Con 33 votos a favor y 17 en contra (que fueron los miembros del oficialismo), la norma que establece: "La ley protege la vida de quien está por nacer. Se prohíbe la pena de muerte".
Esta normativa genera preocupación en el Gobierno de Gabriel Boric (de la alianza de izquierda Unidad para Chile) porque, de estar en el proyecto de nueva Constitución que se someterá a un plebiscito para entrar en vigencia, podría derogarse la ley actual, que garantiza el acceso al aborto cuando peligra la vida de la mujer, hay inviabilidad fetal de carácter letal o el embarazo es el resultado de una violación.
La ley actual fue aprobada en septiembre de 2017, durante el Gobierno de Michelle Bachelet.
Voces dentro del debate
El consejero Antonio Barchiesi, del pinochetista Partido Republicano, afirmó que la norma trata del "amparo más básico que se debe dar el ser humano más indefenso y requerido de cautela jurídica, que es el que está en el vientre materno" y que buscarán la "derogación" de la ley de aborto "en cuanto permite el asesinato de un inocente".
Por su parte Pilar Cuevas, de la agrupación derechista Renovación Nacional, manifestó que su bancada no apoya "el aborto libre" y que el "derecho a la vida es el primer derecho fundamental".
El vicepresidente del Consejo Constitucional, Aldo Valle, (del Partido Socialista) se refirió al derecho a la vida y advirtió que "al usar la palabra quien" se reitera el principio de que todo ser humano es persona y que "con ello se quiere abrir una vía para invalidar constitucionalmente la ley de aborto en tres causales".
La consejera socialista Catalina Lagos remarcó que aprobar esta nueva norma "hecha por tierra los avances jurisprudenciales y dogmáticos" alcanzados en Chile en la última década, además de "poner en riesgo la responsabilidad internacional del Estado en materia de Derechos Humanos".
Camino constitucional
El actual proceso constituyente en Chile surgió luego de que el proyecto de Carta Magna redactado por la Convención Constitucional anterior fue rechazadó por el 61% de los chilenos el 4 de septiembre de 2022.
Ahora, el Consejo Constitucional deberá entregar el texto final de nueva Carta Magna para que sea votado en un plebiscito obligatorio el 17 de diciembre de 2023, tras lo cual se podría eliminar la Constitución actual, que data de 1980 y fue escrita durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
