El beneficiado es buscado por la Justicia por una denuncia de estafa en su contra, pese a lo cual recibe la pensión de gracia, que se entrega de manera vitalicia.
Polémica generó la pensión de gracia que entrega el Estado a una de las víctimas del estallido social (18-O), quien se encuentra prófugo de la justicia acusado de una estafa.
Se trata de Juan Francisco Villalobos, quien ya en ese entonces era buscado por la Justicia por el presunto delito de estafa al momento de recibir el beneficio estatal.
Según informó Ex-Ante, en junio de 2022 se emitió una orden de detención en contra de Villalobos; sin embargo, tres meses después se le otorgó el beneficio.
Así, entre el 18 de abril y el 15 de diciembre de este 2023, el prófugo recibió 9 pagos, equivalentes en total a $5.698.168 por parte del Estado.
Recordemos que el beneficio se entrega “de manera vitalicia y se mantendrá vigente mientras subsistan las condiciones que motivaron su otorgamiento”.
Villalobos fue acusado de una estafa en Conchalí, por lo que se emitió una orden de detención, sin que hasta la fecha haya sido capturado por la policía.
Sin embargo, no es la primera situación pendiente en la Justicia que tiene, ya que entre sus antecedentes aparecen causas por hurto, desórdenes públicos, estafas, ademas de lesiones leves y menos graves.
De acuerdo a la querella que presentó el INDH, en noviembre de 2019, Juan Francisco Villalobos fue golepado por funcionarios de Carabineros tras participar de una manifestación en La Florida, siendo abusado sexualmente al interior de la Subcomisaría Los Quillayes en la comuna capitalina, denunciando que incluso le aplicaron corriente eléctrica en sus dedos.
Consultado este jueves al respecto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, junto con enfatizar en que es un tema que depende de la Subsecretaría del Interior, propuso revisar la entrega del beneficio.
“Esas pensiones se otorgan bajo determinado tipo de condiciones, tienen una cláusula de revisión. Sin embargo, también hay otro tipo de aspectos que son necesarios de revisar desde el punto de vista normativo”, señaló Cordero.
Fue una persona que denunció violación a Derechos Humanos, que tuvo una calificación con ese fin que le permitió acceder a esa pensión y con posterioridad está involucrado en un ilícito sobre el cual no existe condena, pero que, no obstante, permitiría, en opinión del Ministerio del Interior, revisar su otorgamiento”, insistió.
FUENTE: Biobiochile.cl
Polémica generó la pensión de gracia que entrega el Estado a una de las víctimas del estallido social (18-O), quien se encuentra prófugo de la justicia acusado de una estafa.
Se trata de Juan Francisco Villalobos, quien ya en ese entonces era buscado por la Justicia por el presunto delito de estafa al momento de recibir el beneficio estatal.
Según informó Ex-Ante, en junio de 2022 se emitió una orden de detención en contra de Villalobos; sin embargo, tres meses después se le otorgó el beneficio.
Así, entre el 18 de abril y el 15 de diciembre de este 2023, el prófugo recibió 9 pagos, equivalentes en total a $5.698.168 por parte del Estado.
Recordemos que el beneficio se entrega “de manera vitalicia y se mantendrá vigente mientras subsistan las condiciones que motivaron su otorgamiento”.
Villalobos fue acusado de una estafa en Conchalí, por lo que se emitió una orden de detención, sin que hasta la fecha haya sido capturado por la policía.
Sin embargo, no es la primera situación pendiente en la Justicia que tiene, ya que entre sus antecedentes aparecen causas por hurto, desórdenes públicos, estafas, ademas de lesiones leves y menos graves.
De acuerdo a la querella que presentó el INDH, en noviembre de 2019, Juan Francisco Villalobos fue golepado por funcionarios de Carabineros tras participar de una manifestación en La Florida, siendo abusado sexualmente al interior de la Subcomisaría Los Quillayes en la comuna capitalina, denunciando que incluso le aplicaron corriente eléctrica en sus dedos.
Consultado este jueves al respecto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, junto con enfatizar en que es un tema que depende de la Subsecretaría del Interior, propuso revisar la entrega del beneficio.
“Esas pensiones se otorgan bajo determinado tipo de condiciones, tienen una cláusula de revisión. Sin embargo, también hay otro tipo de aspectos que son necesarios de revisar desde el punto de vista normativo”, señaló Cordero.
Fue una persona que denunció violación a Derechos Humanos, que tuvo una calificación con ese fin que le permitió acceder a esa pensión y con posterioridad está involucrado en un ilícito sobre el cual no existe condena, pero que, no obstante, permitiría, en opinión del Ministerio del Interior, revisar su otorgamiento”, insistió.
FUENTE: Biobiochile.cl
