Por su parte, el penalista Ramón Sepúlveda señaló que "es claro que si de la acusación constitucional o de cualquier investigación penal, se evidencia que las autoridades políticas o altos cargos del Ejército o Carabineros, teniendo conocimiento de los delitos que se estaban perpetrando, no lo impidieron, ellos pueden ser perseguidos y condenados por estos delitos".
Ya analizando los dos capítulos de la acusación, Gálvez sostuvo que solo en el primero de estos podría configurarse un delito por el que podría llegar a ser perseguido el ex ministro, siendo en este caso, a su juicio, el abuso contra particulares.
Sepúlveda, en tanto, añadió aquellos que dicen relación "con los artículos 35 y 36 de la Ley 20.357, que tipifica crímenes de lesa humanidad, como son las violaciones sistemáticas a los derechos humanos".
"Esta situación es grave, ya que las autoridades acusadas tuvieron en este periodo todo el conocimiento y facultades para impedir la comisión de delitos cometidos por agentes policiales, tales como homicidios y lesiones graves", detalló Sepúlveda.
En esa línea, aseguró que, independientemente de que hoy actuales y ex autoridades sostengan que no se permitirá la impunidad, "lo cierto es que ellos pudieron para esta situación y no lo hicieron, siendo una serie de abogados lo que sistemáticamente recurrimos a las cortes para evitar la actuación indiscriminada de las fuerzas policiales, lo que en su mayoría no resultó".
"A todas luces, el presidente, él (Chadwick), ministros y las autoridades de las fuerzas de orden y seguridad van a tener que responder penalmente en algún momento", concluyó.
Fuente: Emol.com -
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