El próximo lunes 2 de abril, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados comenzará a debatir de lleno uno de los últimos proyectos que envió la administración Bachelet: la entrega de un bono de 3 millones de pesos a las 26.000 personas que fueron reconocidas por las comisiones Valech 1 y 2 como víctimas de prisión política y tortura.
Sin embargo, la oportunidad en la que se envió un proyecto -pese a que fue una demanda durante al menos 7 años, según las organizaciones de familares de víctimas de tortura y prisión política- generó molestia incluso en la actual oposición debido al trámite tardía de la iniciativa.
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En ese contexto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara Baja, Carmen Hertz (PC), defendió el debate diciendo que se trata un “bono miserable” que viene a reparar en parte a las víctimas de prisión política y tortura.
“Tengo la certeza que el Gobierno va a apoyar esta medida, que es una medida mínima, por lo cual el Estado está obligado a hacerlo. Es una reparación miserable de 3 millones de pesos”, aseguró.
Pese a la seguridad manifestada por la diputada, no existe tanta seguridad de ello en el oficialismo. Escuetamente, el ministro de Justicia Hernan Larraín señaló a nombre de la administración de Piñera que “este es un proyecto de última hora del gobierno pasado que lo vamos a analizar en su minuto”.
Desde la oposición, el presidente de PPD, Gonzalo Navarrete, reconoció que el proyecto ingresó tardíamente a trámite y que es una de las promesas incumplidas de Bachelet, pero también recalcó “hay un compromiso pendiente del Estado de Chile y no de un gobierno, con gente que ha tenido en deterioro de la vida, de la salud y creo que era necesario al menos colocarlo como un pendiente”.
“Es un pendiente de nuestro Gobierno de la Nueva Mayoría, sí, pero que al cambiar el gobierno no se pierde el compromiso que el Estado tiene con ellos”, añadió.
Pese a ello, los miembros oficialistas de la Comisión de DDHH dejaron entrever su principal resquemor: la posibilidad de que falsos exonerados integren la eventual lista de beneficiados en caso que el proyecto se convierta en ley. Por ello, de pasar su trámite en la Cámara y luego en el Senado, recalcaron la necesidad de una lista consolidada sin personas que no merezcan el beneficio que puedan aprovecharse una vez más de esa condición.
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