: “Por favor, acelere este ‘no probable’, ya que el remitente está ansioso”.

En junio, después de que varios de los denunciantes presentaran quejas ante el asesor científico de la EPA y el inspector general de la EPA, la evaluación se modificó de nuevo, esta vez para reflejar que el producto químico “puede presentar un riesgo irrazonable de daño a la salud”. No obstante, se autorizó su comercialización.

Fuente: Leaked Audio Shows Pressure to Overrule Scientists in “Hair-on-Fire” Cases

Parte 1: Los denunciantes hablan sobre la práctica de la Agencia de Protección Ambiental de aprobar rutinariamente productos químicos peligrosos.

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