Fallos por DD.HH.: Corte Suprema ha concedido $55.000 millones en indemnizaciones

Tema en 'Política Nacional e Internacional' iniciado por pino3, 17 Ene 2019.

  1. Baneado2

    Baneado2 Usuario Habitual nvl.3 ★
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    Jajaja
     
  2. FelipeTurron

    FelipeTurron Usuario Casual nvl. 2
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    Dale, argumenta... te leemos.

    El problema con los debates, como dijo alguien en este portal, es que se basan en creencias personales, en ideas sin base y se dejan de lado los hechos comprobables. Es justamente lo que estas haciendo.
    Pero insisto, has perdido la chispa.

    Suerte con tu ventilador. Ojo de que no te salpique.
     
  3. pino3

    pino3 Usuario Casual nvl. 2
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    CS condena al Fisco pagar indemnización a víctima de torturas de Concepción.
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    En el presente caso no resultan atingentes las normas del derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción.

    La Corte Suprema acogió recurso de casación y condenó al fisco a pagar una indemnización de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a víctima de apremios ilegítimos. Ilícito perpetrado en 1974, en la ciudad de Concepción.

    En su sentencia, expone el máximo Tribunal que la indemnización del daño producido por el delito, así como la acción para hacerla efectiva, resultan de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, comprometiendo el interés público y aspectos de justicia material. En el caso en análisis, dado el contexto en que el ilícito fue verificado con la intervención de agentes del Estado durante un período de extrema anormalidad institucional, en el que representaban al gobierno de la época y en que -al menos en el caso de autos- claramente se abusó de aquella potestad y representación, produciendo agravios de tanta gravedad como el que aquí se estudia, por lo que el Estado de Chile no puede eludir su responsabilidad legal de reparar dicha deuda de jure", sostiene el fallo.

    A lo anterior lo obliga el Derecho Internacional, se agrega, traducido en Convenios y Tratados que, por clara disposición constitucional, le son vinculantes, como ocurre por ejemplo y entre otros, con la propia Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que se encuentra vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, que establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, pues de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del Estado (Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000, Humberto Nogueira Alcalá, Las Constituciones Latinoamericanas, página 231).

    Y es que el derecho de las víctimas a percibir la compensación correspondiente implica, desde luego, la reparación de todo daño que les haya sido ocasionado, lo que se posibilita con la recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en nuestra legislación interna, conforme a lo dispuesto en el artículo 5º de la Constitución Política de la República que señala que ‘el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.

    De este modo, prosigue la sentencia, en el presente caso no resultan atingentes las normas del derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios en las que los jueces del fondo asilan su decisión, al estar en contradicción con las reglas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que protegen el derecho de las víctimas y familiares a recibir la reparación correspondiente, estatuto normativo internacional que ha sido reconocido por Chile y que, sin perjuicio de la data de su consagración y reconocimiento interno, corresponden a normas de ius cogens, derecho imperativo internacional que protege valores esenciales compartidos por la comunidad internacional que ha debido ser reconocido por los jueces de la instancia al resolver la demanda intentada", añade.

    En suma, concluye la Corte Suprema, pesando sobre el Estado la obligación de reparar a la víctima y sus familiares consagrado por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, el derecho interno no deviene en un argumento sostenible para eximirlo de su cumplimiento. No sólo por lo ya expresado sino porque este deber del Estado también encuentra su consagración en el derecho interno.



    Vea textos íntegros de las sentencias de la Corte Suprema; Corte de Apelaciones de Concepción y de primera instancia.



    http://www.diarioconstitucional.cl/...nizacion-a-victima-de-torturas-de-concepcion/

    Ministro Álvaro Mesa condena a 18 años de presidio a autores de homicidio de diputado y dirigente campesino.
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    En el aspecto civil, condenó al fisco a pagar una indemnización total de $730.000.000 (setecientos treinta millones de pesos) a familiares de las víctimas.

    El Ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las Cortes de Apelaciones de Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa Latorre, condenó a René Isidro Villarroel Sobarzo y Carlos Segundo Tapia Galleguillos a 18 años de presidio efectivo, como autores del delito de homicidio calificado de Luis Espinoza Villalobos y Abraham Oliva Espinoza. Ilícitos perpetrados el 2 de diciembre de 1973, al norte de Frutillar, Región de Los Lagos.

    En el fallo, el Ministro en visita aplicó, además, Villarroel Sobarzo y Tapia Galleguillos las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas; más del pago de las costas del proceso.

    En el aspecto civil, condenó al fisco a pagar una indemnización total de $730.000.000 (setecientos treinta millones de pesos) a familiares de las víctimas.

    http://www.diarioconstitucional.cl/...-homicidio-de-diputado-y-dirigente-campesino/

    CS confirma fallo que ordenó indemnizar a hijo de detenido desaparecido de Isla de Maipo.
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    El máximo Tribunal confirmó la sentencia recurrida que ordenó el pago al hijo de Salinas Salinas, quien fue víctima de un crimen de lesa humanidad.

    En fallo unánime, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo deducido en contra de la sentencia que condenó al Fisco a pagar una indemnización de $50.000.000 a hijo de Juan de Dios Salinas Salinas, detenido en Isla de Maipo en septiembre de 1973 e ingresado al campo de prisioneros del Estadio Nacional, último lugar que se lo vio con vida.
    La sentencia sostiene que sin perjuicio de lo razonado por el fallo impugnado, en reiterada jurisprudencia, esta Corte ha sostenido que, tratándose de un delito de lesa humanidad -lo que ha sido declarado en la especie-, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5º de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que, en virtud de la Ley N° 19.123, reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, reconocidos por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario. (En este mismo sentido, SCS Rol N° 20.288-14, de 13 de abril de 2015; Rol N° 1.424, de 1 de abril de 2014; Rol N° 22.652, de 31 de marzo de 2015, entre otras).
    La resolución agrega que por consiguiente, cualquier pretendida diferenciación en orden a dividir ambas acciones, emanadas de los mismos hechos ilícitos y otorgarles un tratamiento desigual es discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama.
    Añade que entonces, pretender aplicar las normas del Código Civil a la responsabilidad civil derivada de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el ordenamiento jurídico, hoy resulta improcedente.
    Por último, concluye que por otra parte, la reparación integral del daño no se discute en el ámbito internacional, y no sólo se limita a los autores de los crímenes, sino también al mismo Estado. La normativa internacional no ha creado un sistema de responsabilidad, lo ha reconocido, pues, sin duda, siempre ha existido, evolucionando las herramientas destinadas a hacer más expedita, simple y eficaz su declaración, en atención a la naturaleza de la violación y del derecho quebrantado.


    http://www.diarioconstitucional.cl/...jo-de-detenido-desaparecido-de-isla-de-maipo/

    Corte de Santiago ordena al Fisco indemnizar a familiares de gendarme fusilado en Pisagua en 1974.

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    En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $300.000.000 a la cónyuge e hijos de Isaías Higuera Zúñiga, funcionario de Gendarmería fusilado en el campo de prisioneros de Pisagua, en 1974.

    Así, el Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Vigésimo Sexto Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda deducida en contra del fisco tras establecer que Higuera Zúñiga fue víctima de un crimen de lesa humanidad.

    La sentencia de primera instancia sostiene que con el mérito de la copia de la sentencia criminal definitiva de primera instancia, dictada por doña Mónica Olivares Ojeda, Ministro en Visita Extraordinaria, en causa Rol 4-2013, copia de la sentencia dictada por la I.C.A. de Arica, en los autos Rol N° 7–2016 Crimen, confirmando la sentencia antedicha, con declaración de aumento de penas, y copia de la sentencia dictada por la E.C.S., en los autos Rol 27.627-2016, rechazando lo recursos de casación interpuestos por los condenados en contra de la sentencia de segunda instancia, unido a la copia del Informe Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en el que consta la condición de víctima de violación a los Derechos Humanos de don Isaías Higuera Zúñiga, todos pormenorizados en el motivo que antecede, y además, no habiendo controvertido la demandada los hechos expuestos en el libelo pretensor, se concluye que son efectivos los hechos relatados en la demanda.
    La resolución confirmada agrega que los demandantes sufrieron por parte de agentes del Estado, el homicidio de su cónyuge y padre, lo que implica un delito de lesa humanidad, que evidentemente causó trastornos psicológicos a los actores, tras ser privados sin justificación de crecer junto a su padre y de conocerlo -hijos de la víctima-, afectando su desarrollo.
    Añade que además de que su cónyuge y demandante en autos, tuvo que asumir sola la crianza de los hijos en común, todo lo que sumado al dolor de la pérdida de don Isaías Higuera Zúñiga, generó perjuicios económicos en la familia, pues le fue muy difícil mantener económicamente a cinco hijos, lo que los afecta hasta la actualidad.
    Por tanto, concluye que se acoge la demanda deducida, y se condena a la demandada a pagar a cada uno de los demandantes la suma de $50.000.000, monto reajustado conforme la variación registrada por el Índice de Precios al Consumidor, a contar de la notificación de la presente sentencia e intereses corrientes a contar de la ejecutoria, ambos accesorios hasta el pago efectivo.

    http://www.diarioconstitucional.cl/...ares-de-gendarme-fusilado-en-pisagua-en-1974/

    Juzgado Civil de Santiago condena al Fisco a indemnizar a suboficial (r) de la Armada detenido y torturado entre 1973 y 1976.

    El Tribunal estableció que el ex cabo segundo de la Armada fue víctima de crímenes de lesa humanidad. El suboficial formó parte del grupo denominado "Marinos Constitucionalistas", por lo que fue sometido a vejámenes desde agosto de 1973 a octubre de 1976, en recintos de la Armada.

    El Décimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a pagar una indemnización total de $155.000.000 a Teodosio Cifuentes Rebolledo y familia. El suboficial en retiro de la Armada fue víctima de torturas entre 1973 y 1976.

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    La sentencia sostiene que son hechos establecidos en la causa, al no haber sido controvertidos por las partes y por encontrarse además acreditados con el mérito de la instrumental producida por la demandante, de conformidad a lo prescrito por los artículos 1700, 1702 y 1706 del Código Civil, y la prueba testimonial reseñada en el motivo 10°, que en agosto de 1973, don Teodosio Cifuentes Rebolledo, de 26 años de edad, cabo 2° de la Armada de Chile, casado con doña Rosalía Delgado Naranjo y padre de un hijo Roberto Cifuentes Delgado y de otro por nacer (Claudia Cifuentes Delgado), junto a otro grupo de marinos, tomó conocimiento de los intentos golpistas por parte de oficiales de la Armada de Chile, razón por la cual decidieron informar el hecho a las autoridades políticas y administrativas del país, por lo cual padeció una intensa persecución en su contra por parte de las autoridades militares de la época, siendo detenido por primera vez el 6 de agosto de 1973, por infantes de marina, quienes lo golpearon para llevarlo al cuartel Silva Palma, en Valparaíso.
    La resolución agrega que, asimismo, durante este periodo, su cónyuge Sra. Rosalía Delgado, junto a su pequeño hijo, y embarazada de su otra hija, concurrió a la escuela de submarinos, donde supuestamente se encontraba su marido, indicándole que este se encontraba detenido, comenzando también para ella y sus hijos un calvario por la detención de su marido y padre respectivamente.
    A continuación, el fallo señala que luego desde el 30 de septiembre de 1973 al 25 de octubre del mismo año, estuvo detenido en la Cárcel Pública de Valparaíso, para ser trasladado a la Isla Melinka durante 1 año, donde fue torturado. Luego, el 25 de junio de 1974 fue llevado a Puchuncavi de la Marina donde estuvo por un mes, para finalmente ser conducido a la Cárcel Pública donde fue torturado y estuvo hasta el 4 de octubre de 1976, fecha en que fue liberado.
    Afirma el fallo que sobre la excepción de prescripción extintiva, incoada por la demandada, "huelga tener presente que el hecho que motiva esta acción, es de aquellos que la doctrina y tribunales superiores de justicia reconoce como graves crímenes de lesa humanidad, tal y como lo establece los Convenios de Ginebra del año 1949, toda vez que estos hechos y especialmente los descritos en los motivos 12° y 13° ocurrieron en un contexto de excepción a nuestra democracia, período en que se vulneraron de manera grave, sistemática y masivamente los derechos humanos de las personas oponentes al régimen de entonces o a simples civiles que no adherían a ningún movimiento político, con el único fin posible de amedrentar al resto de la población civil, todo ello cometido por agentes del Estado o por civiles amparados por éste.
    Por último, concluye que dado que los Derechos Humanos reconocidos en la Convención son inherentes al ser humano durante toda la existencia de éste, no es posible sostener a juicio de esta sentenciadora que un Estado pretenda desconocer la reparación necesaria y obligatoria por el mero transcurso de éste, ya que ello significaría desconocimiento del Derecho Humano conculcado.

    http://www.diarioconstitucional.cl/...rmada-detenido-y-torturado-entre-1973-y-1976/
     
    #23 pino3, 22 Ene 2019
    Última edición por un moderador: 16 Mar 2019
  4. LOKOLETAL

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    Una parte de lo que dices es verdad y otra mentira. Aparte de ser boicoteado el pais, el comunismo su adminiatracion o gestion fuero miserables y estupidos.
    Entiende eso comunista hipocrita, en ningun pais del mundo a resultado el comunismo, marxismo y socialismo y en chile no fue la escepcion.
     
  5. pino3

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    Juzgado Civil de Santiago condena al Fisco a pagar indemnización a víctima de torturas.
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    El Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de $20.000.000 a Fernando Alejandro Aravena Domínguez, detenido ilegalmente por agentes de la CNI, en abril de 1988, y mantenido en prisión hasta noviembre de 1990, periodo en que fue sometido a vejaciones, torturas y tratos degradantes.

    El Tribunal acogió parcialmente la demanda por daño moral deducida, condenando al fisco a indemnizar a Aravena Domínguez, quien fue víctima de crímenes de lesa humanidad.

    La sentencia sostiene que de acuerdo a lo reseñado precedentemente en el considerando octavo, se ha acreditado fehacientemente por la demandante su calidad de víctima de violaciones a los derechos humanos, quien fuera objeto de diversas clases de vejaciones, torturas y otros tratos degradantes, además de privaciones de libertad ilegítimas y apartadas de los cánones informados por el debido proceso, de acuerdo a lo reseñado en la prueba instrumental acompañada a folio N° 30, sumado a la declaración del testigo César Gregorio Poblete Huidobro, quien juramentado en forma legal y no habiendo sido tachado por la demandada, asevera ser vecino del demandante y que le consta que la depresión que aquél padece se produjo luego de su detención y tortura por militares.
    La resolución agrega que a partir de la relación de las probanzas descritas, este sentenciador estima que constituyen antecedentes que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 426 del Código de Procedimiento Civil, poseen los caracteres de gravedad y precisión suficientes para formar convicción y por tanto, tener por acreditado el daño moral sufrido por el demandante, presumiéndose con claridad que el haberse visto inmerso en tales clases de afectaciones le causó un gravísimo desconsuelo, pesar y dolor, más aun considerando las horrendas circunstancias particulares de las que fue objeto, las que razonablemente profundizaron dichas aflicciones, todo debido a un actuar del sumo desdeñable llevado a cabo por agentes del Estado.
    A continuación, el fallo señala que a juicio de este sentenciador, la acción civil de perjuicios por la comisión de crímenes de lesa humanidad es imprescriptible, no tan sólo debido a que las normas de derecho internacional de derechos humanos, integradas a nuestra Constitución, obligan al Estado a reparar íntegramente los daños ocasionados a las víctimas de derechos humanos (de lo que se sigue que aplicando las normas de derecho interno tal reparación no sería íntegra, pues no abarcaría la sede patrimonial al imponer sucintos plazos de prescripción); sino que, además, debido a la necesidad de justicia que importa establecer un mismo estatuto jurídico de imprescriptibilidad para perseguir las responsabilidades penales y civiles que emanan de los hechos ilícitos de autos, en el sentido que siendo imprescriptible la acción penal, en consecuencia también debe entenderse imprescriptible la acción civil destinada a perseguir la indemnización de perjuicios por los daños causados".

    http://www.diarioconstitucional.cl/...-a-pagar-indemnizacion-a-victima-de-torturas/

    Corte de Santiago condena a ex agentes de la DINA por el homicidio de Eulogio Fritz Monsalvez.



    En el aspecto civil, se confirmó la sentencia apelada, con declaración de que las indemnizaciones concedidas a la demandante Grisnery Sepúlveda Robles se eleva a la suma de $100.000.000; y la de los demandantes Ignacio Andrés y Pablo Arnoldo Fritz Sepúlveda, a la de $50.000.000 cada uno.
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    En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a tres exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el delito de homicidio de Eulogio del Carmen Fritz Monsalvez. Ilícito perpetrado el 21 de febrero de 1975, en la Región Metropolitana.

    Así, el Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, con declaración de que el agente Miguel Krasnoff Martchenko deberá purgar la pena de 10 años de presidio, en calidad de autor del delito consumado de homicidio simple. En tanto, confirmó las penas de 4 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, impuestas a José Fuentes Torres y Teresa Osorio Navarro, en calidad de cómplices.
    En la etapa de investigación de la causa, el ministro en visita Mario Carroza logró estableció los siguientes hechos:
    1°. Que Eulogio del Carmen Fritz Monsalvez, conocido como el Duro Pablo y también como Víctor Hugo, era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y contaba en esa fecha 21 de febrero de 1975, con 30 años de edad, manteniéndose desde el 11 de septiembre de 1973 en la clandestinidad, al ser intensamente buscado por los agentes de seguridad, sin ser esto obstáculo para el cumplimiento de las obligaciones que el movimiento le exigía y a las cuales se había comprometido;
    2°. Que, así las cosas, en esa oportunidad decidió salir de su domicilio transitorio en la Comuna de El Bosque y se dirigió al sector de Estación Central con el fin de reunirse con otro militante en calle Bascuñán. Sin embargo, agentes de la Agrupación Caupolicán de la DINA, particularmente del grupo Halcón, el que estaba encargado de la represión en ese entonces del MIR, advertidos de la situación, por información recabada bajo apremio de otro militante del mismo movimiento, concurrieron al lugar del encuentro acompañados de otros militantes, Claudio Alfredo Zaror Zaror y José Hernán Carrasco Vásquez, para verificar su identidad;
    3°. Que la víctima Eulogio Fritz Monsalvez se encontraba en el lugar del encuentro, cuando llegan los agentes y al advertir su presencia, resuelve huir y corre por la vía pública, por lo que es seguido por sus captores, entre ellos el agente Basclay Zapata Reyes, quien premunido de un arma de fuego de largo alcance le dispara una ráfaga por la espalda, impactándole una de las balas en su cuerpo y le ocasiona una herida tóraco-cardio-pulmonar con salida de proyectil, que es la que finalmente le causa la muerte por anemia aguda;
    4°. Que la citada acción de los agentes de seguridad, es presenciada por el detenido Zaror Zaror y por Carrasco Vásquez, y en ella participan además de Basclay Zapata, los agentes Teresa del Carmen Osorio Navarro y José Enrique Fuentes Torres, que eran sus acompañantes en el vehículo que conducía el autor del disparo;
    5°. Que dada la manera en que se desarrollaron los hechos y la planificación previa de su detención por los agentes del grupo operativo liderado por el aquel entonces oficial de Ejército Miguel Krassnoff Martchenko, se estima que la muerte de la víctima pudo haberse evitado, atendido los medios y el personal dispuesto para el operativo.

    http://www.diarioconstitucional.cl/...-por-el-homicidio-de-eulogio-fritz-monsalvez/

    Juzgado Civil de Santiago ordena al Fisco indemnizar a víctima de torturas en Punta Arenas.

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    El Segundo Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de $100.000.000 a Nelson Patricio Cárdenas Ortega, detenido en octubre de 1973, relegado a isla Dawson y condenado a 17 años de presidio en consejo de guerra, pena que en 1976 se le conmutó por la de extrañamiento.

    El Tribunal estableció que el demandante fue víctima durante el periodo que permaneció detenido de vejámenes, torturas y tratos degradantes, que constituyen crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles en el aspecto penal y civil.
    La sentencia sostiene que los vejámenes de los que fue víctima el demandante de autos han sido calificados como delitos de lesa humanidad, siendo, a su vez, expresas violaciones a los derechos humanos, según lo prevenido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada Pacto de San José de Costa Rica, suscrita por Chile en el año 1990, en virtud de la cual los Estados Americanos signatarios reconocen, entre otras garantías fundamentales, que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, sin que nadie pueda ser privado de ella arbitrariamente (artículo 4); que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, sin que nadie deba ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 5); que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, sin poder ser privado de aquella, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, ni tampoco ser objeto de detención o encarcelamiento arbitrarios (artículo 7); que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado (artículo 17); que existe una correlación entre deberes y derechos, por lo que toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad, estando limitados los derechos de cada persona por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática (artículo 32); que se le reconoce competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos por la Convención, disponga, si ello fuere procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada (artículo 63); que la parte del fallo que disponga una indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado (artículo 68 N° 2).
    La resolución agrega que asimismo, conviene consignar que de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas, vigente en Chile desde el año 1989, los Estados acuerdan que no podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto que el Pacto no les reconoce o los reconoce en menor grado (artículo 5 N° 2); teniendo toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, el derecho efectivo a obtener reparación (artículo 9 N° 5).
    A continuación, el fallo señala que de esta manera, la acción resarcitoria de los delitos de lesa humanidad es tan imprescriptible como lo es la investigación y sanción de dichos delitos, de modo que siendo uno de estos ilícitos el hecho generador del daño que se invoca, no resultan atingentes las normas del derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles resarcitorias comunes, ya que existe un estatuto normativo internacional que ha sido reconocido por nuestro país al efecto. Así las cosas, la excepción de prescripción extintiva opuesta por el demandado también habrá de ser desestimada.
    Luego, la resolución afirma que en cuanto a la procedencia de la indemnización de perjuicios por daño moral, entendido este como un detrimento que se causa por la vulneración a los sentimientos íntimos de una persona, como también el que surge producto del dolor físico o psíquico infligido antijurídicamente a un individuo, habrá de decirse que, en la especie y como ya se ha dicho, se ha acreditado suficientemente que la demandante fue víctima de prisión política y torturas (golpes y aplicación de electricidad, entre otros vejámenes) a manos de agentes del Estado, luego del quiebre institucional acaecido en Chile en septiembre de 1973, lo que es bastante para haber generado en aquel secuelas psicológicas y físicas como las descritas por los testigos que depusieron autos, y también por el informe que uno de ellos que reconoció, suponiendo todo ello un inconmensurable pesar y dolor tanto espiritual como físico experimentados por el actor, difícilmente superables por el mero transcurso del tiempo, y que son consecuenciales a un sistemático actuar despiadado llevado a cabo por agentes del Estado.
    Enseguida indica que el hito generador de los perjuicios cuya indemnización se persigue es inherente a todo cuanto fluye de los hechos dados por acreditados y no discutidos por el demandando, siendo el daño alegado igualmente inseparable de la naturaleza de los hechos, en cuanto resulta evidente que éste se produjo al verse el actor privado arbitrariamente de su libertad personal y luego sometido a diversas modalidades de tortura. De esta manera, los hechos en que incurrieron agentes del Estado de Chile produjeron el evidente daño moral padecido por el demandante, encontrándose aquel, en definitiva, obligado a indemnizarlo.
    Por último, concluye que en relación al quantum indemnizatorio, cabe tener presente que el demandado no ha acreditado en modo alguno que el actor haya sido beneficiario de algún bono de reparación pecuniaria por parte del Estado de Chile, razón por la cual se avaluará prudencialmente su daño moral en la suma de $ 100.000.000.



    http://www.diarioconstitucional.cl/...mnizar-a-victima-de-torturas-en-punta-arenas/

    Estado deberá pagar indemnización de $100 millones a víctima de torturas en Villa Grimaldi
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    El fallo responsabilizó al fisco por el actuar ilegal de agentes estatales en contra del demandante, quien fue víctima de crímenes de lesa humanidad.

    La mañana de este lunes, el Vigésimo Tercer Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar una millonaria indemnización de $100 millones a Gregorio César Navarrete Cid por los crímenes de lesa humanidad de los que fue víctima en Villa Grimaldi

    El fallo de la la magistrada Juana Álvarez Arenas estableció que el Fisco tiene responsabilidad por el actuar ilegal de agentes estatales en contra del demandante, quien fue capturado el 6 de enero de 1976.

    "Que teniendo claro que la presente acción civil deriva justamente de hechos tipificados como crímenes de lesa humanidad los cuales no prescriben, resultaría incoherente entender que nuestra acción en estudio sí está sujeta a normas de prescripción, siendo contrario ello a los principios del Derecho Internacional que establecen la obligación permanente del Estado de reparar a las víctimas de estos crímenes considerados de los más atroces, tal como se establece en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Resolución Aprobada 56/83 de la Asamblea General de Las Naciones Unidas, sobre Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, en especial su capítulo segundo; y teniendo presente especialmente que ambas acciones se sustentan en el mismo hecho ilícito", explica el fallo.

    Es por esto que se concluyó que el Estado "es responsable civilmente por los daños morales sufridos por el demandante ocasionados por los hechos antijurídicos y vulneratorios de derechos humanos cometidos en su contra, que le produjeron un daño psicológico severo, acaecidos los meses de enero y noviembre de 1976, debiendo el Fisco pagarle una indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual por daño moral ascendente a la suma de $100.000.000".

    Además, el Fisco debe pagar las costas de la causa, indica la resolución.

    https://www.24horas.cl/nacional/est...ictima-de-torturas-en-villa-grimaldi--3157107

    Corte de Santiago eleva monto de indemnización a víctimas de torturas en Concepción y Talcahuano.
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    El Tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el 22° Juzgado Civil de Santiago, pero elevó los montos indemnizatorios en consideración al tiempo que las víctimas estuvieron privadas de libertad y al daño que les causaron agentes de Estado.

    En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago fijó en $ 760.000.000 el monto total que deberá pagar el Fisco a 11 víctimas de torturas, vejaciones, tratos inhumanos y degradantes a que fueron sometidos por agentes del Estado en Concepción y Talcahuano, en diversos periodos entre 1973 y 1989.
    La sentencia sostiene que esta Corte tendrá presente para efectos de la regulación del monto de la indemnización que corresponde fijar, el tiempo de privación de libertad y el consiguiente daño sufrido por los demandantes que se individualizarán, con el objeto que la indemnización cumpla con su finalidad reparatoria.
    La resolución agrega que en similar situación se encuentra el demandante Guillermo Aliro Delgado Moreno, respecto de quien se tiene presente para elevar el monto reparatorio, la corta edad que tenía al momento de sufrir la detención y torturas por las que ha accionado.
    Añade que respecto de los demás demandantes se procederá igualmente a elevar el monto indemnizatorio, por estimar escaso el quantum que fue fijado por el tribunal de primer grado".
    Por tanto, concluye que se confirma la sentencia apelada de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, dictada por el Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Santiago, con declaración que se eleva a $80.000.000 la indemnización que deberá pagarse, más los reajustes e intereses establecidos en la sentencia en alzada, en favor de los siguientes demandantes: (1) Víctor Segundo Salas Rojas; (2) Yolanda del Carmen Concha Rojas; (3) Galo Fernando Acevedo Sáez; (4) Sigisfredo del Rosario Contreras Jara; (5) Gastón del Carmen Fierro Fierro; (6) Ismael Melo Vivero y (7) Guillermo Aliro Delgado Moreno; y que se eleva a $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) para cada uno de los siguientes demandantes: (8) María Candelaria Acevedo Sáez; (9) Susana de las Nieves Martínez Díaz; (10) Marco Antonio Romero Romero y (11) Óscar Raúl Llanquilef Cabrera.

    http://www.diarioconstitucional.cl/...timas-de-torturas-en-concepcion-y-talcahuano/

    Juzgado Civil de Santiago ordena indemnizar a hijo de detenido desaparecido de la Academia de Guerra Aérea.
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    El Quinto Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de $30.000.000 al hijo de José Luis Baeza Cruces, detenido el 9 de julio de 1974 y visto con vida por última vez en la Academia de Guerra Aérea –AGA–.

    El Tribunal acogió la acción reparatoria y ordenó al Fisco indemnizar al demandante, por su responsabilidad en la comisión de un crimen de lesa humanidad perpetrado por agentes del Estado.

    La sentencia sostiene que se debe tener presente que si bien la citada Convención no ha sido ratificada por el Estado de Chile, surge en la actualidad con categoría de norma de ius cogens, o principios generales del derecho penal internacional, cuya obligatoriedad en derecho interno se encuentra prescrita por la Constitución Política de la República (artículo 5, inciso segundo), de modo tal que el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y de los crímenes de guerra, así como el aseguramiento objetivo y expreso de los derechos humanos, resulta indiscutible e imperativo para los tribunales nacionales. A mayor abundamiento, siendo nuestro país un Estado Parte de la Organización de las Naciones Unidas, se encuentra obligado a cumplir de buena fe las resoluciones de la Asamblea General.
    La resolución agrega que cabe reiterar que la presente acción es de carácter reparatoria por derivar de la violación a los derechos humanos en crímenes de lesa humanidad, la que se rige por preceptos del derecho internacional que consagran la imprescriptibilidad, la que debe regir tanto en el ámbito penal como en el civil.
    A continuación, el fallo añade que de seguir la tesis de la demandada, esto es, aplicar a este caso la prescripción del derecho privado, implicaría permitir que el Estado evitara cumplir su deber y se negaran derechos fundamentales, como el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, por quien, como se señaló precedentemente, es el constitucionalmente obligado a resguardarlos, lo que lleva a rechazar la excepción de prescripción.
    Por tanto, concluye que se acoge parcialmente la demanda interpuesta con fecha 10 de marzo de 2017 y se condena al Fisco de Chile a pagar al demandante, a título de daño moral, la suma de $30.000.000, más los reajustes e intereses reseñados en los motivos 21° y 22° del presente fallo.
    http://www.diarioconstitucional.cl/...-desaparecido-de-la-academia-de-guerra-aerea/
     
    #25 pino3, 7 Mar 2019
    Última edición por un moderador: 16 Mar 2019
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    Patio 29: Juzgado Civil de Santiago condena al Fisco a pagar indemnización a hermana de detenido desaparecido.
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    El Tribunal acogió la demanda deducida, tras establecer que Largo Vera fue víctima de un delito de lesa humanidad perpetrado por agentes del Estado, crimen imprescriptible en el ámbito penal y civil.

    El Primer Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a pagar una indemnización de $30.000.000 a la hermana de Luis Alejandro Largo Vera, detenido en septiembre de 1973 y cuyos restos fueron identificados en 2017 como una de las víctimas inhumadas ilegalmente en el Patio 29 del Cementerio General.


    La sentencia sostiene que así estando probada la responsabilidad civil del Estado en la desaparición y posterior muerte de Luis Largo Vera, como se constató en el Informe Verdad y Reconciliación, en la Causa Rol N°4.449-22, que investigó el delito de inhumación ilegal en el patio 29 del Cementerio General y en la causa Rol 1207-2011, junto al reconocimiento efectuado en mayo del año 2017 por parte del Servicio Médico Legal en su ahora correcta identificación respecto a Luis Largo; sucesos donde intervienen agentes del Estado, se aplica lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de la República norma que obliga a los órganos del Estado a someter su acción a ella y las normas dictada conforme a ella, y el artículo 5° de nuestra Constitución, en cuanto a que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana; siendo deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
    La resolución agrega que dicha disposición constitucional, hace posible incorporar al derecho nacional las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionales, tales como la de indemnizar íntegramente los daños cometidos por violaciones de los derechos humanos; que, en consecuencia, adquiere rango constitucional.
    A continuación, el fallo señala que en este contexto encontramos también el principio 15 de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, adoptados por la Comisión de Derechos Humanos en su Resolución 2005/35 de 19 de abril de 2005, el cual señala que ‘Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario'.
    Añade que en síntesis, la obligación de reparación es una obligación que pesa sobre el Estado que ha violado los derechos humanos de sus ciudadanos, obligación que es parte del estatuto jurídico de Chile, conforme se viene señalando.
    Por tanto, concluye:
    1.- Que se rechaza la excepción de improcedencia de la indemnización opuesta por el demandado;
    2.- Que se rechazan las excepciones de prescripción opuestas;
    3.- Que se acoge la demanda de folio 1, condenándose al Fisco de Chile a pagar a ELIANA ISABEL LARGO VERA, la suma de $30.000.000, cantidad que se pagará reajustada en la proporción que varíe el I.P.C. entre la fecha de esta sentencia y el día del pago efectivo, más intereses corrientes para operaciones reajustables, devengados desde que el fallo se encuentre firme, hasta el pago efectivo.
    4.- Que se condena en costas al demandado.

    http://www.diarioconstitucional.cl/...mnizacion-a-hermana-de-detenido-desaparecido/
     
  7. pino3

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    Caso Quemados: Condenan a 11 militares (r) por quemar vivos a Carmen Quintana y Rodrigo Rojas

    5-6 minutes
    El ministro en visita Mario Carroza condenó a diez años de cárcel a tres militares en retiro, por el crimen de Rodrigo Rojas De Negri y el homicidio frustrado de Carmen Gloria Quintana, tras ser quemados vivos en una manifestación en plena dictadura de Augusto Pinochet, en lo que luego de conoció como “Caso Quemados”.

    Los 11 condenados habían sido acusados en septiembre de 2017 por el juez Carroza de “homicidio calificado” del fotógrafo Rodrigo Rojas De Negri y “homicidio calificado frustrado” de la universitaria Carmen Quintana, durante una protesta en 1986, en un caso que se transformó en uno de los más emblemáticos sobre violaciones a los derechos humanos cometidos durante el régimen militar.

    Casi 33 años después de los hechos, Carroza condenó a los exoficiales Julio Castañer, Iván Figueroa y Nelson Medina Gálvez “a 10 años y un día de presidio, en calidad de autores de los delitos”, indicó el fallo difundido por el Poder Judicial.

    También se condenó a la pena de tres años y un día a otros ocho exuniformados como cómplices: Luis Alberto Zúñiga González, Jorge Osvaldo Astorga Espinoza, Francisco Fernando Vásquez Vergara, Leonardo Antonio Riquelme Alarcón, Walter Ronny Lara Gutiérrez, Juan Ramón González Carrasco, Pedro Patricio Franco Rivas y a Sergio Hernández Ávila.

    En tanto, fueron absueltos el excomandante del Regimiento N°10 Los Libertadores, René Aníbal Muñoz Bruce; y Pedro Fernández Dittus, ambos procesados como encubridores.

    En el caso del capitán Fernández Dittus, se le terminó exculpando por considerar su causa como cosa juzgada, pues en 1993 fue condenado por el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte y actuar negligente por no prestar ayuda a las víctimas, hecho por el que fue sentenciado a 600 días de cárcel.

    En el aspecto civil, el Estado deberá indemnizar a la familia de Rodrigo Rojas y a Carmen Quintana con 450 millones de pesos.

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    Rodrigo Rojas de Negri | Gentileza Veronica de Negri
    Carroza determinó que los militares “rociaron los cuerpos de los dos con combustible y mediante el empleo de un elemento adicional, se les prende fuego, a consecuencia de esa acción se incendian sus ropas y resultan ambos con sus cuerpos quemados en una importante proporción”, según el fallo.

    Rodrigo Rojas falleció cuatro días después, mientras que Quintana, que actualmente es profesora universitaria, sobrevivió al ataque con quemaduras en más del 60% del cuerpo.

    El caso provocó especial atención en Estados Unidos, ya que Rojas vivía en ese país y se encontraba de vacaciones en Chile cuando fue asesinado.

    Hace cuatro años, Washington desclasificó documentos sobre la dictadura chilena en el que se aseguraba que Pinochet encubrió el asesinato del fotógrafo.

    La dictadura de Pinochet dejó más de 3.200 víctimas, entre muertos y desaparecidos, según datos oficiales.

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    Rodrigo Sáenz | Agencia UNO
    Familiares criticaron las penas
    Tras conocerse la condena, Carmen Gloria Quintana aseguró que “por fin se establece la verdad de los hechos”.

    Eso sí, criticó la demora. “32 años después es demasiado tiempo, pues nada podrá reparar el daño que debió afrontar mi familia y yo”, dijo.

    En esa línea, los abogados querellantes y la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos calificaron la pena como insuficiente, considerando la responsabilidad institucional del Ejército y el calibre de los hechos.

    El abogado querellante del caso, Héctor Salazar, aseguró que es necesario determinar la responsabilidad institucional del Ejército en el encubrimiento de los hechos.

    “Más allá de las responsabilidades personales directas de los involucrados en los hechos, hay una responsabilidad institucional del Ejército de Chile muy importante involucrada en este caso”, señaló.

    “La función de la justicia militar en este caso no fue buscar la verdad, sino encubrir los hechos para librar a su personal de las imputaciones de su actuar brutal”, añadió.

    Por su parte, Cristián Cruz, que representa al hermano de la víctima, Pablo Oyarzo de Negri, calificó la sentencia como insuficiente -considerando la brutalidad del crimen-, y aseguró que estudiarán la causa junto a los familiares para determinar eventuales apelaciones.

    “Ya conseguir una pena de cárcel efectiva es reconocible, pero quemar vivas a dos personas… Si además estos sujetos se han beneficiado de esta impunidad y de diferentes económicos del Ejército, creemos que la penalidad en principio debiese ser más alta”, apuntó.

    La presidenta de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, advirtió que los fallos del Poder Judicial no han sido en función de la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos.

    “Cuando una persona la queman viva, la trasladan y la botan con basura y agoniza, no amerita las condenas que les dieron a estos criminales”, cuestionó.

    “No puede ser que el poder judicial siga dando condenas que no respeten la normativa internacional”, sentenció la dirigenta.


    https://www.biobiochile.cl/noticias...vivos-a-carmen-quintana-y-rodrigo-rojas.shtml
     
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    Corte de Santiago confirma fallo que ordenó al Fisco indemnizar a víctima de torturas en regimientos y estadio nacional.
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    En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó al Fisco a pagar $50.000.000 a Héctor Enrique Olegario Valeria Labraña, detenido el 21 de septiembre de 1973 y sometido a tormentos en el Regimiento de Talagante, Regimiento Tacna y en el Estadio Nacional.

    El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 17° Juzgado Civil de Santiago, que estableció que Valeria Labraña fue víctima de un crimen de lesa humanidad, imprescriptible en el ámbito penal y civil.




    La sentencia de primera instancia sostiene que son hechos establecidos en la causa, al no haber sido controvertidos por las partes y por encontrarse además acreditados con el mérito de la instrumental producida por la demandante, de conformidad a lo prescrito por los artículos 1700, 1702 y 1706 del Código Civil, que en el contexto del pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, don Héctor Enrique Olegario Valeria Labraña -de 21 años de edad- fue detenido el 21 de ese mismo mes por un grupo de militares, en su hogar ubicado en la comuna de Talagante, en razón de ser militante del ex partido Socialista, desempeñándose como guardián del lugar en que se mantenían ocultas las armas que dicha entidad poseía; luego, de ser aprehendido, fue conducido al Regimiento de Talagante, siendo torturado durante aproximadamente un mes, para luego ser trasladado al Regimiento Tacna donde también fue torturado en múltiples oportunidades, siendo llevado finalmente al Estadio Nacional, donde continuaron las torturas. Para octubre del año 1973 fue trasladado a la Penitenciaria de Santiago, hasta abril del año 1974 momento en que fue dejado en libertad bajo fianza.
    La resolución confirmada agrega que en relación al primer supuesto, esto es, la existencia de un hecho antijurídico, conforme a la naturaleza de la materia y hechos sobre los que versa la litis, cabe consignar que del mérito de las probanzas reseñadas en los motivos anteriores, ha quedado acreditado en autos, que efectivamente el actor fue detenido sin causa jurídica y de forma ilegal por agentes del Estado, siendo torturado en varias ocasiones por estos, según da cuenta el informe psicológico acompañado a la carpeta electrónica; y que le fue prohibido por el gobierno de la época su ingreso al país, y que se le rechazó su petición de dejarla sin efecto, todo lo cual está debidamente acreditado por la documental allegada.
    Añade que las conductas descritas dan cuenta de la comisión de actos ilegales y arbitrarios, que afectan lo más esencial de los seres humanos, como la vida, la libertad y dignidad y que por su extensión y alcance trascienden al propio individuo, afectando a la humanidad toda, y por tanto se encuadran en el concepto de delito de lesa humanidad, al igual que la afectación de su derecho de residencia y tránsito por el territorio nacional, como dictaminó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
    Por tanto, concluye que se acoge la demanda de fecha 17 de abril de 2018, en cuanto se declara que el demandado es responsable civilmente por los hechos de que fue víctima don Héctor Enrique Olegario Valeria Labraña acaecidos en los años 1973 y 1974, debiendo el Fisco pagar la suma de $50.000.000 por concepto de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual por daño moral.

    http://www.diarioconstitucional.cl/...e-torturas-en-regimientos-y-estadio-nacional/